«Nos han dado la razón; las autonomías no pueden limitar derechos fundamentales»

El auto en el que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazó el jueves las pretensiones del Gobierno Vasco de limitar las reuniones de más de seis personas en espacios públicos o privados ha provocado una reacción en cadena que parece abocada, si no se detiene, a la declaración del estado de alarma en toda España. Luis Ángel Garrido, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV y ponente del auto judicial, sostiene que los hechos han dado la razón a quienes, como él, defienden la necesidad de crear «una ley clara para regular estas situaciones que están viniendo ahora y establecer qué competencias tiene cada administración».

- ¿Están satisfechos en el TSJPV?

- Nosotros no estamos para estar satisfechos o no, lo único que hacemos es intentar estudiar los asuntos lo mejor que podemos y llegar a conclusiones que creemos que son correctas. Pero sí es cierto que parece que nos dan un poquito la razón a la minoría de tribunales que teníamos la línea de que con la normativa actual las comunidades autónomas no podían limitar derechos fundamentales. Al final parece que va ganando forma la necesidad de que, o se elabora una ley especial para ello o, mientras tanto, si quieres limitar derechos fundamentales tienes que ir al estado de alarma.

- Si se aprueba el estado de alarma, ¿qué escenario se abre?

- Podría ser interesante algo que se ha ido oyendo, que es crear una carta de posibilidad de limitación de derechos muy amplia, porque en la declaración del estado de alarma tiene que tenerse claro qué es lo que se puede limitar. No sé, se podría hacer confinamientos perimetrales, toque de queda... dos o tres cosas claras que las comunidades autónomas puedan gestionar. Si el Estado quiere, cedería la gestión a las comunidades y no habría mayor problema. Por ejemplo, como casi todo el mundo está de acuerdo con el toque de queda, podría ser un toque de queda gestionado por las autonomías.

- El jueves, poco después de que se hiciera público el auto, el lehendakari Urkullu dijo que el TSJPV había cerrado la puerta a cualquier medida que no pase por el estado de alarma. ¿Hay otras puertas?

- A día de hoy difícilmente puedes encontrar otro mecanismo constitucional que te lo permita. En todos estos meses de pandemia no se ha elaborado una ley al respecto y tampoco parece que se vaya a elaborar en breve. Si hubiera una ley que recogiese este tipo de cuestiones habría una certeza jurídica. Todo el mundo sabría lo que puede hacer y lo que no, los gobiernos autonómicas podrían saber qué medidas adoptar y cuáles no y todo el mundo tendría una mayor seguridad jurídica. No tenemos esa norma y al no tenerla hay que ir a un estado de alarma.

- El lehendakari también insistió un día después en que el TSJPV había dejado al Gobierno Vasco sin competencias suficientes para adoptar medidas.

- Si nosotros hubiéramos dicho que con la legislación actual era posible limitar derechos fundamentales no habría sido necesario el estado de alarma, pero es verdad que cada vez se va dando un paso más.

- ¿Qué quiere decir?

- Supongamos que los tribunales hubiéramos ido aprobando medidas, que dijéramos que sí, que están en la legislación sanitaria. Cuando las restricciones sean cada vez más fuertes, habrá un momento en el que se diga que tanta limitación de derechos por la vía de esta ley es difícil de mantener. Lo que hemos hecho nosotros, lo de limitar las reuniones a seis personas, podría ser una cosa menor, pero desde el punto de vista del derecho fundamental lo mismo da eso que un confinamiento perimetral o que el confinamiento duro de marzo y abril. Según fuera subiendo la gradación de las restricciones, seguro que llegaría un momento en el que incluso los tribunales que las han aprobado dirían que incluso con esa ley son excesivas. Nosotros lo hemos hecho desde el principio. No sé si bien o mal, pero desde el principio.

- ¿Han tenido que volver a aprender leyes olvidadas?

- Más que aprender, analizar. La ley orgánica de 1986, que es de medidas especiales en materia de salud pública, solo tiene tres artículos. Yo creo que estaba pensada para otras cosas, como para poder controlar a alguien que viniera a España con tifus o cólera, pero no para una gran pandemia, evidentemente. La verdad es que no se había analizado nunca porque apenas se había utilizado. La última vez que se hizo, pero muy poco, fue cuando la crisis del ébola y siempre con las personas afectadas, no se dijo que había que cerrar toda la zona de Madrid donde está el hospital en el que llevaron a los enfermos.

- ¿Los jueces se hallan en terreno desconocido?

- Más que desconocido, estamos con una falta de regulación. Si hubiera una ley clara para regular estas situaciones que están viniendo ahora y estableciese qué competencias tiene cada administración y les dijese cuáles son las medidas que cada uno de los niveles administrativos puede adoptar, habría certeza de Derecho. Todo el mundo tendría las cartas sobre la mesa y la seguridad jurídica sería muy alta. No tenemos esa ley, pues se acude a lo que se puede.

- ¿Qué habría que regular?

- Básicamente qué medidas limitativas de derechos fundamentales se pueden adoptar y con qué requisitos. Se podría hacer un catálogo de los derechos fundamentales que son más fácilmente afectados, que siempre van a ser los de reunión y circulación, de manera se pueda abrir a las administraciones autonómicas la posibilidad de limitarlos sin estado de alarma. La idea es clara: cuándo se pueden limitar derechos fundamentales, con qué requisitos y por qué administraciones.

