El diseño del impuesto turístico amenaza con abrir un choque entre Donostia y el Gobierno Vasco

Cuando se cumplen cuatro meses desde que se constituyó la comisión de trabajo en la que administraciones públicas y asociaciones del sector debaten esta cuestión, las posturas no solo no se han acercado sino que amenazan con provocar un choque institucional entre el Ayuntamiento de San Sebastián, principal impulsor y valedor del canon desde hace ya más de una década, y el Gobierno Vasco, encargado de dibujar el tributo.

El debate sigue siendo el mismo. ¿Deben ser los ayuntamientos donde se encuentran los alojamientos y se supone pasan más tiempo los visitantes los receptores de esos fondos o debe ser un impuesto de ámbito autonómico que se redistribuya y beneficie a todos? La segunda pregunta en la misma línea es ¿el dinero recaudado se debe destinar a reforzar ese destino turístico concreto y financiar los mayores gastos que la presencia de turistas representa para el municipio (seguridad, limpieza, mantenimiento urbano, oficinas de atención turística...) o debe servir para mejorar la competitividad del conjunto del sector en Euskadi (formación, innovación tecnológica, posicionamiento...) y apoyar y promocionar emplazamientos, localidades o comarcas alternativas?

Como principal destino turístico de Euskadi y gran impulsora del gravamen a las pernoctaciones, Donostia defiende que debería tratarse de una tasa municipal cuyos recursos reviertan «al 100%» en el municipio, al menos en el caso de la capital.

El concejal delegado de Cultura, Euskara y Turismo, Jon Insausti (PNV), explica que una «gestión local» del turismo y de la tasa turística «permite atender de manera directa las necesidades y desafíos específicos de nuestra ciudad». Es por ello que entiende que debería ser un gravamen «finalista», esto es, destinado íntegramente al turismo, a financiar el gasto extra que los visitantes generan para las arcas municipales y a mejorar la ciudad para hacerla más atractiva turísticamente. «Hablamos de conservación del patrimonio, mantenimiento urbano, playas, transporte público, entorno natural... Lo que es bueno para el turista es bueno para los donostiarras y viceversa. Por todo ello lo recaudado por la tasa turística debería destinarse a mejorar aquellos aspectos que ponen en el centro la calidad de vida de los donostiarras, al mismo tiempo que mejoran la competitividad de la industria turística de la ciudad».

Insausti remarca que la mejor manera de combinar ambos objetivos es una tasa «de carácter municipal» recaudada por el Ayuntamiento «en su totalidad y con total autonomía para decidir el uso final de esos recursos». Esa adecuación a las necesidades particulares del municipio «no puede lograrse desde un concepto más generalista» del canon, alega.

En esa línea, el edil donostiarra remarca que una tasa local permitiría activarla solo a los municipios que lo consideren oportuno. «Desde Donostia no queremos condicionar al resto de municipios, pues la realidad turística de cada localidad es diferente. Lo que sí vemos necesario es que Donostia tiene que ser pionera en su implantación».

Frente a la visión de la capital de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco defiende que la figura jurídica no debe ser una tasa, sino un impuesto (no ligado a un servicio concreto, sino a engrosar las arcas públicas en su conjunto), y que debe servir no solo para beneficiar a los principales centros turísticos que más recaudarán, sino al conjunto de Euskadi.

En una entrevista en DV en octubre, en vísperas de que se conformase el grupo de trabajo sobre el impuesto turístico, el consejero de Turismo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado (PSE), ya anunció que defiende un gravamen autonómico cuya recaudación iría «de forma principal a los ayuntamientos, pero también a las políticas turísticas de este Gobierno».

Turismo es el departamento encargado de decidir cómo será el impuesto junto con el de Hacienda, gestionado por el PNV. Fuentes de la Hacienda vasca recuerdan que el acuerdo de Gobierno entre PNV y PSE «habla de impuesto, no de tasa», y es por tanto «a lo que nos debemos».

Ni Turismo ni Hacienda quieren entrar por ahora en un debate público con Donostia y se limitan a admitir que «hay diferentes puntos de vista» y «hay que analizar cuál es la mejor fórmula adaptada a la particular arquitectura institucional de Euskadi», donde existen los regímenes forales. Descartada la tasa, lo que analiza el Gobierno Vasco es los pros y contras de un impuesto autonómico o uno local que debería ser regulado por las Juntas Generales (los parlamentos provinciales de Gipuzkoa, Álava y Bizkaia).

La falta de acuerdo amenaza con impedir que el Gobierno Vasco presente la propuesta consensuada que pretende en el plazo previsto (marzo). Turismo aún confía en poder hacerlo el mes que viene, pero Hacienda ya habla de «a lo largo del primer semestre», lo que dificulta que el impuesto se pueda poner en práctica este año.