El PP recurre el decreto de los perfiles lingüísticos porque «quiebra la igualdad»

El PP presentará en los próximos días un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para tratar de tumbar algunos de los puntos más polémicos del decreto de perfiles lingüísticos en la Administración que el Gobierno de Iñigo Urkullu aprobó en febrero. En su apelación, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, la formación conservadora denuncia que la norma «quiebra» principios de la función pública como «la igualdad, el mérito y la capacidad», sobre todo porque permitirá a las entidades convocantes «obligar» a hacer las oposiciones exclusivamente en euskera.

El artículo en cuestión es el 39, donde se autoriza a las administraciones a establecer «la realización obligatoria» de las pruebas, o alguna parte de ellas, sólo en lengua vasca. Este extremo ha sido cuestionado incluso por instituciones gobernadas por el PNV como la Diputación de Bizkaia, que en sus alegaciones pidió retirarlo porque «quebraría los principios de la función pública». También plantea sus dudas la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUAE), que advierte de «dificultades» e indica que las pruebas son «un examen técnico para demostrar la aptitud para la ejecución requerida en el puesto», no para hacer una «valoración lingüística».

Esta última es una de las argumentaciones que incorpora el PP en su recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo. «Las pruebas para acceder a un empleo público no pueden convertirse o derivar en un examen lingüístico, puesto que no se está realizando una prueba para la acreditación de nivel alguno, sino para determinar la capacidad de una persona para desempeñar las funciones o tareas que tiene asignadas el empleo o el puesto de trabajo público que es objeto de la convocatoria concreta», reza el texto, que alerta del riesgo de que los resultados de las oposiciones acaben «totalmente condicionados» por el nivel de euskera de los opositores y no por sus conocimientos técnicos.

Bajo el punto de vista de la formación presidida por Javier de Andrés, la nueva regulación del Ejecutivo autonómico «suprime de facto la capacidad o libertad de los opositores para elegir sobre la lengua en la que quieren realizar la correspondiente prueba». Una posible vulneración que, a su modo de ver, «quiebra algunos de los principios que informan el empleo público vasco, que no son otros que la igualdad, el mérito y la capacidad para acceder a un empleo». El PP también pone el foco en otros contenidos del decreto como las exigencias lingüísticas a las empresas privadas subrogadas por las administraciones públicas.