La mayoría de trabajadoras de residencias de la patronal Garen firman el convenio

La mayoría de trabajadoras de residencias de Gipuzkoa de la patronal Garen se han adherido al convenio suscrito el pasado 29 de julio entre las patronales Garen, Lares y Adegi, y UGT como único sindicato. El 95% de las cerca de 3.000 trabajadoras de las 45 residencias agrupadas en Garen (patronal minoritaria) se han sumado individualmente al acuerdo. A falta de los datos de los doce centros de Lares y los quince de Adegi, patronales que han optado por no facilitar información hasta que concluya el proceso de adhesión, la elevada aceptación en el ámbito de Garen permite afirmar que el convenio ha sido aceptado por la mayor parte de las trabajadoras. «La adhesión ha sido masiva. Han firmado hasta delegadas de ELA», destacan fuentes de Garen.

El convenio, que puso fin a cinco años de conflicto y 258 días de huelga intermitente, es rechazado por el resto de organizaciones sindicales. Entre ellas ELA, la mayoritaria en el sector. Al estar firmado en minoría, es de eficacia limitada, lo que implica que requiere de la adhesión individual de cada trabajadora para que le sean aplicables las nuevas condiciones. Para ello se abrió un plazo que concluirá el próximo día 30 para que cada trabajadora muestre ante su empresa su voluntad de sumarse al convenio.

Una situación que recuerda a la vivida en 2019, cuando también UGT firmó un pacto parcial de subida de salarios que suscribió posteriormente la mayoría del personal de las residencias.

El acuerdo, que no fue refrendado por Matia, contempla un incremento salarial de un 13,5% en los próximos tres años. El aumento será del 6,5% este año, del 4% en 2023 y del 3% en 2024. Además, contiene una cláusula de revisión salarial en enero de 2025. En caso de que los IPC sean mayores dentro de tres años, las tablas se actualizarán. Junto al incremento salarial se acuerda la paulatina adaptación del tiempo de descanso a su consideración como tiempo de trabajo, y se eleva la retribución por antigüedad.

La decisión de UGT de firmar el convenio aun estando en minoría provocó un fuerte malestar en ELA, que lanzó duras acusaciones contra la central. El sindicato calificó el convenio de «infamia» y señaló que se trataba de un «cierre en falso que solo va a conseguir aumentar la brecha salarial del sector».

De hecho, ELA anunció su intención de impugnar el convenio ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por considerarlo «discriminatorio y antisindical», a la vez que pidió suspender su aplicación como medida cautelar. Esta petición ha sido rechazada por el alto tribunal vasco.

El colectivo de trabajadoras de residencias en Gipuzkoa está formado por unas 5.000 personas, de las que el 90% son mujeres. El 80% de las plazas de residencias están concertadas con la Diputación, es decir, la gestión es privada pero reciben fondos públicos para su funcionamiento. Las primeras protestas empezaron en 2018, si bien la negociación para renovar el convenio empezó en 2017 y quedó en 'modo de espera' al menos desde antes de que estallara la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19.

La situación quedó desbloqueada en el mes de abril, cuando sindicatos y patronales protagonizaron un primer acercamiento después de un lustro de desencuentros. Una etapa que concluyó con la firma del convenio el 29 de julio.