1722 | Alcaldes y casas consistoriales

Tiempos hubo, hace varios siglos, en los que quienes manejaban y se encargaban de poner precio a las cosas de comer y de beber, es decir, alcaldes y regidores, debían ser sustituidos cada seis meses «para evitar corrieran el riesgo de hacer amistades o crear intereses que les impidieran obrar con justicia».

Y, por descontado, serían personas de gran confianza, siendo obligatorio fueran casados, nobles o hidalgos y tuvieran alguna propiedad (mínimo dos millares: un millar era una casa, un manzanal o un viñedo) para demostrar su solvencia y así poder compensar con su propio dinero –o ingresar en la cárcel– los desfases de presupuesto que se produjeran en la contratación de obras públicas.

Y qué decir de la obligación que tenían de llevar traje de golilla con espadón, emplumado y sombrero, algo a lo que en 1738, se negó el alcalde Francisco Aguirre y aduciendo que era «hombre obeso y de gran peso», se presentó un día en el Ayuntamiento «vestido de calle». El escándalo dividió el vecindario, dejando el asunto en manos de Dios… representado por el Obispo, quien autorizó al alcalde para vestir como quisiera, «siempre que a los actos oficiales acudiera con el traje tradicional de toda la vida». En 1841 se adoptó el frac con corbata y guantes.

En 1744 se permitió que los solteros fueran concejales, pero no alcaldes, siendo en 1813 cuando el alcalde José Antonio Fernández pidió se derogara la ordenanza basándose en que «debía medirse a la persona por su talento, capacidad, probidad e independencia» y no por su estado civil. Los solteros pudieron acceder a la Alcaldía en 1845.

También hubo ocasiones en las que lo difícil era encontrar al alcalde, el Ayuntamiento y la propia casa consistorial, pues dada las pocas viviendas que había en la ciudad, y el alto coste de los alquileres, no se encontraba donde domiciliarlos. En el siglo XVIII, el Ayuntamiento repartía sus reuniones entre la iglesia de Santa María, la cercana basílica de Santa Ana, la Lonja y la Casa de Contratación, hasta que en 1722 se inauguró la de la actual plaza de la Constitución. Destruida en 1813, el Ayuntamiento alquiló para casa consistorial un piso en el número 40 de la calle de la Trinidad (hoy 31 de Agosto), pero al dueño le resultaba más productivo alquilarlo para vivienda, salvo que subiera el alquiler, motivo por el que la corporación tuvo que coger los archivos y marchar al número 20 de la misma calle, pagando de alquiler 5,55 pesetas diarias.

Era mucho dinero para las arcas municipales, por lo que tuvieron que conformarse con un hueco en el piso bajo del número 28, pagando 1,75 pesetas al día. Protestaron los alcaldes porque en aquellas condiciones no se podía trabajar y dimitió Manuel Gogorza porque no habiendo pisos en San Sebastián tuvo que marcharse a vivir a Pasaia y «el sueldo no le daba ni para el pasaje».

Se intentó volver a Santa María, pero los curas ya habían utilizado la sacristía como vivienda, y no encontrándose otra solución se decidió meter a toda la corporación en la cárcel… en la cárcel existente en la actual plaza de la Trinidad, donde había espacio libre y donde la corporación pudo reunirse durante algún tiempo.

Los hermanos Brunet ofrecieron vivienda a los munícipes en el edificio que estaban construyendo en la plaza de la Constitución, a 8,35 pesetas diarias, hasta que se construyera la nueva casa consistorial, inaugurada en 1832 y trasladada en 1940 a los jardines de Alderdi Eder.