Un estudio del Gobierno Vasco concluye que implantar la tasa turística es competencia foral

Un estudio del Gobierno Vasco concluye que implantar la tasa turística es competencia foral

Gasco anunció ayer que al ser un impuesto «es lógico pensar que sea cada Diputación la que tenga la capacidad de ponerlo en marcha»

Estrella Vallejo
ESTRELLA VALLEJOSAN SEBASTIÁN.

El estado de 'stand-by' en el que se encuentra la implantación de la tasa turística en Eukadi podría desbloquearse próximamente. Hasta la fecha, las posturas de las administraciones autonómica, foral y local parecen ir en la misma dirección: favorables a un impuesto para compensar los gastos que surgen fruto de la llegada de turistas y cuya puesta en marcha debería ser elegida de manera independiente por cada municipio. Solo faltaba que la consejería de Turismo del Gobierno Vasco se decidiera a dar el primer paso e iniciara su tramitación. Hasta ayer.

Un estudio encargado por la cartera que dirige el consejero Alfredo Retortillo concluye que «al tratarse de un impuesto» su implantación es de competencia foral, por lo que correspondería a las Juntas Generales presentar una propuesta normativa formal. Así lo desveló ayer el delegado de Turismo del Ayuntamiento de San Sebastián, Ernesto Gasco, durante la presentación de la mesa redonda sobre sostenibilidad turística organizada por los Cursos de Verano de la UPV, en la que tomaron parte responsables municipales de Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca.

Son las últimas noticias de un impuesto que en caso de aplicarse en una cantidad de entre 1 a 3 euros, como se estipuló en otro informe municipal de hace cinco años, podría suponer unos ingresos anuales extra de entre 1,5 y 4 millones de euros, que revertirían en la ciudad de San Sebastián. Gasco señaló que «en los próximos meses podrían producirse avances» sobre esta cuestión, aunque para ello sería preciso «definir la tasa, acordarla con el sector y que cada municipio decidiera si implantarla o no».

La Hacienda guipuzcoana, por su parte, insiste en que la competencia es del Parlamento Vasco

Según el edil donostiarra, con una tasa de entre 1 y 3 euros, se «recaudaría entre 1,5 y 4 millones al año»

El Departamento vasco de Turismo ha estado tratando de explorar fórmulas que permitieran a cada territorio histórico actuar de manera independiente. El motivo no es otro que únicamente Gipuzkoa respaldaría la implantación de la ecotasa, mientras que Bizkaia o Álava no consideran oportuno, por ahora, aplicar ese plus a quienes les visitan.

No obstante, fuentes cercanas a la Hacienda guipuzcoana remarcaron ayer a este periódico que la competencia de iniciar este gravamen es «del Parlamento Vasco».

Un impuesto como el IBI

La consejería de Turismo del Gobierno Vasco encargó un estudio para que se analizara la potestad de las Juntas Generales de los tres territorios vascos para su puesta en marcha. Dicho documento, según apuntó ayer Gasco, concluye que «al tratarse de un impuesto, y por tanto de competencia fiscal, parece lógico que sea cada Diputación la que decida su aplicación, al igual que sucede con el IBI, por ejemplo».

Por lo que si las administraciones acordaran seguir adelante con las conclusiones del informe, el siguiente paso sería, según indicó el edil socialista, la presentación de una propuesta de normativa fiscal que debería ser aprobada por las Juntas Generales de Gipuzkoa para habilitar así el impuesto.

Desde el Ayuntamiento donostiarra, el alcalde Eneko Goia ya se mostró favorable a este gravamen en su intervención en las Juntas Generales de hace dos semanas. Aunque entonces ya matizó que «la nueva figura impositiva» debería ser recaudada directamente por el consistorio donostiarra, principal núcleo turístico de Gipuzkoa.

El diputado de Turismo, Denis Itxaso, por su parte, confío en su última comparecencia poder alcanzar un acuerdo sobre esta cuestión después del verano, de tal forma que «no sea el ciudadano el que, con sus impuestos, pague la limpieza o las inversiones».

El consejero de Turismo comparte la reflexión de Itxaso, así como la de dotar a cada municipio de la autonomía para decidir su implantación. No obstante, se opone al gravamen si este se aplica «con la intención de reducir el número de visitantes».

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