El Gobierno central se abre a seguir financiando la rebaja del 50% en el transporte

Así lo remarcan fuentes del Departamento vasco de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes que encabeza Iñaki Arriola (PSE), que aseguran que el dirigente eibarrés «está en contacto continuo» con el Ministerio de Transportes dirigido por Raquel Sánchez, al que ve ahora «muy receptivo» a atender las demandas de Euskadi y otras comunidades autónomas respecto a la idoneidad de prorrogar la aportación estatal como vehículo para facilitar a los gobiernos locales y regionales el mantenimiento de las tarifas reducidas a partir de enero.

La aparición en escena de Arriola, sumada a las demandas de otros dirigentes regionales, parece haber provocado un cambio de posición en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que hace apenas un par de semanas rechazaba una enmienda del PNV a los Presupuestos Generales del Estado en este sentido, lo que dio a entender a las instituciones vascas –gobernadas por PNV y PSE en coalición– que el escenario de no poder contar con recursos estatales para mantener las tarifas reducidas el próximo año era más que posible.

Esta circunstancia ha dado pie a un encontronazo entre nacionalistas y socialistas vascos los últimos días, con cruces de acusaciones de alto voltaje, como «deslealtad» o «irresponsabilidad». Las desavenencias estriban en que el PNV se ha mostrado reacio a prolongar las tarifas rebajadas si no hay financiación estatal, mientras el PSE ha apostado desde el principio por prorrogarlas en cualquier caso, asumiendo las instituciones vascas, si hiciera falta, todo el coste de la medida, que en Gipuzkoa se calcula en 24 millones de euros y en Euskadi, 72.

En este panorama de incertidumbre, Gipuzkoa ha sido –tal y como anunció este periódico el miércoles–, el único territorio del Estado que, en virtud de sus competencias, ha decidido ya extender la prórroga a todo 2023, independientemente de si acaba habiendo aportación del Gobierno central o no.

Esta decisión, de obligado cumplimiento para los operadores que forman parte del sistema Mugi, ha provocado malestar en el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV), quien reaccionó calificando de «irresponsable» aprobar la prórroga, auspiciada por la diputada de Movilidad, Rafaela Romero (PSE), sin saber si habrá financiación por parte del Estado. Una acusación a la que Romero replicó señalando que la prolongación de las ayudas al transporte público «tiene todo el sentido porque las circunstancias económicas que motivaron su entrada en vigor el 1 de septiembre no han cambiado». La diputada recordó que si el problema es la financiación, la Diputación «ha hecho los deberes y ha reservado ya los fondos necesarios en su Presupuesto de 2023 para hacer frente a la prórroga, con o sin ayuda estatal».

Ayer, Goia volvió a referirse a este asunto, y preguntó a la Diputación y al Gobierno Vasco «quién va a hacer frente al impacto que la medida va a suponer para el Ayuntamiento de Donostia». El primer edil recordó que conforme al peso que tiene Dbus en el conjunto del transporte público en el territorio, «el Ayuntamiento de San Sebastián asume el 35% del coste total de la prórroga en Gipuzkoa». Son unos 7,5 millones según los cálculos de la ATTG, que Goia elevó a «entre 8 y 10 millones, una cuantía notable» para un presupuesto municipal, que deberá ser detraída de otras partidas de gasto corriente y que, por lo tanto, puede «plantear un problema» para el Consistorio donostiarra y afectar a otros servicios esenciales.

El dirigente nacionalista defendió la necesidad de «ayudar a quien más lo necesita», pero cuestionó la idoneidad de bonificar el 50% en todos los casos. «¿Tiene sentido que a mí, como alcalde de San Sebastián y usuario de la Mugi, las instituciones me paguen la mitad del coste de mis viajes en Dbus?», se preguntó. En la misma línea se refirió a las Mugi anónimas, que pueden ser usadas entre otros por turistas. «¿También tenemos que hacer frente a la mitad del billete de estos?». «Se ha aprobado el 50% para todos los casos, de forma indiscriminada, y sin tener cerrado cómo y quién se hace cargo. Y ante eso me planto», enfatizó.

En términos muy distintos se expresó el alcalde de Irun, José Antonio Santano (PSE), quien alegó que la rebaja a la mitad de las tarifas del transporte «se ha revelado como una medida práctica para mejorar la movilidad sostenible y aliviar las economías familiares. Si estamos de acuerdo en que es buena, cada administración, en el marco de sus responsabilidades y presupuestos, debe hacer frente a la rebaja», sentenció.

Por otro lado, el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, censuró el «ejercicio de escapismo» que, a su entender, está realizando el PNV en relación a la bonificación del transporte público. «Si en esta materia tenemos las competencias que tanto defendemos, debemos asumirlas y gestionarlas para bien y para mal», afirmó.