
Los juzgados de violencia sobre la mujer de Gipuzkoa advierten del colapso por la carga de trabajo
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La nueva ley les obliga a asumir los delitos contra la libertad sexual, para lo que necesitan más recursosCambia la ley y la preocupación se extiende en una doble dirección. Por un lado, los titulares de los juzgados auguran una sobrecarga de trabajo inviable de canalizar por los mínimos cauces de profesionalidad y, por otro, la ciudadanía teme en consecuencia un deterioro en ... el servicio de justicia recibido. Por de pronto, mucho más lento y, por ende, menos justo. ¿Por qué? A partir de octubre los juzgados de violencia sobre la mujer asumirán toda la competencia para investigar también los delitos contra la libertad sexual, lo que implica depositar una abundante cantidad de carpetas de nuevos casos sobre las mismas mesas en las que ya se acumulaban suficientes expedientes.
En la actualidad, en Gipuzkoa solo existe un Juzgado de Violencia Sobre la Mujer específico –en Donostia– y cinco juzgados de primera instancia e instrucción (Tolosa, Irun, Bergara, Eibar y Azpeitia) que son compatibles también para conocer causas en materia de violencia sobre la mujer, aunque tienen que resolver todo tipo de casos.
La nueva Ley de Eficiencia Judicial suma a estas instancias judiciales un capítulo cada vez más amplio y de tratamiento sensible como es el de los delitos sexuales. Si hasta ahora debían asumir procedimientos de violencia de género –en el ámbito de relaciones sentimentales–, en adelante tendrán que asumir también la instrucción de los delitos sexuales. Y el catálogo es amplio:agresiones, violaciones, acoso sexual, mutilación genital, trata y explotación...
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Resume el litigio de manera contundente Santiago Romero, juez decano de San Sebastián. «Si existiendo los mismos juzgados, se les da más competencias, la consecuencia lógica es un retraso en la resolución de la controversia. Si no se ponen más juzgados o más jueces para estos asuntos, el resultado final es el colapso».
Romero explica que la reforma impulsada por el Gobierno supone «darle más competencias a unos tribunales de violencia sobre la mujer que ya están sobrecargados. Esta nueva asunción de tareas supone un colapso y un retraso en la tramitación de un montón de procedimientos, además del peligro real que correrán las mujeres –o a sus hijos– que estén en plena tramitación de un procedimiento penal por el hecho de que el juzgado no da de sí para atender a todas las reclamaciones, medidas cautelares que haya que poner, atender a detenidos, procesados, testigos, perjudicados, víctimas, etcétera».
La lista de nuevos asuntos que recaen sobre los juzgados de violencia sobre la mujer contiene un elevado número de casuísticas en una sociedad cada vez más sensibilizada con este tipo de delitos que avanza hacia la tolerancia cero y denuncia vulneraciones consentidas o silenciadas en tiempos pasados. El propio juez decano reconoce que hablamos de «una materia que va creciendo cada año entre otras cosas porque muchas mujeres toman conciencia de sus derechos y libertades y se deciden a denunciar. Definitivamente, este grupo de delitos amplía exponencialmente la carga de trabajo en los juzgados».
De hecho, la Fiscalía de Gipuzkoa resalta en su memoria de 2024 que los delitos de violencia sexual han crecido un 125% en 2023 –último ejercicio con registro de datos– respecto al año anterior. De 243 casos a 548. El dato revela una tendencia al alza y la necesidad de recursos judiciales adicionales. En cuanto a un tipo concreto de violencia como el que constituye el capítulo de las agresiones sexuales, el incremento ha sido del 66,67%.
Según Ane Fadrique Blanco, magistrada titular del juzgado de instrucción número 4 de Irun, «esta reforma puede resultar acertada en términos de actuación judicial si se busca tratar los delitos con mayor empatía y tener órganos especializados en la materia. Pero la preocupación para los titulares de estos juzgados surge en tanto en cuanto se incrementa la carga de trabajo sin prever cómo se va a materializar ese incremento». Apunta a la situación de los cinco juzgados mixtos del territorio que atienden casos de violencia sobre la mujer. «En estos juzgados también conocemos otros asuntos, ya sean procedimientos de tráfico o temas bancarios, y no se nos va a exonerar de otros asuntos». Conclusión, demasiado campo para abarcar.
