El pacto educativo propone una red concertada gratuita y eliminar las cuotas

El futuro del sistema educativo vasco se plantea un nuevo marco de relación con la red concertada por el que se llegarían a eliminar las cuotas de escolarización. Así se recoge en el primer borrador del pacto educativo por el que «el Gobierno Vasco garantizará la gratuidad real» de estos centros siempre y cuando cumplan con un 'contrato-programa' que todavía está por determinar pero que se basará en «la equidad y la excelencia».

Es uno de los cambios que destaca el informe de conclusiones 'Bases para una educación del S. XXI' que el presidente de la Ponencia de Educación, el jeltzale Gorka Álvarez, presentó este martes a los grupos tras varios meses de presentación de propuestas en el Parlamento Vasco por parte de diferentes agrupaciones y colectivos vinculados con la comunidad educativa. En el texto además se apuesta por un sistema lingüístico plurilingüe en el que el euskera será el eje y un refuerzo del rol de los equipos directivos de los colegios para dotarles de mayor autonomía.

El marco de relaciones entre el Gobierno Vasco y los centros escolares quedará bajo el paraguas de una nueva entidad denominada 'Servicio Vasco de Educación' por la que los colegios se comprometerán a cumplir un 'contrato-programa', «acordado por cada centro con el Departamento de Educación». Esto no supondrá ningún cambio para la red pública en cuanto a la financiación, pero sí para la concertada que atiende al 46,78% del alumnado, 168.000 estudiantes. Este servicio «acogerá a la centros sostenidos con recursos públicos, con independencia de su naturaleza jurídica, en la medida en que intervenga de manera activa en el esfuerzo por superar la segregación y la exclusión social».

Así los centros escolares que se acojan a este acuerdo recibirán una financiación «del 100%» para cubrir «las necesidades educativas básicas de los alumnos», y «según los criterios de equidad procurará una mayor ayuda a quienes se hallen en condiciones sociales más difíciles». Lo que quiere decir que los colegios concertados tendrían cubiertas sus cuotas de escolarización. Fuera quedarían otro tipo de cuotas como el servicio de comedor o de transporte escolar.

Además el texto plantea que «las actividades complementarias y los servicios escolares deben ser también regulados» y deberán garantizar «su carácter no lucrativo». También se regulará «el establecimiento de ayudas» para que los estudiantes en situaciones desfavorecidas puedan tener acceso a ellas.

Los centros que podrán suscribirse a un convenio de colaboración con el Departamento de Educación son los que atienden a los ciclos de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, y Formación Profesional de Grado Básico, Medio y Superior así como las enseñanzas consideradas de régimen especial-artísticas, idiomas o deportivas-. Educación «determinará periódicamente la oferta de plazas escolares, teniendo en cuenta la oferta de la totalidad de los centros, así como las disponibilidades presupuestarias».

El sistema educativo vasco afronta además su futuro con la vista puesta en buscar cómo hacer frente a la segregación -el último informe de Esade y la ONG Save the Children de 2019 situó al País Vasco como la segunda comunidad autónoma que más segrega a los escolares por rentas bajas por detrás de Madrid-. Así el borrador del Pacto Educativo habla de que «es imprescindible desarrollar proyectos educativos integrales en cada distrito/zona» para transformar el actual modelo de escolarización «y evitar concentraciones de alumnado vulnerable».

La situación del euskera es uno de los puntos más sensibles. Más de la mitad de los estudiantes a los 14 años no conseguía alcanzar el objetivo del bilingüismo según el examen realizado por el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación (IVEI) en 2019. El borrador destaca que el Pacto Educativo apuesta «por un modelo plurilingüe, con el euskera como eje». Cada centro deberá estructurar «su propio proyecto lingüístico, dentro de un marco común» en el que deberá tener en cuenta su propia realidad.

Otro de los aspectos en el que se quiere incidir es en el de la autonomía de los propios centros educativos con una apuesta en «un modelo propio de dirección escolar» para lo que supondrá una formación específica «en gestión y liderazgo» para los equipos directivos y una reducción de las tareas burocráticas con un refuerzo de personal administrativo. La clave es que desde la dirección se puedan centrar en «aspectos pedagógicos, relaciones grupales, organización del profesorado». La compensación económica acorde al cargo y el reconocimiento social también están planteados en el texto.