La espera para poder recibir la ayuda de dependencia se alarga a cuatro meses

La explicación a la mayor demora tiene que ver con cambios internos en la tramitación y con un volumen de solicitudes que crece año tras año. En concreto, y según explican desde el área que dirige la diputada Maite Peña, buena parte del retraso se achaca a la incorporación de las pruebas médicas que se obtienen por vía telemática, en lugar de que el solicitante tenga que acudir a Osakidetza, coger hora con su médico y que este le complete un informe, que luego habrá de presentar en servicios sociales. «Esto significa que el plazo de emisión de los informes de salud por parte de Osakidetza ahora pasa a formar parte del plazo total de tramitación, cosa que no ocurría hasta ahora», precisan desde el Departamento.

En teoría, el solicitante se ahorra un paso y a la larga debería redundar en una mejora de la tramitación, pero lo cierto es que la puesta en marcha del sistema ha conllevado un retrato que se está intentado corregir. El sistema se ha generalizado en toda Gipuzkoa, salvo en las organizaciones sanitarias de Bidasoa y Tolosa.

Aligerar los plazos y recuperar los tiempos anteriores no será tan sencillo como pulir ese sistema telemático. El cambio organizativo ha coincidido con un aumento de demanda de las valoraciones, acorde al mayor envejecimiento de la población y a la mayor necesidad de recursos para ser atendidos. El número de personas valoradas ha crecido hasta los 36.473, 689 más que hace un año. El colectivo que más ha demandado este derecho ha sido el de los dependientes de grado 1, los de menor nivel, y los últimos en incorporarse al sistema de la dependencia. En los grados 2 y 3 (dependientes moderados y dependientes severos) la cifra ha ido encogiéndose estos dos últimos años, no así los dependientes leves, que han crecido en un millar desde 2016.

La fotografía también hay que observarla desde un punto de vista de recursos disponibles. El Departamento ha reforzado la plantilla dedicada a la realización de valoraciones, un equipo conformado por sesenta personas (veinte son funcionarios públicos y 40 forman parte del convenio con Fundación Matía). En el último año se han incorporado dos médicos más y un trabajador social. Y está pendiente la contratación de un psicológo. Son estos perfiles profesionales los que se encargan de realizar las valoraciones a las personas dependientes en sus casas. A través de un baremo consensuado, evalúan su grado de dependencia. La contratación de personal médico no ha sido sencilla debido a la falta de profesionales, indican en el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación.

La valoración de dependencia ya arrastró en 2016 problemas de demora. La entrada al sistema de los dependientes más leves disparó la demanda de valoraciones en un 20%, un volumen que no pudo ser absorbido de la noche a la mañana y que coincidió además con cambios organizativos internos. Hace dos años, la Diputación concedía la cita en 54 días desde que se solicitaba, cuando en 2015 pasaban solo 24 días y en 2014 se necesitaban solo 18. Hoy, de nuevo, la espera se ha alargado hasta casi los tres meses (59 días), a lo que hay que sumar otro mes más hasta que se comunica el resultado de la valoración.

Esa resolución termina si la persona es dependiente y en qué grado. El cobro de la ayuda económica tiene carácter retroactivo y, por lo tanto, una vez que se recibe la luz verde administrativa al beneficiario se le abonan las mensualidades pendientes desde que solicitó la prestación, independientemente del tiempo que haya pasado entre medias.

En la actualidad, 15.488 personas en Gipuzkoa están cobrando alguna prestación por dependencia. La cifra, que ha ido in crescendo desde que entró en vigor la Ley de Dependencia en 2008, parece ahora haberse estabilizado e incluso marca en los últimos seis meses una curva a la baja. A fecha de diciembre de 2017 había 16.128 personas cobrando una de estas ayudas, y ahora son 640 menos, lo que equivale a un 4% de descenso.

El descenso de beneficiarios puede resultaron contradictorio con el incremento en el número de valoraciones de dependencia, pero lo cierto es que el examen también puede determinar que el solicitante no padece un nivel de dependencia suficiente como para ser reconocido como un grado 1, 2 o 3. 8.000 personas están calificadas con un grado 0, 500 más que hace un año, de ahí la distorsión entre la demanda de valoraciones y número real de beneficiarios de las ayudas.