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G. L.
SAN SEBASTIÁN.
Sábado, 21 de julio 2018, 08:13
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La Diputación ha decidido resolver el asunto del peaje de la N-1 esta legislatura a través de una nueva norma foral, pero no se retirará del procedimiento judicial abierto al considerar que el Sistema AT anulado no es discriminatorio y, por tanto, cumple la legislación europea. Así, al margen de abrir la vía de una nueva norma foral, ultima la preparación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo después de que el TSJPV haya admitido el escrito de anuncio de interposición de recurso.
El Gobierno foral espera que los plazos de la nueva tramitación vayan más rápidos que los de la judicialización. Ayer mismo sacó a exposición pública la norma foral y contempla que el proyecto se pueda aprobar en consejo de Gobierno antes de final de año. Para entonces puede recibir dos contratiempos. El primero, que los transportistas soliciten medidas cautelares y los tribunales se las admitan. De momento no lo han hecho y el Comité Nacional de Transporte por Carretera anunció en su día que lo estudiaría en caso de que el Supremo admita a trámite el recurso de la Diputación. El segundo es, precisamente, que el tribunal ni siquiera admita a trámite dicho recurso. En ambos casos, la consecuencia sería que la sentencia de la discordia, la del TSJPV, se convertiría en firme, es decir, la Diputación se vería obligada a dejar de cobrar a los camiones.
Según los cálculos de la institución foral, ninguno de los dos supuestos se produciría antes de octubre o noviembre. En el peor de los casos, la interrupción del cobro se alargaría, como máximo, durante un par de meses antes de que a inicios de 2019 pudiera entrar en vigor la nueva norma foral.
Para esas alturas, los objetivos recaudatorios del canon de la N-1 para 2018 estarían cubiertos. De hecho, los tres arcos del sistema AT ingresaron entre el 9 de enero y el 30 de abril 4.069.746 euros, casi la mitad de lo previsto para todo el año (8,7 millones) en menos de cuatro meses. El ritmo recaudatorio del canon supera el millón por mes en el primer cuatrimestre, que además ha abarcado el periodo festivo de Semana Santa.
Lo que fuentes forales consultadas aseguran es que con los nuevos tramos y la nueva tarificación de la futura norma foral, las cantidades que se pretenden ingresar serán similares a las contempladas en la norma anulada. La semana que viene la Diputación entregará a la Comisión Europea el informe de costes de la infraestructura. La institución europea deberá refrendar este análisis, como ya hizo con el actual sistema. El Gobierno foral depositó gran parte de su confianza en su proyecto precisamente en ese informe favorable, aunque el juez matizó que ese dictamen europeo se refería únicamente a costes sin pronunciarse sobre otros conceptos como la discriminación. Tras dos reuniones entre la Diputación y la Comisión Europea en los últimos tres meses, donde las autoridades europeas habrían confirmado a las guipuzcoanas que no hubieran emitido su dictamen favorable si hubieran apreciado discriminación, la esperanza de los gestores forales es que el próximo informe europeo recoja una mención expresa a la ausencia de tratos favorables aunque su cometido sea ceñirse a una cuestión de cálculo de costes.
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