Los camioneros califican de «fuegos artificiales» el recurso de Diputación al Constitucional por los peajes
Fenadismer considera este nuevo movimiento un nuevo capítulo de la «historia interminable» para «tratar de evitar reconocer públicamente su error y confundir a la opinión pública»
Las Juntas Generales han aprobado hoy llevar al Tribunal Constitucional el conflicto del peaje para camiones en la N-I y A-15, vigente desde 2018 y anulado por la Justicia por su carácter «discriminatorio» hacia los transportistas de paso frente a los locales por su configuración, con solo tres tramos de pago (Etzegarate, Andoain y Astigarraga). Las reacciones a la iniciativa no se han hecho esperar y los camioneros han calificado dicha decisión de meros «fuegos artificiales» con el simple objetivo de «desviar la atención para evitar reconocer públicamente su error y confundir una vez más a la opinión pública guipuzcoana».
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, considera que se trata de un nuevo capítulo de la «historia interminable» en la que se ha convertido el sistema del cobro de peajes a camiones que puso en marcha la Diputación de Guipúzcoa en 2018, y continúa exigiendo su «paralización inmediata, dando cumplimiento al Auto notificado el pasado mes de mayo, y a lo que se comprometió la Diputación de Guipúzcoa hace más de un mes, sin que hasta ahora lo haya cumplido», lo que motivó la interposición en junio de una querella criminal por parte de las asociaciones de transportistas contra la diputada de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, Aintzane Oiarbide (PNV) y Bidegi por "desobedecer las sentencias de los tribunales" al seguir cobrando el canon. Esta querella está pendiente de ser admitida o rechazada.
Asimismo, desde la asociación de camioneros y transportistas no solo achacan a la Diputación que se siga manteniendo activos los pórticos de control, sino que «sigue amenazando a día de hoy, a través de su empresa pública Bidegi, de posibles sanciones de hasta 1999 euros a aquellos transportistas que por diferentes motivos no han dado de alta algunos de sus camiones en la plataforma de cobro de los peajes, aún a sabiendas de que todo lo recaudado deben devolverlo a los miles de transportistas afectados».
El PP dice basta
El recurso de las Juntas, que ha salido adelante gracias a los votos a favor de los socios de Gobierno (PNV y PSE), ha tenido por primera vez el apoyo en contra del PP. Su portavoz, Juan Carlos Cano Aristoy, ha negado su beneplácito al recurso de amparo porque «no compartimos la judicialización de la política y, sobre todo, creemos que el Tribunal Constitucional al que ahora quieren recurrir PNV y PSE, no está para estas cosas».
Asimismo, el juntero popular ha instado a la Diputación «a abandonar su posición de prepotencia, a ser más humildes y a hacer las cosas bien, porque la justicia no cuestiona el pago por uso, para nada, lo que se cuestiona es la pequeña chapuza que han hecho».
