Juristas atribuyen al colapso el retraso de juicios en Gipuzkoa a detenidos con antecedentes policiales

Desde sus diferentes roles como juristas, observan que los crecientes índices de criminalidad hacen que «en comisarías y juzgados no den abasto», lo que se traduce en dilaciones en los procesos judiciales y en que resulte «comprensible esa percepción ciudadana de que el delincuente entra por una puerta (en el juzgado o la comisaría) y sale por otra». La duda, se permite bromear uno de ellos, es si el malhechor «realmente sale por otra puerta o lo hace por la misma por la que entró». Pero a menudo sale. Unas veces porque los plazos se dilatan y por tanto no ha sido procesado y menos condenado, y otras porque la naturaleza del delito lleva implícitas condenas por debajo de los dos años de prisión que son suspendidas tal como concede la ley.

«El sistema permite múltiples oportunidades al delincuente», apuntan Romero y Bermúdez, cuyo trabajo defiende Aragón. «Hay que dejar claro que en Gipuzkoa tenemos jueces y fiscales maravillosos que realizan una labor formidable». Pero están sujetos a lidiar con un sistema «saturado» y a aplicar «las leyes que tenemos», que probablemente no sean las más contundentes para atajar la reiteración delictiva.

Ese colapso tiene cifras. De los miles de procedimientos incoados por los fiscales en Gipuzkoa a lo largo del año pasado finalmente calificaron un total de 4.721 delitos, un 15% más que en el año anterior, según recoge la Fiscalía del País Vasco en su memoria de 2025 referente a datos del ejercicio anterior. De esas incoaciones totales, 5.618 fueron relativas a ilícitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (robos, hurtos, estafas...), de las que «solo un 5,65% (318)» finalizó «con sentencia firme, bien absolutoria o condenatoria». Al magistrado, el fiscal y la letrada les sorprende este porcentaje «por extremadamente bajo» y discordante con su día a día, donde conviven con «una actividad muy alta». De hecho, Romero avanza que va a consultar con la Fiscalía el origen del dato.

La vicedecana de los abogados confirma que «ha aumentado el número de detenciones. En 2024, el Colegio prestó en comisaría una media diaria de 17 a 22 asistencias. Es decir, de 17 a 22 arrestados por todo tipo de delitos solo en Donostialdea. Tenemos un servicio de guardia de seis letrados disponibles las 24 horas del día, y ya estamos planificando reforzar el servicio con uno más».

Dado el gran volumen de trabajo que implica el desempeño de la justicia, que a menudo se traduce en una demora excesiva de los procesos, la propia Fiscalía del País Vasco reivindica en los tres territorios históricos «la necesidad de una pronta respuesta por la Administración de justicia, para que la sociedad no tenga la sensación de que el delincuente resulta impune ante la reiteración delictiva». Una reincidencia de la que ya advertían los fiscales hace diez años y que ahora –puntualizan– «colapsa los juzgados».

Los juristas convienen en que «a todos nos interesa agilizar la justicia». «Sobre todo a la persona justiciable», remacha Romero, «a la que han tirado del collar en la calle, o a la que han robado su motocicleta, o a la que han entrado a su casa a robar, quiere que el asunto se resuelva cuanto antes, porque no es extraño que en ocasiones haya pasado tanto tiempo –dos, tres, cuatro años– que los testigos no recuerdan detalles de los hechos», añade el magistrado.

Consideran que la principal vía para agilizar la justicia «es crear más juzgados y dotarlos de medios». Aragón recuerda que «acaban de introducirse dos reformas de calado: la obligación de negociación previa antes de iniciar un procedimiento judicial y la implantación de tribunales de instancia en lugar de juzgados unipersonales. Nada de esto sirve si no se invierte en personal y medios; por ejemplo, que un juicio no se suspenda porque no funciona una videoconferencia». «Necesitamos más medios, más jueces y más fiscales», reclama Romero.

Bermúdez aboga también por simplificar los procedimientos de instrucción judicial, y plantea que «una instrucción policial supervisada por el fiscal pueda llevarse a una vista para determinar si hay motivos o no para acusar. Y si los hay, se va a juicio directamente. Pero, claro, algo así es difícil de llevar a cabo porque requiere una inversión económica fortísima».

Antes que juristas, Aragón, Bermúdez y Romero son personas, madre y padres que palpan las preocupaciones de la ciudadanía. Según el informe de DeustoBarómetro publicado este verano, la delincuencia y la inseguridad ciudadana constituyen la cuarta preocupación de la sociedad vasca, por detrás de la vivienda, la sanidad y la subida de precios, y por delante de la inmigración. El propio alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha hecho hincapié en el último año en «el aumento de la delincuencia» en las calles de la ciudad, que «muchas veces» es protagonizada por reincidentes y, por tanto, «requieren de una respuesta adecuada o la sensación que queda es de impunidad».

