Los servicios sociales de Gipuzkoa suman 1,2 millones de euros por impagos desde el Covid

El último año, los impagos en los servicios sociales del territorio llegaron hasta los 360.173 euros, casi 100.000 más que el anterior (2023), cuando la deuda fue de 269.485 euros. Precisamente, estos dos últimos ejercicios han sido los más complicados respecto a la gestión de los pagos de los diferentes servicios de ayuda por parte de los usuarios, según se desprende de las estadísticas. No solo registraron la deuda más alta, el número de expedientes es también el más elevado –47 en 2023 y 45 en 2024–. Así, desde 2022 los impagos no han hecho más que crecer, después de reducirse tras la pandemia.

Si en 2020, año en el que estalló la crisis sanitaria, los usuarios de los servicios sociales de Gipuzkoa debían 242.827 euros a la Diputación, en 2021 bajaron a 217.915 y en 2022 a 151.482. Parecía que el Covid, además de tener grandes efectos en la salud de muchas personas, sobre todo mayores de residencias, había dejado dañada también la economía de muchas personas que hacían uso de estos recursos y que con la estabilización del virus se había empezado a recuperar. Así se podía explicar el descenso de impagos. Sin embargo, la realidad es que en los últimos dos años las deudas se han doblado, así como el número de personas que debe dinero a la institución foral.

Los usuarios, normalmente, se hacen cargo del 33% del importe total de la plaza o servicio que utilizan. La Diputación es quien establece las tarifas que se deben abonar a las entidades, como las residencias de mayores, cada día. De este modo, es la propia institución foral la que regula la aportación de cada usuario, que el centro cobra directamente, y la Diputación paga la diferencia. De media, quienes utilizan algún recurso foral se hacen cargo del 33% del coste.

El problema radica en los usuarios que no pueden hacer frente a la cantidad que tienen que pagar, que se calcula con una fórmula específica en la que se tiene en cuenta la capacidad económica de este, la renta y el patrimonio de la unidad convivencial, entre otras cosas.

En este contexto, las personas deudoras se dividen en dos grupos. Por un lado, están aquellas que al disponer de los recursos suficientes deben abonar la aportación máxima, después de que se les haya valorado un patrimonio suficiente para cubrir el importe. En estos casos, hay ocasiones «en las que no abonan las facturas por no disponer de ingresos periódicos suficientes por la dificultad de hacer líquidos los bienes inmuebles», explican desde el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales. En esta situación existe la posibilidad de solicitar aplazamientos parciales de pago. Por otro lado, hay otro grupo que no dispone de patrimonio y al que se le asigna una aportación basada en su renta. Sin embargo, no abonan la cantidad establecida «normalmente por la mala gestión de los ingresos mensuales».

¿Y qué hace la Diputación en estos casos? Existe un procedimiento muy claro a seguir cuando una persona usuaria de un servicio social de Gipuzkoa no paga la aportación económica que le corresponde. En primer lugar se lleva a cabo una reclamación inicial. Es la entidad gestora quien reclama al usuario o a su familiar de referencia el pago de las cantidades pendientes, primero verbalmente y después por escrito, al menos dos veces con acuse de recibo. Si aun y todo no se abona la deuda, se estudian medidas cautelares. Siempre que haya un familiar de referencia se propone a la familia adoptar medidas preventivas. No obstante, cuando no hay familiares, el centro propone medidas cautelares urgentes o la incapacitación judicial, explican desde el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales.

Con la confianza en que la situación se resuelva, se da un margen de seis meses. Pero si pasado medio año desde la primera notificación la deuda persiste, la entidad gestora remite la documentación al área que dirige Maite Peña para que esta asuma la deuda. Finalmente, los trabajadores de este departamento analizan la deuda para decidir los pasos a seguir.