Donostia exige al resto de Gipuzkoa más plazas para las personas 'sintecho'

El malestar de San Sebastián por la «concentración» de personas 'sintecho' debido a que prácticamente monopoliza todos los recursos sociales contra la exclusión de Donostialdea viene de lejos, pero la decisión extraordinario de acoger a más de cien personas que en los próximos días van a ser desalojadas del antiguo instituto de los Agustinos en Martutene va a tensar aún más la red de acogida donostiarra. Lo que ha llevado al alcalde a dar un paso al frente para tratar de «equilibrar» estos recursos entre toda la comarca.

Fuentes de Alcaldía admiten que la próxima acogida en recursos municipales de las personas que actualmente habitan en el edificio okupado de Martutene provocará que «los servicios sociales municipales deban afrontar una nueva situación de urgencia que tensionará aún más una estructura ya sometida a una intensa presión asistencial». Lo que, a juicio del gobierno municipal, «volverá a evidenciar que Donostia sostiene, casi en solitario, una carga asistencial que excede ampliamente sus competencias formales y sus capacidades materiales». Un ejemplo de ello es el último recuento de la asociación Kale Gorrian, que identificó a un total de 413 personas en situación de exclusión residencial en las calles donostiarras.

Desde Alcaldía sostienen que «Donostia es el único municipio de Gipuzkoa que mantiene una red de servicios sociales de este alcance, lo que provoca un claro efecto de demanda inducida, al concentrarse en la ciudad personas en exclusión procedentes de otros municipios que carecen de recursos equivalentes». Una situación que «ha generado un desequilibrio creciente entre la presión asistencial que soporta Donostia y la corresponsabilidad efectiva del resto de municipios de la comarca, que se desentienden de cumplir con lo que les obliga la Ley de Servicios Sociales y el Decreto de Cartera».

Ante esta situación, el Ayuntamiento donostiarra entiende que «va siendo hora de abordar este desafío desde una perspectiva comarcal, promoviendo la cooperación y el reparto responsable de los recursos entre todos los ayuntamientos de Donostialdea, para garantizar un sistema más justo, sostenible y eficiente». Para tratar de encontrar soluciones a este «desequilibrio», el alcalde Insausti quiere impulsar «un trabajo compartido y colaborativo con los municipios colindantes para establecer, junto con el resto de instituciones competentes, un sistema coordinado y equilibrado de atención a personas sin hogar y a emergencias sociales». Su propuesta aboga por crear «recursos compartidos y mecanismos de reparto territorial que eviten que la presión asistencial recaiga de manera desproporcionada sobre Donostia». Para ello convocará a los alcaldes de Errenteria, Lezo, Oiartzun, Hernani, Astigarraga, Usurbil y Pasaia a una reunión para abordar esta situación.

Este debate resurge en una semana en la que el Ayuntamiento donostiarra afronta el tremendo reto de dar acogida a las cerca de 111 personas que se calcula que pernoctan actualmente en el instituto okupado de Martutene. La orden emitida por el juez ha fijado el desalojo del edificio –que fue adquirido por la Fundación Gune y donde se proyecta un nuevo centro de FP– para este jueves, aunque desde el consistorio no quieren esperar hasta el último día y desde hoy mismo quieren empezar a encontrar un acomodo de urgencia para algunos de ellas. La idea es que la salida del edificio sea escalonada para evitar así que el desahucio previsto para este jueves provoque momentos de tensión por la previsible intervención policial.

El Ayuntamiento de Donostia, tal y como adelantó este periódico, salió el viernes al paso de la reclamación de «una alternativa habitacional» que varios colectivos exigieron para el centenar de personas que este jueves serán desalojadas del instituto okupado en Martutene. Desde el consistorio aseguran que sus servicios sociales ya venían trabajando desde hace tiempo con la mayoría de okupantes, a los que en los próximos días prevé facilitar alguno de los recursos municipales para evitar agravar más su grado de desprotección.

Aunque las redes de acogida contabilizaron la semana pasada 111 personas viviendo en el antiguo instituto, 107 varones y 4 mujeres, de entre 20 y 40 años y procedentes de países del norte de África, el Ayuntamiento tiene controlados a 84 establecidos de manera «fija» en el inmueble, y el resto sería más fluctuante. Esos 84, con los que «los servicios sociales ya venían trabajando», presentan «situaciones muy distintas», ya que entre ellos hay «estudiantes de EPA o primeros ciclos de FP», «trabajadores», gente «más vulnerable» y también quien «delinque» y/o «rechaza toda ayuda». Así, para cada uno se está diseñando «un itinerario particular» en función de «las necesidades de cada cual». Para ello se contempla tanto «recursos económicos como infraestructuras», explican desde Alcaldía. También advierten de que «a los delincuentes se les perseguirá y se pondrán a disposición de la Justicia».

Las mismas fuentes matizan que su labor está coordinada con Diputación de Gipuzkoa, pero piden mayor «corresponsabilidad» tanto de los municipios colindantes como del Gobierno Vasco. El Ayuntamiento no tiene decidido aún el recurso que habilitará para estos okupantes, aunque la primera opción sería el albergue de La Sirena.

Los ocho colectivos que el pasado viernes ofrecieron una rueda de prensa ante el instituto okupado alertaron de que el desahucio de este centenar de personas, «a las puertas del invierno», agravaría su vulnerabilidad, al tener que buscar un refugio en una ciudad con «otras más de 400 personas en situación de calle», y varios asentamientos «casi» al máximo de su capacidad.