La hostelería se detiene para reivindicar un plan de rescate

Los bares y restaurantes de Gipuzkoa han parado esta mañana durante diez minutos. Ha sido un acto simbólico, voluntario y, a diferencia de los sucesivos cierres del último año, por iniciativa propia. El objetivo no ha sido otro que unirse a la reivindicación de todas las asociaciones de hostelería territoriales del Estado para pedir un mayor apoyo de las instituciones hacia uno de los sectores más castigados por la pandemia. El acto central ha tenido lugar en Madrid, donde representantes de Hostelería de España se han concentrado también este mediodía frente al Tribunal Supremo para realizar la entrega simbólica de las primeras reclamaciones patrimoniales contra el Estado por parte de los despachos de abogados que representan los intereses del sector hostelero.

Con la vista puesta en salvar la temporada de verano plantean mejoras a la movilidad relacionadas con los pasaportes sanitarios, tarjetas de inmunidad y validez de las pruebas PCR, pero también reivindican su condición de trabajadores de riesgo al estar en contacto directo diario con clientes, que a la hora de consumir deben retirarse la mascarilla, por lo que consideran esencial figurar en las listas de vacunación.

Más allá del aspecto estrictamente sanitario, las peticiones no son nuevas ni difieren de las exigidas en los últimos meses. Solicitan ayudas directas al sector con una tramitación libre de «trabajas burocráticas» y que estén en línea del resto de los países europeos. Alertan de que los negocios relacionados con el sector turístico hostelero que han tenido que echar la persiana ya rondan los 100.000 en todo el Estado, y ponen como ejemplo, que España, en donde la aportación al PIB del sector turístico es elevado, «recibe hasta 30 veces menos en ayudas que países en los que el turismo tienen un peso menor».

Asimismo, exigen la elaboración de un Plan de Soporte al empleo en Hostelería y la ampliación de los ERTE durante todo 2021, incluida la eliminación de la cláusula de compromiso de mantenimiento del empleo, así como la conservación de las correspondientes ayudas a los autónomos.

En lo que respecta al pago de impuestos, solicitan al Gobierno de Pedro Sánchez que se comprometa a bajar los impuestos al consumo, con un IVA al 5%, así como que garantice no subir los impuestos directos o indirectos «que lastren la capacidad de reactivación y la competitividad internacional de nuestra industria».