Los pagos indebidos dejan 1.083 deudas a Lanbide en Gipuzkoa

El servicio vasco de empleo Lanbide no se libra de los cobros indebidos, aunque estos se han desplomado desde la puesta en marcha del nuevo decreto de la RGI en 2023. El último año, los pagos de esta ayuda social a personas que no cumplían los requisitos generaron 1.083 deudas en Gipuzkoa, un 87% menos que el anterior, cuando fueron 8.562, que se tradujeron en 11,8 millones de euros, según explica Mikel Torres, consejero de Economía, Trabajo y Empleo y vicelehendakari segundo en una respuesta parlamentaria a una pregunta realizada por Álvaro Gotxi (Grupo Popular vasco), en la que no detalla el importe de las deudas de 2024. Sea como fuere, recoge que ese mismo ejercicio se revisaron y prescribieron 632 deudas en el territorio bien de oficio o por alegación, que ascendieron hasta los 249.359,97 euros.

Aunque «hay una reducción notable en la generación de cobros indebidos» a partir de la entrada en vigor del decreto que establece un periodo de decalaje en el cómputo de los ingresos de la unidad de convivencia, todavía se dan más de un millar de este tipo de pagos relacionado con la RGI en Gipuzkoa, y 7.755 en el conjunto de Euskadi –el ejercicio anterior fueron 40.048–. El principal motivo «es el efecto que tiene sobre la RGI la concesión o modificación del IMV, que complementa todo tipo de ingresos». Así, «una generación de atrasos de IMV de una persona perceptora a su vez de la RGI implica la generación de la correspondiente deuda de RGI durante los meses de concurrencia de ambas prestaciones». Para estos casos se establece un sistema de «compensación automático, mediante el cual se bloquea el pago de los atrasos generados en IMV para compensar automáticamente la correspondiente deuda de la RGI».

De las 1.083 deudas por cobros indebidos acumuladas en Gipuzkoa el último año, 981 están relacionadas con este motivo. Aunque son la mayoría y han descendido un 41,6% respecto a 2023 (1.681), también hay otras razones como, por ejemplo, el incumplimiento de requisitos, que tuvieron lugar en 83 de los casos. Otros 15 estaban relacionados con la superación de ingresos máximos y cuatro por cambios en la unidad de convivencia. Ese mismo ejercicio también se generaron 626 deudas en el territorio por cobros indebidos de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

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