El Gobierno Vasco no mediará en la decisión sobre el envío de residuos a Bizkaia

Lo tendrán que arreglar entre las diputaciones vecinas. El destino de las toneladas de basura que necesita exportar Gipuzkoa tendrá que ser acordado entre su Gobierno foral y el de Bizkaia. El Gobierno Vasco no está por la labor de ejercer de árbitro. Se lo habían solicitado GuraSOS y EH Bildu, y ayer la petición, envuelta en pregunta parlamentaria, procedió de Elkarrekin Podemos. El consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola (PSE), aseguró que «la función que nos compete no es otra en estos momentos que la de respetar ese ejercicio de diálogo y negociación entre las diputaciones de Gipuzkoa y de Bizkaia». Citó el respeto a las competencias forales y también la sabiduría popular. «No te metas donde no te llaman», zanjó.

El consejero explicó que en el ejercicio de su competencia, su departamento emite las autorizaciones ambientales para las infraestructuras de gestión previstas en los territorios históricos, «porque es a estos a quienes corresponde, entre otras cuestiones, el desarrollo de la planificación marco de gestión de residuos sólidos urbanos a través de los correspondientes planes forales». Atribuyó a las diputaciones la competencia de «resolver un problema puntual».

Arriola avaló la alternativa que ha propuesto la Diputación de Bizkaia al territorio vecino consistente en una doble ruta para el residuo: a la incineradora de Zabalgarbi primero y al vertedero de Artigas después en forma de escorias. Lo hizo al respetar el diálogo y negociación entre instituciones forales. Ahora bien, también dio por válida la opción de la adjudicación a la firma Betearte de Mallabia al poner de relieve que «esta empresa dispone de una autorización ambiental integrada para el vertido de residuos no peligrosos». Detalló que la viceconsejería de Medio Ambiente analizó la documentación presentada, hizo las comprobaciones oportunas y «resolvió que la recepción de residuos de origen doméstico no implicaba una modificación sustancial de la autorización en vigor».

De esta manera, el Gobierno Vasco legitimó las dos opciones que hoy sigue estudiando Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa (GHK), incluyendo la adjudicación al vertedero de Mallabia, a pesar de que su viabilidad presente «incertidumbre jurídica» en opinión de sus servicios jurídicos, tal y como adelantó ayer este periódico.

Antes de su respuesta, el parlamentario de Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra, recordó al consejero que la Ley General de Medio Ambiente dice que «para garantizar la coherencia y la política ambiental, corresponderá al órgano ambiental -al Gobierno Vasco- el ejercicio de las facultades de coordinación que demande el interés general».

Becerra apeló directamente al Ejecutivo vasco al señalar que «ustedes tienen que decir cuántas incineradoras y cuántos vertederos necesita este país para no estar malgastando el dinero público en infraestructuras innecesarias. Y a día de hoy, nos vamos a gastar 1.000 millones de euros en una incineradora que, con los datos en la mano, no es necesaria».