Gipuzkoa gastó 47,6 millones en exportar basura por la paralización de la incineradora

Los destinos han sido Cantabria, Bizkaia y Mutiloa para la fracción resto, y Navarra e Iparralde para la materia orgánica. En este caso se suma también el retraso en la puesta en marcha de la planta de compostaje de Epele, en Bergara, proyectada por Bildu y que debía haber entrado en funcionamiento entre 2015 y 2016 pero no lo hizo hasta 2018 por defectos en la construcción, achacados por los tribunales a la UTE a la que adjudicó la obra el Gobierno de Martin Garitano.

El problema de las basuras en Gipuzkoa está ya definitivamente resuelto desde la semana pasada, cuando la incineradora de Zubieta cumplió el último trámite administrativo que le quedaba. El Consorcio de Residuos (GHK) hizo entrega oficial del acta de inicio de operación a la concesionaria, Ekondakin, la agrupación de empresas que la ha construido tras invertir 217 millones de euros y que la gestionará durante 35 años a cambio de un canon de unos 24 millones anuales.

En realidad, la instalación lleva operando a pleno rendimiento desde junio, cuando recibió la licencia más importante, la Autorización Ambiental Integrada, por parte del Gobierno Vasco. Ya antes, su puesta en marcha en fase de pruebas en septiembre del año pasado permitió que el territorio dejase de trasladar su basura a vertederos (la última remesa a Mutiloa fue en noviembre de 2019) y a Bizkaia, hacia donde el último camión partió en febrero.

Pero para llegar aquí se ha tardado más de lo previsto. Al menos cinco o seis años. La victoria de Bildu en las elecciones de 2011, cuando las obras de la incineradora se hallaban aún en la fase de preparación del terreno y apenas se había puesto la primera piedra, y su decisión de no seguir adelante con el proyecto sin ofrecer una alternativa viable, situó a Gipuzkoa al borde del colapso en materia de gestión de residuos y le obligó a buscar alternativas donde depositar sus excedentes en un territorio ya sin vertederos públicos. El último, Lapatx, clausuró en 2016.

La llegada al Gobierno foral de la coalición PNV-PSE en 2015 permitió diseñar un nuevo proyecto, con una incineradora más pequeña pero con otras instalaciones no contempladas inicialmente, como una planta para el tratamiento del residuo orgánico, toda vez que Epele, con capacidad para tratar 10.000 toneladas anuales, no cubría las necesidades del territorio, estimadas en 50.000.

Pero mientras se construía el llamado Complejo Medioambiental de Zubieta había que buscar dónde enviar las basuras de los guipuzcoanos tras cuatro años perdidos. La primera solución fue Meruelo (Cantabria), adonde fueron las basuras entre febrero de 2016 y agosto de 2017, con un coste de 12 millones de euros.

Luego se recurrió al vertedero de Mutiloa, que entre 2017 y 2019 recibió cerca de 300.000 toneladas de basura por 17,7 millones. A la par, desde septiembre de 2018 y hasta febrero pasado, la incineradora vizcaína de Zabalgarbi ha acogido una decena de camiones diarios (y dos los sábados) con desperdicios guipuzcoanos.

La materia orgánica, por su parte, era enviada hasta 2017 a la localidad vascofrancesa de Itxassou y a la navarra de Funes, para pasar a las también navarras Caparroso y Artajona en 2018 y 2019, hasta la entrada en actividad de la planta de biometanización de Zubieta, que recoge lo que no es capaz de tratar Epele.

Estos 47 millones se suman a los otros 45 a los que llegó el quebranto económico que supuso la paralización de las obras: 8,2 millones de indemnización a la constructora y el resto por tener que seguir pagando un seguro de cobertura (swap) sobre el préstamo que financiaba la construcción de la incineradora original. Así, se eleva a más de 90 millones de euros el impacto de la paralización de la infraestructura.