Seis nuevas localidades de Gipuzkoa piden ser zonas tensionadas para limitar el precio de los alquileres

La normativa, de incierto futuro pues ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por los gobiernos autonómicos de Euskadi, Madrid, Andalucía y Baleares, además de por el Partido Popular y el Parlament de Cataluña (gracias a los votos de ERC, Junts y CUP), permite regular y topar los precios de los alquileres en aquellas zonas, barrios o localidades en los que el coste de los arrendamientos inmobiliarios suponga un serio problema para los ciudadanos. En el caso vasco, el PNV se ha mostrado en contra de la ley por lo que entiende tiene de invasión de competencias autonómicas. Lo mismo opinan los nacionalistas catalanes.

La ley establece que, en el caso de los pequeños propietarios, estos no podrán cobrar a un nuevo inquilino más de lo que le cobraban al anterior. Para los grandes tenedores se aplicará un índice de contención de precios que todavía está por definir.

Para que una localidad o área sea declarada tensionada, se tiene que cumplir al menos uno de los siguientes requisitos. Por un lado, que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. Por otro, que el precio de compra o del alquiler haya aumentado en los últimos cinco años tres puntos por encima del IPC de la comunidad autónoma. Cumplir alguno de estos supuestos no significa que la zona se convierta automáticamente en tensionada. Esta decisión depende primero de cada municipio, que debe reclamarlo a su gobierno autonómico, y en última instancia de este, que es el encargado de aprobarlo o denegarlo.

Lo que han hecho los municipios señalados ha sido adherirse a una iniciativa de la plataforma Stop Desahucios, que este lunes se ha felicitado de la aprobación de estas mociones gracias a los votos a favor de PSE, EH-Bildu y Elkarrekin Podemos, y la abstención de PNV y PP (allí donde tiene representación). La plataforma ha anunciado que en octubre está previsto que se debata y vote esta moción en Arrasate, Tolosa y Beasain.

Fuera de Gipuzkoa, en Bizkaia se ha aprobado la moción en septiembre en Bilbao, Portugalete, Barakaldo y Getxo. Y está previsto que se vote en octubre en Basauri y Santurtzi, así como en Vitoria.

Stop Desahucios subraya que los concejales del PNV están votando a favor del texto en Bizkaia, mientras que en Gipuzkoa se están absteniendo.

La organización remarca que, a pesar de los recursos presentados, la ley está «operativa» en Euskadi, ante lo que urge al Depatamento de Vivienda del Gobierno Vasco a «agilizar los procedimientos establecidos para que la limitación de los abusivos precios del alquiler en la Comunidad Autónoma Vasca sea una realidad, así como la prórroga de tres años de los contratos de alquiler que vayan finalizando en las zonas tensionadas».

La plataforma recuerda que el Real Decreto Ley 5/2023 de 28 de junio sobre la suspensión temporal de desahucios por impago del alquiler de personas vulnerables finaliza este 31 de diciembre y apunta que, «de no prorrogarse de nuevo, más de 200.000 familias podrían ser desahuciadas». A esto añade la «impagable subida del euríbor, que encarece tanto las cuotas hipotecarias» y las «carencias de cinco años que regula el Código de Buenas Prácticas Bancarias y que muchas familias no pueden pagar y están en riesgo de recibir demandas de bancos y fondos buitres para subastar sus viviendas y después desahuciarles».