Gipuzkoa urge más recursos judiciales ante el maltrato

Estos juzgados se crearon por primera vez en Euskadi en 2005. Actualmente, la CAV cuenta con un total de cinco, tres en Bizkaia, uno en Gipuzkoa, -en Donostia- y otro en Álava. Asimismo, existen diez juzgados compatibles que también admiten casos de violencia de género. En Gipuzkoa son cinco, en Azpeitia, Tolosa, Irun, Eibar y Bergara.

El volumen de trabajo de estos órganos judiciales ha ido en aumento, y los profesionales admiten la falta de recursos económicos, materiales y humanos. Es por ello que el departamento firmó hace unos meses un acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el que se propone la creación de tres nuevos JVSM, uno en Donostia, otro en Eibar y otro en Bilbao.

Asimismo, el departamento ya estudia la mejora de las actuales instalaciones del único Juzgado de este tipo que existe en Donostia, como ya se ha hecho en Vitoria. El objetivo es dotar de una mayor protección a las víctimas, creando espacios para garantizar que no tengan que coincidir con sus agresores para no sufrir una victimización secundaria. Fuentes consultadas confirman que representantes del Gobierno Vasco ya han visitado las actuales instalaciones en el Palacio de Justicia de Donostia y que ya se trabaja en el rediseño de las mismas, que se llevaría a cabo antes de que finalice 2021, aunque sin fecha concreta.

Estas medidas entran dentro del objetivo de reforzar la atención a las víctimas de violencia de género, dentro de un proceso judicial duro, largo e incluso en ocasiones contrario a sus derechos. La palabra revictimización se repite una y otra vez, recordando que el horror de una mujer maltratada no termina cuando cesan los golpes, las amenazas y los insultos, sino que continúa durante el tiempo en que el tiene que demostrar lo ocurrido ante un tribunal. Así lo refleja el diagnóstico realizado por Emakunde sobre los recursos judiciales y la asistencia legal a estas mujeres en Euskadi, en el que se concluye que el sistema judicial vasco «está encaminado a garantizar los derechos de los agresores» y que «no se centra en el bienestar de la víctima».

Este diagnóstico viene recogido en el plan de actuación de violencia sobre la mujer en la CAE elaborado por el departamento de Trabajo y Justicia para el 2019-2021, y se basa en las entrevistas a 99 personas que trabajan en el ámbito de la violencia sobre la mujer dentro de la administración de Justicia vasca.

Las conclusiones generales apuntan a la falta de recursos, tanto económicos, materiales y humanos suficientes, la necesidad de capacitar y formar a profesionales en violencia machista y la existencia de «contradicciones y obstáculos» dentro del marco legal, que «inciden negativamente en la capacidad de actuar de los jueces». Aunque también observa algunas mejoras, como la asunción de la violencia de género como un problema de Derechos Humanos en el que se incorpora a los menores, la mayor concienciación entre los profesionales, la creación de nuevos operadores jurídicos y el aumento y alcance de la asistencia legal gratuita.

Eso en cuanto a las conclusiones generales, pero el análisis profundiza más allá desde diferentes perspectivas. La más dura es la que se refiere al enfoque, la cobertura y el cumplimiento del marco legal en materia de violencia sobre la mujer. Los propios trabajadores opinan que el sistema judicial está «encaminado a garantizar los derechos sobre todo de los victimarios», esto es, de los agresores. Es más, consideran que la respuesta de la Justicia «no se centra en el bienestar de la víctima», y que, aunque se han dado pasos para incorporarlo, el enfoque de género no está integrado en el sistema, por lo que las víctimas «son tratadas como testigos».

Asimismo se critica que en la práctica se condena a las mujeres víctimas cuando se producen lesiones o amenazas por ambas partes, «sin examinar la defensa propia» y que no existen mecanismos públicos eficaces de reparación.

Otro enfoque de análisis es el de los obstáculos a los que se enfrentan las víctimas en los procedimientos legales. Entre ellos aparece una de las principales demandas de muchas mujeres maltratadas, quienes no pueden recibir los avisos en caso de permisos penitenciarios o excarcelaciones de sus agresores, con el trastorno que eso genera en ellas. Otra piedra en el camino judicial es la dispensa a declarar a la que se pueden a coger las mujeres cuando existe una relación de parentesco con el acusado, ya que su silencio, muchas veces motivado por el miedo, provoca con frecuencia que el agresor sea absuelto. Y, en relación con los menores de edad, denuncian que se sigan permitiendo los regímenes de visitas entre agresores y sus hijos aunque sobre estos pese una orden de alejamiento hacia la madre, lo que resulta «peligroso e incoherente».

La evaluación también examina la situación en los juzgados que tratan temas de violencia sobre la mujer en Euskadi. Lo más evidente es la falta de personal y de espacios. Existe un «desajuste» entre los trabajadores disponibles y el nivel real de actividad que desarrollan, y reconocen la falta de capacidad para organizar salas de espera adecuadas «que garanticen la intimidad y la protección de las víctimas».

Otro problema es la necesidad de implantar nuevos juzgados exclusivos para la violencia machista, por un lado para evitar la «dispersión judicial de los casos» en juzgados que «no están pensados» para ello, pero también por el aumento de competencias en estos espacios, que ahora atienden también denuncias por quebrantamientos, delitos contra el honor, la intimidad y la propia imagen, el ciberacoso o las injurias, siempre que la víctima sea pareja o expareja del presunto agresor.

Los profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia sobre la mujer, tanto empleados de los juzgados como abogados, aseguran que habitualmente trabajan «bajo mucha presión» y que en muchas ocasiones el sistema deja en sus manos «la responsabilidad» de ser quienes garanticen la «seguridad y el bienestar de las víctimas». Reconocen que existen «carencias» en la respuesta judicial a las mujeres, que se traducen en «tratos inadecuados o incomprensión de las decisiones de las víctimas». Asimismo, critican que la formación específica en este ámbito no es un requisito para acceder a un puesto en los juzgados salvo para los jueces y juezas, y que solo los fiscales delegados en violencia reciben cursos anuales en materia de violencia de género y sus novedades.