Emerge inevitablemente la reivindicación de más recursos. Por de pronto, el magistrado Romero tiene claro que «se debería crear un segundo Juzgado de Violencia Sobre la Mujer en Donostia». Fadrique, por su parte, que sabe de lo que habla, no en vano es coordinadora de la comisión de violencia de género a nivel estatal de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, añade que «el papel lo aguanta todo pero iniciativas como esta deben ir acompañadas de una dotación presupuestaria. En nuestro juzgado, por ejemplo, un trabajador ha cesado y desde hace un mes su puesto está vacante».
Incide además en el concepto de lo «cualitativo», más allá del aspecto cuantitativo, y alude a que el cambio de la ley podría ser positivo si consiguiera «crear juzgados que conozcan con mayor empatía y más formación la materia de los delitos contra la libertad sexual. Para eso, nos debería exonerar de otros procedimientos. Hablamos de delitos que requieren cautela, tiempos pausados, reflexión, que a la víctima se le deje su tiempo para contestar... Requiere un esfuerzo cualitativo».
La problemática que vislumbran en el sector judicial tiene consecuencias directas en los potenciales ciudadanos afectos por este tipo de delitos de ámbito sexual. Será difícil ponderar prioridades. Romero revela que «cuando nos entraban delitos contra las mujeres, sobre todo afectando a menores o adolescentes, se les daba una tramitación preferente. Si ahora se suman todo tipo de casos de violencia sexual, ya no hay una jerarquía tan clara y los casos se van poniendo a la cola».
En los juzgados temen que si no se conceden más medios, va a ser imposible responder en los plazos de tiempo legales. Por ejemplo, se antoja difícil responder a una petición de orden de protección a las 72 horas de que se solicite, máxime si se necesita tiempo para hablar con todos los implicados, ver si hay menores y analizar el contexto.
Con la aprobación de la ley de libertad sexual de 2022, la ley del solo sí es sí, ya se contemplaba que los juzgados de violencia sobre la mujer ampliaran sus competencias, pero asumir los delitos contra la libertad sexual aboca al sistema judicial a un embrollo que, advierten los magistrados, puede terminar en colapso.
En los juzgados se valora con cautela el nuevo sistema VioGén 2 (Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género) presentado esta semana por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La plataforma digital incorpora la tecnología más avanzada en la materia, según el Gobierno central, pero a la espera de comprobar los resultados, lo que la jueza Ane Fadrique Blanco valora como paso positivo es la interconectividad conseguida entre los sistemas EBA (Emakumeen eta Etxekoen Babesa) del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, y VioGen 2, del Ministerio del Interior. «Antes cada cuerpo policial utilizaba su sistema y si había un maltratador condenado con anterioridad en Albacete, aquí no se tenía acceso».
Las plataformas que ayudan a definir el nivel de riesgo de cada maltratada son una herramienta para magistrados y magistradas. Explica Fadrique que «la valoración policial se tiene en cuenta como otro indicio o factor más a valorar en cuanto a resolver el caso o resolver la solicitud de orden de protección. La valoración de riesgo que hace la Ertzaintza puede ser de cuatro tipos: básica, moderada, alta o especial. Es un valor a tener en cuenta pero no nos vincula».
Lo que la titular del juzgado de Irun añade es que «se requiere que en asuntos de riesgo mayor, la información se revise durante la tramitación del procedimiento. Lo recomendable no solo es que haya una valoración inicial en el primer momento de las diligencias de instrucción, sino que se notifique al juzgado si esa valoración sufre alguna modificación también mientras dure la tramitación de la causa».
En la actualidad hay más de 100.000 mujeres víctimas de violencia de género inscritas en VioGén, según datos del Ministerio de Interior, que tienen que vivir con protección policial para evitar que sus maltratadores vuelvan a agredirlas. De ellas, 1.269 son adolescentes de entre 14 y 17 años. En este sistema de protección hay adscritos más de 40.000 efectivos policiales del Estado.
En Euskadi, entre enero y septiembre de 2024, la Ertzaintza ha registrado 5.268 delitos en las diferentes formas de violencia contra la mujer ejercida por parte de la pareja o expareja, por un familiar en el seno del hogar o contra su libertad sexual, un 7,97% más que el año anterior.
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