Un juez abre una investigación a la empresa del vertedero de Zaldibar

Un día después de que el Gobierno Vasco, con el lehendakari Urkullu a la cabeza, eludiera cualquier responsabilidad en el derrumbe del vertedero de Zaldibar, que engulló la AP-8 y atrapó a dos trabajadores, el portavoz de su gabinete, Josu Erkoreka, ha revelado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que esta misma mañana un juez de instrucción de Durango ha abierto diligencias previas contra Verter Recylcing 2002 «por presunto delito ambiental y laboral». Ayer, el jefe del Ejecutivo vasco ya sentaba las bases del proceder que guiará ahora a su Administración al señalar directamente a la empresa y hablar de un «accidente laboral». Y no fue el único que dio la cara públicamente, ya que los consejeros de Medio Ambiente (Iñaki Arriola) y Seguridad (Estefanía Beltrán de Heredia), que habían descargado las declaraciones durante esta crisis en sus 'segundos', fueron quieren trasladaron las últimas novedades.

Hoy, Erkoreka no descarta que el Gobierno Vasco se persone como acusación en caso de que las investigaciones sigan adelante al ser «parte interesada» como administración «ambiental y laboral». Están «a disposición del juez para aportar toda la información», y exigirán «responsabilidades a la empresa». Asimismo, ha asegurado, facilitarán el acceso a la documentación recabada por los servicios de inspección, cuya aportación «es muy probable que pueda ser relevante» para la causa.

Erkoreka, en ese sentido, ha detallado que la inspección ambiental estuvo «presente desde el día 6; hay actas con la información», y que el Departamento de Medio Ambiente ha otorgado «a la empresa la elaboración, en un plazo máximo de siete días, de un plan de intervenciones» que tiene un doble objetivo. Por un lado, pretenden así «identificar cuál es el daño hecho y que lo repare» para regresar al estado anterior al derrumbe y, por otro, «que concrete el alcance del accidente».

La resolución, adoptada ayer, exige remitir, asimismo, «un plan de vigilancia ambiental», un trámite que debe realizarse cada año para el que, generalmente, disponen de plazo hasta el 31 de marzo. En este caso, sin embargo, desde el Ejecutivo autónomo reclaman a Verter Recycling que lo elabore «con la máxima celeridad», una exigencia «inexorable» garantizada por una «ley de protección del Medio Ambiente particularmente rigurosa». «Si la empresa no opera de buen grado, se le instará a una ejecución forzosa con los mecanismos y sanciones previstas en la ley», ha advertido.

El portavoz del gabinete de Iñigo Urkullu, en relación a la respuesta de la empresa en los últimos días, ha lamentado que «está siendo manifiestamente mejorable en todos los ámbitos». Erkoreka ha detallado que Inspección Laboral se presentó «el primer día» para reunir los datos necesarios para elaborar «un diagnóstico de lo ocurrido» y se encontró con una «respuesta absolutamente insatisfactoria».