Osakidetza garantiza el derecho al aborto a 65 mujeres de otras autonomías
Es la prestación que ofrece el Servicio Vasco de Salud a pacientes que no tienen garantizado este proceso en los lugares donde residen
Euskadi realizó el pasado año la cifra récord de 4.225 interrupciones voluntarias de embarazo. La inmensa mayoría fueron practicadas a mujeres residentes en los tres territorios vascos -dos de cada siete en Gipuzkoa-, pero también a un buen número de pacientes que viven en otras comunidades autónomas vecinas, a las que el Departamento de Salud prestó este servicio que no tienen garantizado en los lugares donde residen. En 2023 fueron concretamente 65. La cifra viene recogida en el 'Informe del registro de interrupciones voluntarias del embarazo en la CAV 2023' que publica anualmente la consejería que encabeza Alberto Martínez y viene a confirmar una tendencia descendente en el número de abortos que realiza a mujeres venidas de otras regiones del Estado para someterse a este proceso sin ningún tipo de obstáculo.
Lo habitual hasta ahora era que alrededor de una centena de chicas acudiesen a Euskadi para frenar su gestación ante las dificultades que se encontraban en sus comunidades para ejercer este derecho. En 2022 fueron 89, 103 en 2021, 164 en 2020, y así sucesivamente desde que se tienen registros oficiales. Uno de los valores más significativos fue precisamente en 2011, coincidiendo con la entrada en vigor de la conocida como 'ley de plazos' de Zapatero, cuando 822 mujeres de otras comunidades autónomas se trasladaron a clínicas vascas para abortar. En su mayoría llegaban de regiones limítrofes como La Rioja, Navarra o Cantabria.
En Euskadi Osakidetza asegura que las vascas «no tienen obstáculos» para poder ejercer su derecho al aborto, ya que tienen «garantizado» recibir esta prestación en tiempo y forma, y con todas las garantías de seguridad, gratuidad, intimidad y cercanía, por lo que no tienen la necesidad de acudir a centros de salud de otras comunidades. No ocurre sin embargo así en todas las regiones. Una docena de provincias no notificaron ninguna intervención en centros públicos en 2023, según los datos del Ministerio de Sanidad, pero en ellas sí hay mujeres que se han sometido a ellas. ¿Cómo? Siendo derivadas a otros lugares. Son Jaén, Huesca, Teruel, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Cáceres, Ávila, Segovia, Soria, Palencia y Zamora.
Cientos de kilómetros
Esto ocurre porque en estas provincias el sistema público no realiza abortos, pero tampoco hay clínicas privadas con las que concertar la prestación, provocando que muchas pacientes tengan que recorrer cientos de kilómetros para poner fin a su embarazo en otros lugares, como Euskadi, si bien el informe de Salud no detalla la procedencia de estas mujeres. Para atajar de raíz esta situación se propuso la reforma del aborto vigente desde marzo de 2023, si bien la norma, a tenor de los datos, no ha logrado de momento impulsar un cambio de calado.
Ejemplo paradigmático es el de La Rioja, una de las comunidades que hasta hace poco no hacía ninguna intervención. Sin embargo, la puesta en marcha de un centro de atención a la salud sexual y reproductiva saldó la deuda pendiente y las riojanas empezaron a poder abortar, aunque solo mediante el método farmacológico. Si eligen el instrumental, son obligadas a viajar fuera, en concreto a una clínica de Pamplona.
El documento publicado por el Gobierno Vasco también recoge que de las 4.225 residentes en Euskadi que abortaron el ejercicio anterior 1.565 habían nacido en otros países. El 37% del total. Colombia, Paraguay Nicaragua, Bolivia y Marruecos, fueron, por este orden, los lugares de origen más frecuentes de estas mujeres con residencia en el País Vasco.