Y en este sentido, el primer edil donostiarra ha defendido «una modificación legal para endurecer las penas a detenidos reincidentes», algo con lo que también suelen alinearse los juristas porque «de lo contrario, es un cachondeo», enfatiza Bermúdez. «El alcalde –apostilla Romero– tiene razón pero es lo que tenemos, porque la sensación en los juzgados de San Sebastián es que el 60% o incluso 70% de los delitos contra el patrimonio son cometidos por gente llegada del Magreb». Por cierto, que las fiscalías vuelven a reportar «dificultades» para llevar a cabo las órdenes de expulsión a estos países, una opción que permite a condenados suspender su entrada en prisión. «Con Argelia las relaciones institucionales están rotas, y Marruecos no suele aceptar a sus delincuentes», añade el magistrado. «También sucede que muchas veces es difícil comprobar una nacionalidad cuando alguien ha venido de manera irregular sin documentación». Otro supuesto que sucede «muy a menudo» es que, «dependiendo de la pena de cárcel, el condenado prefiere entrar en prisión que regresar a su país».

El juez decano en la capital afirma que «nosotros aplicamos la justicia con las leyes que se han aprobado, que permiten suspender sucesivamente condenas de prisión, de ahí que haya gente con diez, quince o veinte antecedentes penales que sigue en la calle». Son esas «muchas oportunidades» que el sistema brinda al acusado «para evitar entrar en prisión». Un hecho que, lógicamente, también persiguen los letrados que ejercen la defensa, que normalmente van a pretender «recurrir para obtener la sentencia más favorable», matiza Aragón. La letrada pone el ejemplo práctico de un escrito de apelación que presentó hace dos años «y le ha llegado ahora al fiscal». No es lo habitual, pero pasa y denota alguna falla en el sistema.

En este sentido, cabe recordar que un juez o un magistrado no dicta un auto de prisión si no lo ha reclamado un fiscal. El año pasado, de los más de 5.000 procedimientos que incoaron los fiscales de Gipuzkoa por delitos contra el patrimonio, solo en 42 solicitaron la medida de prisión provisional. La privación de libertad preventiva se solicitó en Gipuzkoa en un total de 194 delitos, un 64% más que en 2023. Junto a los 42 mencionados, los más significativos fueron:36 por lesiones, 23 por tráfico de drogas, 22 por actos contra la libertad sexual, 17 por homicidio, 15 por quebrantamiento de medida, 14 contra la libertad...

«Por mucho que uno sea un delincuente –explica Bermúdez–, también tiene sus derechos: deben darse unas condiciones para meter a alguien en la cárcel, y la alarma social no es una de ellas». Así, debe existir «un riesgo de fuga, algo que difícilmente se da en este tipo de delitos porque las penas no son tan elevadas, que haya un riesgo para la víctima, una reiteración delictiva... No se puede pedir prisión sin una justificación clara. Si no, llenaríamos las cárceles, que ya están saturadas».

En la misma línea, el fiscal aporta un caso que le tocó vivir durante una guardia en Irun. «Me pasó con un sujeto que, por cierto, era de aquí, no era inmigrante. Yo lo tenía fichado en San Sebastián porque tenía 15 antecedentes penales firmes y seguía delinquiendo en la calle. Un día lo trincaron en Irun por un robo en Orio, y dados sus antecedentes y las pruebas que había para volver a condenarle, pedimos prisión provisional porque era la única manera de que dejara de delinquir».

Los juristas coinciden en que los delitos contra el patrimonio acaparan buena parte de los casos que tienen entre manos pero no son los únicos. «Hubo una época en la que llegaban mucho contra la seguridad vial, pero ahora se llevan en juzgados de guardia por procedimientos urgentes», recuerda Bermúdez. Pero ahora las fiscalías vascas reportan una preponderancia de las estafas informáticas (4.495), la mitad de ellas en Gipuzkoa (2.264) -muchas haciéndose valer de sitios de compraventa online o apertura de cuentas bancarias a nombre de un tercero-, o de la difusión de material de abuso sexual infantil -antes pornografía infantil-, que «está a la orden del día», al igual que aquellos contra la libertad sexual.

Aunque con unos números más bajos, es llamativo el aumento de casos de homicidio -en su mayoría en grado de tentativa-, que conllevaron 15 medidas de prisión, por 7 en 2023. Romero y Bermúdez ciñen esta incidencia a «la proliferación de armas blancas», incluso «machetes, que ya se ven», enfatiza el magistrado. En estos casos, los fiscales tienden a calificar como homicidio aunque «finalmente se acuse por lesiones», que conllevan menor pena. El camino inverso es inviable, dado que si de entrada se formula una acusación por lesiones, en el juicio no se podrá elevarlo a homicidio.

Los juristas advierten también de un volumen «importante» de casos de violencia de género en el territorio, materia que cuenta con un único juzgado en Donostia. En los demás partidos judiciales «pueda haber un juzgado especializado pero tiene otras competencias, por lo que están desbordados». «Y si además -subraya Bermúdez- a los juzgados de violencia sobre la mujer les quieren encargar ahora los delitos contra la libertad sexual, el colapso va a ser total».