Euskadi debe invertir el doble en políticas de natalidad para converger con Europa

Las 16 semanas de permiso de paternidad para acercarse al sueño nórdico han dejado de ser un objeto de deseo para los hombres y mujeres de Euskadi. El Gobierno Vasco, con una medida insólita en el Estado, ha dado un paso al frente esta semana para avanzar hacia ese modelo de protección de la familia y de cuidados igualitarios que tanta envidia sigue suscitando, la de los países socialmente más avanzados. Copiar a Europa en las medidas de apoyo a la natalidad pasa por promover permisos parentales igualitarios e intransferibles -que sea el padre el que se quede solo frente al cuidado del hijo, y no solo compartir el permiso junto a su mujer-. Pero también hay que mirar la fotografía al completo, donde tienen un peso central las ayudas directas y, casi en todos los casos, universales, a las familias con hijos en países como Alemania o Francia, y por supuesto, en Noruega, uno de los países ‘campeones’ en el apoyo a la infancia como la mayoría del norte de Europa.

La buena noticia en Euskadi no es que los padres vascos vayan a tener 12 semanas más de permiso retribuido; el verdadero cambio es que la política de infancia ha pasado a la primera línea de las prioridades políticas. La preocupación por la natalidad y por la situación de las familias ha figurado a la cola de la lista de los problemas sociales a los que atender en el País Vasco. Con una inversión en protección social elevada (para ayudas contra la exclusión como la Renta de Garantía de Ingresos, servicios y recursos para personas mayores o las políticas de vivienda), el gasto vasco ha estado mucho menos orientado que el de los demás países de la UE a apoyar a las familias con hijos. El gasto medio de la OCDE en desgravaciones fiscales y atención infantil, además de las prestaciones, duplica al de las diferentes administraciones en Euskadi (un 2,42% frente al 1,18%), según figura en el diagnóstico recogido en el Pacto por la Infancia y la Familia, suscrito recientemente por las instituciones vascas y que aspira a ser la piedra angular sobre la que sostener el futuro modelo en Euskadi. La principal brecha, por el volumen de gasto que supone, son los permisos de paternidad y maternidad, mucho más prolongados en el resto de Europa. Y esa parte es competencia de la Seguridad Social.

Corregir el rumbo llevará años y supondrá un esfuerzo necesario de mayor inversión. Las políticas de ayuda a la infancia no pueden ser solo dar dinero, como algunas voces han reflejado en estos intensos días de debate. El apoyo económico necesita ser completado con medidas paralelas que también atañen a la empresa privada, como una mayor cultura de la conciliación en las empresas, una racionalización de horarios, o mayores servicios de atención infantil para los niños de entre 0 y 3 años, en este caso competencia de Educación. Pero los incentivos económicos, sumados a permisos parentales y para la conciliación (excedencias) favorables, tienen un peso central en los países del entorno.

La mayoría de los países de la UE, no solo los modélicos del norte, también los centroeuropeos y anglosajones, tiene desarrollados sistemas de apoyo económico a las familias, con características particulares pero con un denominador común: casi todos pagan una cantidad mensual, que varía en función del número de hijos, para intentar aliviar el coste económico que supone la crianza.

Francia, el espejo más cercano en el que mirarse, por su política de natalidad de larga tradición, ofrece un abanico de prestaciones desde el nacimiento, y una asignación por hijo a cargo a partir del segundo vástago. La ayuda oscila entre los 129 euros y los 464 euros al mes, que está condicionada al nivel de ingresos, una reforma introducida en 2015 que sembró un enorme debate en el país vecino por cuestionar el principio de universalidad. Además, existen diferentes complementos familiares y se ofrecen ayudas para la contratación de una persona cuidadora en el hogar para los niños menores de seis años, entre una larga lista de apoyos a la familia. La reforma de su política familiar vuelve a estar sobre la mesa, por unos índices de fecundidad a la baja (1,9 hijos por mujer) y un descenso de la natalidad en los tres últimos años.

Alemania se ha convertido también en un país de referencia por sus medidas de apoyo a la natalidad. El país germano concede, entre una amplia cobertura de prestaciones, una ayuda universal por hijo a cargo menor de 18 años. La cantidad para un hijo es de 192 euros al mes y aumenta a partir del tercer hijo. Las familias con pocos recursos pueden acceder a un complemento extra mensual. Estas ayudas se conceden mediante un pago directo, o bien descontándose de los impuestos.

La idea de unificar las diferentes vías por las que ahora se apoya económicamente a las familias con hijos, como es el caso de Alemania, se va a estudiar en Euskadi. El pleno monográfico sobre política familiar celebrado esta semana en el Parlamento Vasco arrancó el compromiso de que se analice, en el seno del Consejo Vasco de Finanzas, qué posibilidades hay de «armonizar» los diferentes sistemas de ayudas existentes: las deducciones fiscales para los hogares que tienen ingresos suficientes para declarar, la Renta de Garantía de Ingresos para las familias pobres, y en menor medida, las ayudas directas por nacimiento de hijo que paga el Gobierno Vasco.

De hecho, la radiografía que acompaña el Pacto por la Infancia y la Familia, suscrito recientemente por las instituciones vascas, remarca «el modelo atípico y dual» que ahora mismo existe, por cuanto se distingue a las familias por su nivel de ingreso a la hora de acudir a una u otra vía. Se trata, además, de un gasto más orientado que en otros países a las desgravaciones fiscales, que representan en torno al 40% de todo el gasto vasco, mientras que apenas alcanza el 10% en la media de los países de la OCDE, según se recoge en el citado documento. Se trata de una de las particularidades del sistema vasco de gasto en familia, junto al reducido volumen de gasto en este área en relación al PIB, remarca el informe. El Pacto apuesta por rediseñar ese modelo y avanzar hacia un sistema de ayudas más extenso y universal. La ampliación del permiso de paternidad ya ha dado el primer paso.