La constructora es la responsable del residuo hasta su tratamiento final

Una de las quejas que comparten los grupos ecologistas que han empezado a denunciar la gestión alegal de residuos de demolición y las empresas que se dedican al reciclaje de este tipo de materiales consiste en la «poca actividad fiscalizadora» por parte de la Administración. Las empresas que recogen el residuo a las constructoras que trabajan en una obra cuentan con su debida licencia para llevarse el material, pero no son controladas después para garantizar «la debida trazabilidad del residuo», es decir, a dónde y va y qué se hace con él.

Desde Mutriku Natur Taldea se subraya que la Ley de Política Agraria y Alimentaria de 2008 aún no ha tenido su despliegue en forma de reglamento, «por lo que no se pueden perseguir actuaciones que van contra la protección de la tierra que profesa la ley». Por su parte, desde los organismos que denuncian los acopios ilegales de residuos en zonas rurales se lamentan de que «falta policía medioambiental o inspectores que actúen en este campo».

Fuentes conocedoras de la legislación vigente sobre este tipo de residuos señalan que «son los productores del residuo -fundamentalmente constructoras o albañiles- los responsables del residuo hasta que éste llega a recibir el tratamiento debido, de manera que si se detectan ilegalidades por el camino, se les pedirá responsabilidades». Matizan que la ignorancia no exime de esta responsabilidad. En este sentido, la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados indica que «los residuos deberán ser sometidos a tratamiento previo a su eliminación» y recoge como infracción «el abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos».