Archivan la denuncia sobre las relaciones sexuales en Ibaiondo entre menores y educadores

Han bastado siete meses para que la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Bergara haya decidido dar carpetazo a una denuncia que cuando se dio a conocer produjo un gran impacto social. Sin embargo, durante la fase de investigación, las pruebas que se han practicado han llevado a la juez a sobreseer de forma «provisional» las diligencias que nacieron de una denuncia que fue interpuesta el 27 de julio, en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en San Sebastián. El texto estaba firmado por Óscar Bruña, que en la fecha de los hechos actuaba en nombre propio y como portavoz de quince de los dieciséis vigilantes de la empresa encargada de la seguridad en el complejo de reclusión de menores infractores. Bruña, que junto a otros dos compañeros fue objeto de un expediente disciplinario laboral que derivó en su despido, dejó de prestar servicio en Ibaiondo.

En la denuncia, el vigilante detallaba la supuesta comisión de «delitos e infracciones administrativas», de los que, según indicó, era conocedor el director del centro, de quien además dijo que «no solo no obró conforme a la legislación», sino que «conculcó nuestro deber de informar de la comisión de dichos delitos ante las fuerzas de seguridad para su persecución o seguimiento, caso de ser judicializados».

El portavoz detalló que los hechos acontecieron entre septiembre de 2012 y marzo de 2018. Explicó que en el centro se producía un «habitual y peligroso tráfico e introducción y hallazgo de sustancias estupefacientes» y cifró en más de una treintena los casos en los que los vigilantes intervinieron estas sustancias, tanto cuando intentaban meterlas en Ibaiondo como cuando las incautaban ya dentro.

Sin embargo, lo más llamativo de la denuncia fueron las presuntas «relaciones íntimas» que mantenían los internos menores de edad y el «personal educativo». Señaló en este sentido que en los últimos cuatro años se habrían detectado al menos dos casos en los que dos educadoras habrían tenido relaciones con sendos internos.

El denunciante aseguró que las presuntas irregularidades habían sido elevadas tanto a los responsables de la empresa Delta Seguridad, a través de la persona destinada a la coordinación para los palacios de Justicia y centros de menores, como a la Dirección de Seguridad de Justicia del Gobierno Vasco y también a la directora de Trabajo y Justicia.

El contenido de lo explicitado en la denuncia produjo ya entonces incredulidad y extrañeza entre las instituciones que gestionan el centro guipuzcoano. Desde el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco dijeron desconocer que hubiesen existido relaciones entre educadores y menores y añadieron que de «haberlo sabido, habríamos actuado de inmediato», al tiempo que expresaron su disposición a colaborar con la justicia.

Los trabajadores del centro apenas tardaron también unas horas en dar respuesta a la denuncia y calificaron la imputación de «calumnia y difamación» a la vez que desmintieron de forma categórica «esta aberrante acusación».

Desde la interposición de la denuncia y al margen de la investigación puesta en marcha por el Juzgado de Bergara, el Área de Menores de la Fiscalía de Gipuzkoa llevó a cabo sus propias averiguaciones que concluyeron en que no se había quebrantado ningún derecho de los jóvenes que permanecían en la instalación.

A esta consideración se suma ahora la resolución de la jueza que ha instruido el caso y que en un auto dictado el mes pasado concluye que «no aparece suficientemente justificada la perpetración de delito alguno». Es decir, sostiene que, tras las diferentes pruebas practicadas estos meses, el contenido de la denuncia que el representante de los vigilantes interpuso ante la Policía Nacional no ha quedado demostrado. «Los hechos denunciados no revisten indicios de ilícito penal», añade.

La resolución cierra, por tanto, el caso que solo podría ser reabierto en el supuesto de que se interpusiera un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y este tribunal decidiera levantar el sobreseimiento provisional.