«No solo no me llevé ningún dinero de la asociación, sino que he perdido 100.000 euros»
La tesorera de una entidad social de Donostia se expone a casi 3 años de cárcel por no pagar las cuotas de un préstamo de 65.000 euros saldado por ella y otros tres avalistas
La tesorera de una asociación de iniciativa social de Donostia se enfrenta a una solicitud de condena de dos años y ocho meses de prisión ... por un presunto delito de apropiación indebida como consecuencia de un préstamo de 65.000 euros que la agrupación no saldó con la entidad financiera, lo que obligó a los cuatro avalistas –incluida ella misma– a hacerse cargo del mismo con sus correspondientes intereses. En el juicio celebrado ayer en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, la acusada, que colaboraba de voluntaria, aseguró que «no solo no me he llevado ningún dinero de la asociación, sino que entre una cosa y otra he perdido 100.000 euros».
Considera que la tesorera ocultó a los avalistas la delicada situación económica de la asociación.
La Fiscalía de Gipuzkoa la acusa de apropiación indebida al entender que solicitó en 2013 un préstamo en un momento en el que la asociación se encontraba «en situación de quiebra», aspecto este del que no habría informado a las otras tres personas que firmaron junto a ella como avalistas de un crédito de 65.000 euros, que con la comisión bancaria, la amortización y los intereses ascendía a un total de 84.204,58 euros. Ante el impago de las cuotas, la entidad prestamista ejecutó el aval, de manera que dos de los avalistas, que son matrimonio, debieron hacer frente a más de 41.600 euros. Un tercero tenía que responder por algo más de 19.500 euros, pero tras su fallecimiento se hicieron responsables sus herederos, aunque el seguro de vida de su familiar asumió la deuda.
En su acusación, la fiscal apunta que si bien al cierre de 2011 el balance de gastos e ingresos de la asociación estaba a cero, 12 meses después el saldo era negativo: -68.000 euros. Y en este contexto, en mayo de 2013 la encausada pidió un préstamo a nombre de la asociación cuyas cuotas dejó «enseguida» de pagar. La fiscal sugiere que utilizó ese dinero para algún fin, ya fuera beneficio propio o desviar fondos para un proyecto de su hermano en África.
Dice que la acusada erró sin mala fe al priorizar el pago de las nóminas sobre las cuotas del préstamo.
La procesada defendió que la asociación –que desde el siglo pasado fue aumentando sus programas socio-educativos con menores en situación de riesgo de exclusión social en Donostia, lo que llevó a contratar a cinco trabajadores en nómina– se financiaba a través de subvenciones, sobre todo del Gobierno Vasco. Pero muchas ayudas llegaban a final de un ejercicio, lo que les obligaba a funcionar durante unos periodos con «descubiertos» acordados con las entidades financieras, que saldaban al recibir la subvención. Pero en 2013, según dijo, los cinco empleados crearon una asociación paralela para hacerse con la actividad de la entidad para la que trabajaban, y descuidaron los trámites para solicitar subvenciones, por lo que la asociación se quedó sin ellas. De ahí derivó un problema de liquidez que llevó a la tesorera a pagar a trabajadores y proveedores, en una decisión adoptada «en la junta directiva, pensando que luego seríamos capaces de darle la vuelta para salvar la asociación. Hicimos las cosas muy mal, pero soy la mayor perjudicada: entre préstamo y descubiertos he perdido 100.000 euros».
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