Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios

¿El truco que hay detrás de un precio tan por debajo del mercado? La vivienda está okupada. Yno es la única en el territorio. En el portal inmobiliario Idealista, el que más referencias ofrece en España, aparecen en Gipuzkoa hasta 9 viviendas a la venta que advierten de que se trata de un «inmueble sin posesión y sin acceso al interior». También de que «las fotografías del interior y las características del activo pueden no ajustarse al estado actual».

Dentro de los filtros de búsqueda, esta web ofrece la posibilidad de limitar el rastreo a viviendas «ocupadas ilegalmente».

Además de la villa en el barrio de El Antiguo, hay otro piso en Donostia, en Egia, por 195.000 euros, y otros siete en otras tantas localidades: Irun, Errenteria, Hernani, Usurbil, Eibar, Elgoibar y Aretxabaleta. Los precios van (sin contar la villa donostiarra) desde los 66.500 euros de un apartamento en semisótano de 48 metros cuadrados en Eibar hasta los 315.000 que se piden por un piso de 173 metros en el centro de Hernani.

Salvo la casa junto al Seminario de Donostia, que oferta una agencia inmobiliaria, el resto son pisos propiedad de bancos. Siete de ellos los vende Hipoges, una empresa que comercializa viviendas propiedad de la Sareb, la entidad público-privada creada en 2012 para gestionar y vender los préstamos e inmuebles procedentes de entidades financieras que necesitaron ayudas públicas tras la crisis inmobiliaria de 2008.

El restante, el de Hernani, lo tiene a la venta Solvia, la entidad inmobiliaria creada en 2008 por Banco Sabadell pero que ahora pertenece íntegramente al grupo sueco Intrum.

Los anuncios no ocultan que la vivienda en cuestión está okupada y que no es «apta para compradores que requieran financiación hipotecaria». También que «el comprador será responsable de los trámites y gastos relacionados con la desocupación del inmueble».

Un reto en un país en el que el tiempo medio para desalojar un piso de sus moradores ilegales se sitúa entre el año y medio y los dos años, con el consiguiente coste económico para llevar adelante el proceso judicial y la incertidumbre de en qué condiciones estará la vivienda cuando el legítimo dueño sea capaz de recuperarla. En otros países equiparables a España como Francia, Alemania, Italia o Reino Unido, la desokupación se produce en pocos días tras la denuncia ya que como norma general la okupación se castiga con penas más severas y la Policía puede acudir a desalojar a los intrusos.