Menores tutelados, acoso escolar, clubes de cannabis, ciberdelincuencia...Los apuntes de la Fiscalía vasca

La Fiscalía de Gipuzkoa dedica un capítulo a la protección de los menores, y durante su desarrollo apunta en particular a la situación de los que viven tutelados por la Diputación. Advierte de que «es una realidad que en los pisos de protección las conductas sexuales que bordean comportamientos delictivos entre compañeros son frecuentes» y de que «los educadores no pueden controlar todas las situaciones porque son pocos y se encuentran desbordados». Por ello defiende que esos pisos tutelados «deberían estar segregados por sexos en los casos en los que se recoge a menores muy dañados y vulnerables».

La Fiscalía constata asimismo la «necesidad de aumentar el número de centros para jóvenes con problemas de conducta» o, al menos, «reforzar en educadores los denominados centros 'de segunda fase'». En estos, apunta se dan «situaciones muy graves y violentas en pisos que acaban convirtiéndose en «pisos de desprotección».

Las fiscalías de Gipuzkoa, Álava y Bizkaia incoaron el año pasado 25 procedimientos por acoso escolar en Euskadi, un tercio menos que los 37 del año anterior. De ellos, 10 se archivaron al ser los autores menores de 14 años y se dictaron dos sentencias, una condenatoria y otra absolutoria, que ha sido recurrida por el Ministerio fiscal. Los casos afectan tanto a chicos como a chicas, y se concentran principalmente en menores de entre 12 y 15 años con problemas de salud mental o «importantes» minusvalías físicas o psíquicas. Se combinan los insultos presenciales con el acoso en redes sociales, especialmente en Instagram, observa la Fiscalía.

A pesar del descenso de casos judicializados, los fiscales creen que «los protocolos no acaban de solucionar el problema» y que «las campañas educativas hacia una convivencia en igualdad no son suficientes». «En la mayoría de casos es la víctima la que termina cambiando de centro escolar», lamentan.

En el capítulo dedicado al tráfico de drogas, destaca un inciso que la Fiscalía de Gipuzkoa hace sobre las asociaciones de consumo de cannabis, creadas teóricamente para el consumo exclusivo de sus socios. Pero los fiscales no dudan en asegurar que «se comprueba que en realidad son lugares de adquisición o compra de cannabis y hachís bajo el subterfugio de haberse asociado a la misma». Por ello informa de que cuando se detectan actitudes irregulares que exceden las autorizaciones que tienen estas agrupaciones, «junto al delito contra la salud pública» por traficar con estos productos «se aplica ya el delito de asociación ilícita».

Subraya además que la situación fronteriza de Gipuzkoa hace que «ciudadanos franceses crucen la frontera para adquirir en las propias asociaciones de las que son socios cannabis o hachís» que posteriormente introducen en Francia «sin haberlo consumido en el interior de la asociación».

Cerca del 90% de los asuntos en materia de ciberdelincuencia que se judicializan son estafas. En este apartado, la Fiscalía vasca alerta de un tipo de engaño en el que la persona que aparece como presunto timador es en realidad una víctima. La memoria admite la «preocupación» del cuerpo por una estafa en la que el titular de la cuenta bancaria a la que se desvía el dinero obtenido de forma fraudulenta es una persona a la que han usurpado sus datos (generalmente el DNI) para abrir la cuenta a su nombre. Obviamente, esta práctica dificulta enormemente hallar a los verdaderos culpables. Para ello los fiscales reclaman una «base de datos común y fiable» de denuncias entre todas las policías del Estado, y exhortan a las entidades bancarias a «fortalecer la seguridad del sistema de apertura online de cuentas» ya que, censuran, «es sumamente fácil abrir una aportando tan solo un correo electrónico, un número de móvil y un DNI».