Los expertos ponen en duda el encaje legal de prohibir reuniones en los domicilios
La prohibición no figura en el BOPV, aunque ha sido incluida en la lista de limitaciones a primeras hora de esta mañana por el Departamento de Seguridad
La decisión del Gobierno Vasco de prohibir durante la fase 1 de la desescalada las reuniones familiares en los domicilios tiene escaso encaje legal, según los expertos consultados por este periódico. La prohibición no figura en el decreto que hizo público el Ejecutivo a última hora del domingo, aunque ha sido incluida en la lista de limitaciones a primeras hora de esta mañana por el Departamento de Seguridad, que sostiene que no cabe el contacto social en grupos reducidos en domicilios.
Javier Tajadura, Profesor de Derecho Constitucional en la UPV-EHU, recuerda que esta prohibición figuraba en el pimer decreto de estado de alarma que aprobó el Gobierno central el pasado 13 de marzo, pero la situación ha cambiado y el actual decreto sí permite reuniones de hasta diez personas en domicilios particulares. «En la medida en que la libertad de circulación quedó limitada el 13 de marzo, la prohibición del Gobierno Vasco si tenía encaje, pero ahora no puede hacerlo», asegura.
Javier Tajadura recuerda que «las limitaciones solo las puede hacer el Gobierno central por la vía del decreto de estado de alarma». Desde este punto de partida, los gobiernos autonómicos «no tienen cobertura constitucional», para prohibir la reunión de personas en los domicilios.
El abogado donostiarra Eduardo Bolea, sostiene que si en el decreto donde se establecen en Euskadi las limitaciones hasta el próximo día 24 «no se dice nada» sobre las reuniones en las viviendas, «poco encaje legal puede tener». No obstante, considera que «si el Gobierno Vasco limita por decreto el derecho de reunión en domicilios sí tiene facultades para eso, pero lo tiene que notificar y publicar en el boletín oficial».
