La Iglesia acuerda con el Gobierno devolver al Estado un millar de bienes que no le pertenecen
En Gipuzkoa hay nueve propiedades inmatriculadas por las autoridades eclesiásticas entre 1998 y 2015
JAVIER A. LOMO
MADRID.
Martes, 25 de enero 2022, 06:29
El Gobierno acordó ayer con la Conferencia Episcopal (CEE) la devolución de cerca de un millar de bienes inmatriculados cuya titularidad la Iglesia admite «no constarle» y que fueron registrados gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar a finales de la década de los noventa. Se trata de algo menos del 3% de los 34.961 bienes que las diócesis inscribieron entre 1998 y 2015 y entre los cuales se incluyen cementerios, viviendas, fincas rústicas y hasta un colegio.
En el listado elaborado por la CEE figuran solamente nueve bienes inmatriculados en Gipuzkoa y sobre cuya propiedad no existe duda alguna. Aunque no se detallan, estos bienes, cuya titularidad corresponde a la Iglesia, son dos iglesias de Donostia, las de San Sebastián Mártir y la parroquial situada en el camino de la Hípica; la ermita de Santiagomendi en Astigarraga, tres propiedades dependientes de la parroquia San Andrés en Mutriku, una vivienda en Berastegi, un local en Tolosa y otro solar en Bergara, según un documento elaborado por el Ejecutivo en febrero de 2021. Estas propiedades se suman a las 370 que ya había desde 1978, según datos facilitados en su día por el Parlamento Vasco.
El estudio exhaustivo que la Iglesia ha llevado a cabo sobre el listado de estos bienes ha revelado que al menos 964 de ellos «son propiedad de un tercero o no les consta titularidad sobre el mismo». «Dicho estudio ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados», explicó la CEE en un comunicado . El Ejecutivo deberá enviarlos ahora a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se encargará de distribuirlos a las entidades locales para que identifiquen a los titulares de los mismos y proceder así a regularizarlos. Un proceso en el que la Iglesia ya ha prometido colaborar.
LA CLAVE:
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34.961 Son los bienes inscritos entre 1998 y 2015 amparados por el decreto del Gobierno de Aznar.
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Edificios emblemáticos. La mezquita de Córdoba, fuera de los bienes quela Conferencia Episcopal reconoce como no suyos
El pacto se dio a conocer ayer tras la reunión mantenida entre la máxima autoridad de los obispos españoles, Juan José Omella, y el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que visitó por primera vez la sede de la CEE. Un gesto que Omella agradeció y que viene a trasladar la idea por parte del Ejecutivo de que es capaz de llegar a acuerdos con todos los actores que tiene enfrente. Aunque el origen de la conformidad entre Gobierno y Conferencia Episcopal se remonta al pasado mes de agosto, cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños –que también estuvo presente en la reunión de ayer– aceleró los trabajos de la comisión mixta constituida entre ambas partes. Lo hizo nada más tomar posesión de su cargo tras la remodelación que Sánchez había llevado a cabo en julio. También se había reunido para dejar encarrilado el acuerdo con el jefe de los obispos españoles el pasado 18 de enero.
Mezquita de Córdoba
La Iglesia devolverá así 965 propiedades inmatriculadas a su nombre entre las que se encuentran cementerios, viviendas o fincas rústicas. En total, 175 lugares de culto. Aunque entre los mismos no se encuentra la mezquita de Córdoba ni la Catedral de Sevilla, que la Iglesia inmatriculó en su día pero que tras el primer estudio que ha realizado entorno a la lista de bienes que publicó el Gobierno no aprecia ningún error.
Estos fueron inmatriculados gracias a una ley aprobada durante el primer Ejecutivo de José María Aznar, a través de la cual la Iglesia inmatriculó casi 35.000 inmuebles y terrenos por todo el país. 20.014 eran templos o dependencias complementarias, mientras que 14.947 eran fincas con otros usos (terrenos agrícolas, solares, viviendas, locales; y hasta un frontón).
Una situación que se prorrogó hasta 2015, durante los 17 años que estuvo en vigor dicha ley Hipotecaria. Precisamente, en 2017 el PSOE promovió en el Congreso una proposición no de ley en la que instaba al Ejecutivo de Mariano Rajoy a hacer un listado de las inmatriculaciones para incluirlas en un registro que posteriormente debería ser enviado a la Cámara baja. Esta tarea se inició cuando los socialistas llegaron al poder al frente de Pedro Sánchez.
