El fraude en los comedores enfrenta a Urkullu y a los padres de alumnos

«Es evidente que el fraude ha tenido consecuencias económicas para las familias». Así respondió ayer Lurdes Imaz, coordinadora de la Asociación de Padres de Alumnos de la escuela pública vasca, Ehige, a las palabras del lehendakari Iñigo Urkullu en el Parlamento Vasco. A una pregunta de Lander Martínez, portavoz de Elkarrekin Podemos, durante la sesión de control al Gobierno Vasco el lehendakari fue tajante: «Es falso que se haya producido un sobrecoste millonario para las familias» a raíz del pacto entre las empresas adjudicatarias de este servicio para acordar precios destapado y multado por la Autoridad Vasca de la Competencia.

Desde Ehige insisten en que «el servicio de comedor lo asumimos la Administración y las familias. Pero no solo es el tema económico el que nos preocupa. Todo este asunto ha afectado también a la calidad del servicio porque no ha habido competencia real entre las empresas que se presentaban al concurso».

Tanto la Autoridad Vasca de la Competencia, en febrero de 2016, como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han constatado que siete empresas de catering escolar se habían unido para repartirse contratos entre 2003 y 2015.

Tras una denuncia de una empresa de la competencia, Aibak, la AVC resolvió establecer una multa de 18 millones de euros por repartirse el servicio de menús tras computar en 80 millones de euros la cantidad que habría gastado de más el Gobierno Vasco a lo largo de once años, debido al sobreprecio fijado por las adjudicatarias: Auzolagun, Magui, Goñi, Eurest, Gastronomía Vasca, Gastronomía Cantábrica y Tamar Las Arenas. Estas firmas recurrieron la multa al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que acabó condenando sus actos pero les rebajó la sanción en un 60%. La multa impuesta por el TSJPV a estas últimas cuatro empresas asciende a 4,4 millones de euros, a las cuales el Supremo ha inadmitido su recurso, con lo que la sentencia es firme. Las otras tres empresas (Auzolagun, Magui y Goñi), a quienes se les rebajó la sanción a 2,9 millones de euros, están pendientes decisión del Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco entendió que existió un pacto entre ellas y consideró que fue posible gracias a la falta de «reacción, indagación, consulta o prevención» del Gobierno Vasco.

En esta línea, el portavoz de Elkarrekin Podemos también acusó de «inacción» al gabinete Urkullu en su comparecencia parlamentaria de ayer y recalcó que «es evidente que existen en este caso responsabilidades políticas y administrativas que deben ser asumidas». El lehendakari recordó que desde el año 2000 se han sucedido las contrataciones y «los diferentes gobiernos han obrado con absoluto respeto a los principios de contratación pública». Así lo avalan, dijo, todos los informes jurídicos, económicos y técnicos. También explicó que en el año 2013, primero de la anterior legislatura y antes de finalizar la vigencia del contrato 2011-2014, el Departamento de Educación acometió la elaboración de unos pliegos más exigentes para la contratación del servicio de comidas escolares. «Estas decisiones se tomaron de manera previa a la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia. Está claro que hemos adoptado medidas», señaló.

Explican desde Ehige Gurasoen Elkartea que diariamente usan los comedores escolares de la red pública vasca más de 90.000 niños y creen desde esta asociación que ese dinero procedente de las multas hay que invertirlo en los propios comedores, en las infraestructuras, en la calidad y en la formación del personal. «En definitiva, cambiando el modelo actual por uno más sostenible que responda a las necesidades de las comunidades escolares», dice Imaz.

Las desavenencias económicas que mostraron en el día de ayer el lehendakari y Ehige son más profundas que lo que pueden mostrar sus genéricas declaraciones sobre este tema. Ambas partes mostraron diferentes caras de una misma moneda. Es decir, mientras Urkullu insistía en las bondades presupuestarias que se otorgan al servicio desde el Gobierno Vasco, la Asociación de Padres de Alumnos de la escuela pública vasca hablaban de reducción.

«Las familias no han perdido nada», dijo el lehendakari en el Parlamanto Vasco. Recordó con esta aseveración que desde 2012, «con el anterior contrario y los actuales», las cuotas no se han alterado y son de 4,60 euros por comensal en caso de que se queden en el comedor cuatro o cinco días por semana, «es decir, un precio muy por debajo del coste real del servicio». Además recordó que este año el Gobierno Vasco destina a este servicio 26 millones de euros.

La valoración que realiza Ehige no transita por la misma senda. «Desde el curso 2011-2012 al actual el presupuesto de la licitación del servicio, la aportación del Departamento más el de las familias, se ha reducido en 5 millones. Ha pasado de 95 millones y medio a 90 millones y medio, pero esa reducción del coste no se ha trasladado a la cuota de las familias», resume la coordinadora de la asociación.

Más allá de los aspectos presupuestarios, a los componentes de Ehige Gurasoen Elkartea, que engloba a más de 500 AMPAs confederadas de toda la CAV e Iparralde, les inquieta sobremanera como pueden afectar las sanciones en el servicio que se ofrece en los comedores. «Sí nos preocupa que las multas impuestas redunden en la calidad del servicio que ofrecen en los comedores escolares porque estas empresas sancionadas son las que siguen gestionando los servicios», aclara Imaz. Cree que es urgente cambiar el modelo y que el Gobierno Vasco «realmente» vigile la calidad y el servicio que prestan las empresas adjudicatarias de forma eficiente, «no como hasta ahora, tal y como ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco».

Reconocen desde Ehige que han valorado denunciar a las empresas que formaron el cártel de los comedores «pero quien debe hacerlo es el Gobierno Vasco al ser quien ha contratado el servicio». Por último, sobre la próxima puesta en marcha en el Parlamento Vasco de una comisión de investigación que «investigue el porqué de estos hechos», desde la Asociación de Padres de Alumnos de la escuela pública vasca desean que sea realmente efectiva «y no quede en un rifi-rafe entre los partidos políticos».