La Justicia falla por tercera vez que no hubo delito en el caso Bidegi que denunció Bildu
Un Juzgado de Azpeitia archiva el recurso de la coalición sobre la obra de la AP-1 en Eskoriatza
La Justicia ha vuelto a desestimar una denuncia vinculada al llamado caso Bidegi. Una causa impulsada hace una década por la Diputación de Gipuzkoa cuando ... gobernaba Bildu, que interpuso sendas querellas en 2014 y 2015 contra responsables de Bidegi y de empresas constructoras por presuntas irregularidades y sobrecostes no justificados en las obras de construcción de la autopista AP-1, mientras gobernaba el PNV.
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Es la tercera vez que un tribunal falla que de la extensa documentación e informes presentados a lo largo del proceso «no puede sostenerse la existencia de desviación de dinero público mediante sobreprecios» ni la «existencia de indicios de un delito de falsificación de documentos», como insisten en acusar los demandantes.
En esta ocasión lo que ha hecho la titular del juzgado de lo Civil e Instrucción número 2 de Azpeitia en un auto fechado el lunes y al que ha tenido acceso DV, es rechazar el recurso que presentó EH Bildu en febrero del año pasado contra un primer sobreseimiento de la primera querella, la de 2014.
En esta pieza la formación abertzale acusó en su momento a responsables de la agencia guipuzcoana de infraestructuras y de empresas constructoras de haber causado un perjuicio económico a la Diputación de más de 13 millones de euros por haber pagado, supuestamente, por «trabajos no realizados» en el tramo Eskoriatza Norte-Arrasate Norte.
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La denuncia hablaba primero de 3,4 millones por tareas no ejecutadas en el vertedero de Basagoiti, y meses más tarde fue ampliada en otros 10 millones por obras que, a su entender, tampoco se habrían llevado a cabo en tres túneles de la Eibar-Vitoria. Se acusaba al director de obra, al representante de la empresa contratista y al entonces director de contratos de Bidegi (ya fallecido) de delitos de falsedad documental y malversación de fondos en un proyecto encomendado en 2005 y liquidado en 2011.
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La cuestión marcó la agenda política guipuzcoana de hace una década, en vísperas de las elecciones de 2015 en las que el PNVrecuperó el mando de la Diputación de la mano de Markel Olano. En el cénit del enfrentamiento dialéctico, el equipo de gobierno de Bildu que dirigía Martin Garitano, con Larraitz Ugarte como diputada foral de Carreteras, llegó a preguntar públicamente «dónde están 900.000 metros cúbicos de tierra» que, según los dirigentes abertzales, no fueron trasladados al depósito de Basagoiti y que dio pie a la denuncia por pagos presuntamente no realizados.
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Tras su vuelta al Gobierno de Gipuzkoa, el PNV señaló que al estar Basagoiti repleto, la tierra fue depositada en emplazamientos «temporales» y que parte se destinó a «restauraciones ambientales», pero que «los trabajos facturados se realizaron».
El auto firmado esta semana es, de este modo, el segundo portazo de la Justicia a la querella por el caso de Basagoiti. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma ante el mismo juzgado en el plazo de tres días. También cabe un recurso de apelación en el plazo de cinco días o, subsidiariamente, junto con el de reforma si aquel no fuera estimado.
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Pendientes de Arlaban
El tercero de los rechazos judiciales a la tesis de que se cometieron ilegalidades en la construcción de la AP-1 se produjo en agosto de 2023. Fue, por tanto, el primero cronológicamente hablando.
En ese caso, la jueza tampoco apreció indicios del fraude y corrupción que denunció Bildu en las obras del túnel de Arlaban y decretó el sobreseimiento de esta segunda pieza del caso Bidegi. No obstante, este procedimiento fue reabierto en febrero del año pasado por la Audiencia de Gipuzkoa. Atendiendo a la demanda de la acusación popular que conforman cuatro exjunteros de Bildu –Jon Albizu, Iban Asenjo, Judit García e Inko Iriarte– el tribunal provincial concedió que en el juzgado de Azpeitia no se llevaron a cabo las diligencias de investigación necesarias en aras de esclarecer el caso y, ante la existencia de informes presentados por las partes con conclusiones contradictorias, acordó un informe pericial judicial independiente sobre el coste de dichas obras.
Esta pieza está pendiente de la presentación de ese análisis y de la consiguiente decisión de la Audiencia de Gipuzkoa.
En este caso, el equipo que encabezaban Garitano y Ugarte señalaba que se había pagado más de lo debido por la ejecución de la obra en el tramo Arlaban-Eskoriatza Norte. En concreto, 17 millones de euros por dos actuaciones que la formación abertzale entendía constitutivas de delito: una liquidación presuntamente 'extra' a Álava por la construcción de la parte del túnel de Arlaban en ese territorio, y un desfase de 8 millones de euros entre la cantidad de fibra de acero y hormigón utilizados y el pago final realizado.
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En su auto de sobreseimiento la jueza desmontaba ambas acusaciones, concluía que «no ha podido determinarse, ni siquiera indiciariamente, si efectivamente fue o no defraudada una cierta cantidad presupuestaria», e incluso afeaba con dureza a los demandantes que el informe elaborado por la ingeniería Ingeotyc que sirvió como base de la querella presentaba «numerosas incongruencias» y estaba«repleto de errores».
El Tribunal de Cuentas descartó delitos contables en 2018
Antes que la Justicia, sobre las facturas de la construcción de la AP-1 se pronunció el Tribunal de Cuentas, el órgano encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión de las administraciones públicas. En 2018 resolvió que no existió ningún delito contable en los hechos investigados. En cumplimiento de sus competencias, determinó que los hechos objeto de querella «no son susceptibles de generar un presunto alcance contable en los fondos públicos». Desmontaba así las tesis del Gobierno foral de EH Bildu.
El Tribunal de Cuentas de España actuó de oficio, sin denuncia de por medio, después de acreditar que el Tribunal Vasco de Cuentas incluyera en su informe de fiscalización de la Diputación del ejercicio 2016 referencias a que el caso Bidegi pende de los tribunales. A partir de ahí, recabó información y desarrolló una investigación con el fin de determinar si hubo irregularidades.
En su resolución el organismo público concluyó que los hechos en estudio «no son susceptibles de generar un presunto alcance contable en los fondos públicos», por lo que «no cabe interpretar un ilícito contable».
El Tribunal de Cuentas basó su resolución en los informes de revisión que realizaron dos ingenieros funcionarios de la Diputación y un ingeniero de Bidegi para contrarrestar la documentación utilizada por el Gobierno foral de EH Bildu como fundamento de las querellas. Asumía, en este sentido, que «ninguno de los informes empleados para la interposición de la querella reflejan la realidad de las mediciones reales de la obra y evidencian una sistemática carencia de análisis al tener en cuenta solo parte de la documentación existente».
Recordaba que los informes que dieron origen a las dos querellas fueron realizados «por empresas externas a la Diputación de Gipuzkoa» y que «obviaban sistemáticamente» información.
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