El RACVN y Liberum recurren ante el TSJPV la Zona de Bajas Emisiones de Donostia

Los recurrentes han pedido los informes en los que el Ayuntamiento se ha basado para elaborar su ordenanza y, una vez que los reciban, procederán a la redacción de los pertinentes recursos ante el Contencioso-Administrativo. En cualquier caso, esa documentación no va a impedir la presentación del recurso, tal y como explica el gerente del RACVN, Eduardo Martínez. «Lo que puede cambiar es cómo armar la parte técnica, una vez comprobado qué aparatos tecnológicos se utilizan para hacer las mediciones, en qué zonas, qué días, etcétera».

Pero los argumentos de fondo están sopesados. Según Martínez, «se falta al princpio de proporcionalidad y se vulneran al menos dos artículos de la Constitución: el artículo 14 que habla de la igualdad y el artículo 19 que se refiere a la libre movilidad. Porque con esta normativa del ZBE te dicen cuándo te puedes mover y con qué medios te puedes mover. Eso es lo que recurrimos».

Matiza que «nadie está en contra de preservar el medio ambiente, pero lo que hay que hacer es que las medidas sean proporcionales y no perjudiquen cuestiones como la proximidad o las economías cercanas. Que no perjudiquen a familias que no van a poder circular, con el perjuicio económico que conlleva. Lo que recurrimos es la mala praxis de la zona de bajas emisiones. No hemos impugnado la de Pamplona y está aquí al lado. No vamos contra cualquier tipo de norma».

El RACVN no ha solicitado nintún tipo de medida cautelar ante la entrada en vigor mañana del plazo para empezar a imponer sanciones a vehículos que no hayan tramitado la correspondiente etiqueta. «No lo haremos, pero si ganamos el procedimiento, y creemos que así lo haremos, el Ayuntamiento tendría que devolver lo recaudado, sin entrar en cuestiones de intereses legales. Por eso, recomendamos a quienes sean multados que guarden los recibos por si se da ese caso», señala Martínez.

Mientras tanto, el Ayuntamiento ya ha aprobado, en su Junta de Gobierno, habilitar su defensa jurídica. Entiende el consistorio que, en cualquier caso, sería la ley estatal que obliga a establecer zonas de bajas emisiones la que debiera ser impugnada y no las ordenanzas que en cada ciudad desarrollan esa ley.