Concejales independientes, del PNV y de EH Bildu, ante posibles penas de cárcel

Una de las mayores diferencias entre los dos procesos judiciales abiertos por las pistas de Aralar radica en los destinatarios de las denuncias. En el primer caso fueron responsables forales. La directora foral de Montes, Arantza Ariztimuño, y el diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, ya declararon ante el juez como investigados. En breve lo hará también el presidente de la mancomunidad de Enirio-Aralar, el alcalde de Ordizia, José Miguel Santamaria. La ya larga instrucción sigue recabando pruebas.

En el caso de la pista de Enirio-Doniturrieta, se ha demandado a cargos forales, pero la denuncia también se ha interpuesto en contra de los representantes municipales de la citada mancomunidad que votaron a favor del plan de realización de pistas: concejales independientes, del PNV y de EH Bildu. Se les denuncia por «posible delito ecológico y contra la ordenación del territorio», así como por «un posible delito de prevaricación». El abogado de Eguzki, Oscar Padura, argumenta que «en el primer caso la propia Diputación actuó como promotor y esta vez el órgano promotor ha sido la mancomunidad». La decisión está en manos del juez, pero los citados delitos llevan aparejados posibles penas de cárcel.

Este hecho ha aumentado el malestar entre quienes defienden las pistas y ha provocado un movimiento de solidaridad hacia los demandados mayor que en el primer proceso abierto. El ganadero Andoni Murua explica que «nosotros detectamos unas necesidades e hicimos una petición que fue escuchada por representantes de municipios e instituciones, que pusieron en marcha un plan. Hay un trabajo conjunto detrás del proyecto y cuando se imputa a aquellos nos imputan a nosotros. Además, por opiniones no justificadas. Nos sentimos afectados», concluye.