Inquilinos vulnerables de apartamentos dotacionales de Hernani e Intxaurrondo reclaman una vivienda de alquiler social

Inquilinos vulnerables de siete apartamentos dotacionales (ADAS) de Hernani e Intxaurrondo, a las que la Delegación de Vivienda del Gobierno Vasco ha comunicado que sus contratos por cinco años improrrogables han finalizado, han anunciado que se quedarán en sus alojamientos actuales hasta que se que les adjudiquen una vivienda de alquiler social en Alokabide o Bizigune.

La plataforma Stop Desahucios Euskadi ha ofrecido este jueves una rueda de prensa en San Sebastián, en la que ha agradecido el apoyo recibido de ciudadanos, plataformas sociales como Alokairu Benta-berri , Inquilinosdeazora y junteros de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, concejales donostiarras de esta ultima formación y sindicatos como CNT, LAB y STEE-EILAS.

Los representantes de la plataforma han denunciado la situación de estas siete familias «a las que la Delegación de Vivienda ha comunicado que sus contratos por cinco años improrrogables han finalizado, en el caso de Hernani entre mayo y julio de 2020 en plena pandemia y, que se han ido prorrogando en aplicación de los rdl antidesahucios, y en Intxaurrondo desde este mes de mayo».

Según han explicado, se trata de «familias monoparentales, matrimonio con hijos menores a su cargo, de un anciano o una gran discapacitada, vulnerables económica y socialmente según consta en los informes de los servicios sociales, que estaban inscritos en las listas de Etxebide y a los que la Delegación les adjudica estos ADAS creados para la emancipación de jóvenes».

Por su parte, el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco ha asegurado que «ninguna familia sin recursos queda desamparada» y que, en las promociones de Intxaurrondo y Hernani «todas las personas con derecho subjetivo cuyo contrato de alojamiento dotacional expiraba cuentan ya con una solución habitacional, ya sea una prórroga de la cesión del apartamento, ya sea otro tipo de vivienda protegida».

En un comunicado, la consejería que dirige Iñaki Arriola ha incidido en que la política del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco tiene como objetivo incrementar el parque público de alquiler a través de la nueva edificación y la captación de viviendas deshabitadas para atender la demanda existente.

Además, ha apuntado que todas las personas que mantienen las adjudicaciones «lo hacen cumpliendo unos requisitos de carácter económico», por lo que «pretender que se adjudiquen o mantengan adjudicaciones cuando se incumplen los requisitos, como sucede al excederse del límite de ingresos para tener el Derecho Subjetivo de Vivienda, está cuestionando el propio sistema que le dio ese derecho a la persona que entró hace 5 años con carácter preferente a otras personas en relación con esa adjudicación» y «debe aceptarse que, cuando ya no se cumplen esos requisitos, el apartamento pase a otra persona que sí los cumple».

Por otra parte, en el momento en que se llega al horizonte temporal de los cinco años, el Departamento analiza cada caso «minuciosamente, sin tomar decisiones de manera arbitraria que pasen por alto contextos específicos que sea necesario atender» y aborda «con especial atención» los casos en los que se den situaciones de vulnerabilidad en las unidades convivenciales.