- Llevamos meses de pandemia y no se hace. ¿Por qué?

- No sé. Quizá es que sea difícil encontrar mayorías parlamentarias para ello, o que no se ha puesto el acento en los problemas jurídicos que generan algunas de estas medidas y no se ha visto muy necesario, pero al final la realidad es clara. Cada vez que se ha intentado buscar atajos jurídicos para hacer cosas aunque sean muy necesarias ha habido problemas. Le voy a poner un ejemplo. Cuando en la lucha contra el terrorismo se ha intentado en algún momento poner un atajo jurídico, tarde o temprano un tribunal te acaba diciendo que no se puede hacer esto. Cuando te has querido salir de la normativa, tarde o temprano acabas teniendo un problema. Quizás sea mejor hacerlo bien desde el principio y no tener luego un problema.

- ¿Las divergencias entre tribunales al decidir sobre las mismas cuestiones están ofreciendo una mala imagen de la Justicia?

- Si solo ves que aquí un tribunal ha autorizado algo y allí no, pues sí que quedamos mal. Pero si se piensa un poco, el hecho de que un órgano independiente como es un tribunal de Justicia pueda controlar la acción política es positivo a la larga para el ciudadano porque al menos el poder político no está libre de hacer lo que quiera sin ninguna clase de control.

- ¿Pero no da mala imagen que los tribunales aprueben una cosa en Navarra y la contraria en el País Vasco?

- Las decisiones contradictorias siempre hacen daño a la imagen de la administración de Justicia, lo que pasa es que los tribunales somos independientes, no estamos sometidos a ningún criterio jerárquico. Ocurre que, como ahora todo va muy deprisa, los mecanismos que hay de unificación, que se hallan fundamentalmente en el Tribunal Supremo, no están previstos para ir muy rápido. Por mucho que se quisiera correr por parte del Supremo tramitando una casación, difícilmente puede bajar de cuatro o cinco meses y en esta pandemia ese plazo de tiempo es muchísimo.

- ¿Durante estos meses se han tomado en España medidas contra la pandemia que no tenían cobertura legal?

- Sí ha habido alguna cosa, pero más en los municipios. Yo no voy a citar a ninguno, pero ha habido algunos municipios que han hecho cosas muy raras.

- ¿Qué tipo de cosas?

- Ha habido alcaldes que han cerrado municipios, algo que no pueden porque es necesario un estado de alarma para impedir la movilidad. En algunos ayuntamientos ha habido cosas que eran difícilmente aceptables jurídicamente. La mayoría de ellos ha funcionado bien, pero en algunos otros pueblos se han hecho cosas verdaderamente sorprendentes. También es cierto que nadie las ha recurrido, porque si lo hubieran hecho los tribunales habríamos dicho algo en poco tiempo.

- ¿Están en un lado de la balanza los derechos fundamentales y en el otro la salud pública?

- No necesariamente, pero lo que sí hay que buscar son mecanismos que sean legales. Si no existiera ninguno se podría decir que estamos inermes, pero aquí ha habido un mecanismo que se ha admitido en casi todo el mundo, como es el estado de alarma, que posibilitó durante dos meses y medio tener encerrada a la población del país. Este mecanismo está para hacer cosas muy potentes, pero tiene controles y el control parlamentario. Ese es el juego democrático.

Luis Ángel Garrido es consciente de que algunas de las medidas que adoptan los tribunales pueden retrasar la lucha contra el virus. «Es algo que no nos gusta», dice.

- ¿La Justicia va a salir reforzada o tocada tras la pandemia?

- De momento, más que reforzada vamos a peor porque hubo que parar tres meses, se han acumulado casos y en algunas jurisdicciones el número de casos que llegan ahora es enorme, sobre todo en lo Social, y en Mercantil habrá una avalancha cuando a primeros de año las empresas que no sean viables tengan que pedir concurso de acreedores. Va a haber que ponerse al día y de hecho ya se está haciendo, pero costará un poco.

- ¿El virus está yendo más rápido que los tribunales?

- De momento parece que va corriendo más que los tribunales, la clase política y cualquiera. Alguna vez se pone el ejemplo de que esta crisis se ha llevado mucho mejor en China, pero es que es una dictadura. Los estados democráticos somos otra cosa. Aquí los ciudadanos tienen sus derechos, los pueden hacer valer, los tribunales miramos las constituciones y la normativa, y realmente es más difícil tomar medidas drásticas. Quizá un sistema dictatorial va mejor contra el virus, pero no creo que nadie quiera cambiar nuestro sistema de libertades por una situación sanitaria que tarde o temprano va a finalizar.

- ¿Son ustedes conscientes de que sus decisiones ante la pandemia pueden ser contrarias a la salud pública?

- Contrarias, contrarias... Lo que pueden es dificultar que se pongan en marcha determinadas medidas, no le voy a decir que no. Puede ocurrir que alguna sea más dificultosa de implantar, pero debemos entender que por un fin loable, que es en este caso ir más rápido en la lucha contra el virus, no se pueden vulnerar derechos fundamentales. Si por algún motivo aunque sea muy loable no se mantiene un derecho, al final se acaba perdiendo. Que esto pueda retrasar la lucha contra el virus es algo que no nos gusta, pero también es cierto que siempre caben otras medidas, como el estado de alarma.