Los partidos están abocados a acordar el aplazamiento de las elecciones vascas

No obstante, el presidente del Gobierno dejó claro que la suspensión es una competencia de los presidentes autonómicos. El gallego Alberto Núñez Feijóo días atrás ya dio a entender que esta medida habría que adoptarla. La postura de Urkullu quizá se dé a conocer hoy tras la reunión que ha convocado a las 10 en Vitoria con todos los partidos políticos para tratar este tema. Ayer, preguntado por esta cuestión, el lehendakari se limitó a desear que « lo que se haga se debe realizar con garantías y de manera completamente consensuada».

La decisión sobre si los comicios se llevarán a efecto o no tiene una derivada política y otra legal. La primera podría resolverse en la reunión señalada anteriormente. Urkullu, antes de dar el paso del aplazamiento, quiere lograr, tal y como reiteró ayer, el mayor consenso. En principio, PNV y PSE se han mostrado reacios, seguramente porque consideran que la crisis sanitaria y el desastre del vertedero de Zaldibar, dos problemas de gestión compleja y máxima sensibilidad ciudadana, podría desgastarles de cara a los comicios. Además, desde la ejecutiva jeltzale se ha planteado si es conveniente que una pandemia se afronte con un gobierno en funciones y un Parlamento disuelto. Por otra parte, existen precedentes de elecciones llevadas a cabo en plena crisis sanitaria, como las municipales celebradas ayer en Francia.

El PNV, consultado ayer sobre si habían variado su postura tras las palabras de Sánchez y las limitaciones que supone el estado de alarma, indicaron que antes de dar su opinión debían escuchar los argumentos que presente Urkullu. El PSE también indicó que la postura oficial se sabrá hoy, pero fuentes del partido adelantaron que la situación «ha ido evolucionando con una escalada de los acontecimientos que recomienda ir modulando las posiciones. Nosotros acudimos a la reunión con el objetivo de alcanzar el máximo acuerdo y a ser posible la unanimidad».

EH Bildu y Equo se han mostrado desde el primer momento favorables al aplazamiento, postura que obviamente mantendrán hoy ante Urkullu, argumentando que una campaña electoral con los movimientos restringidos quedaría edulcorada. Podemos también considera que la cita electoral se debe suspender. El PP vasco se mostró ayer cauto y se limitó a señalar que acudirán a escuchar el planteamiento del lehendakari. No obstante, el posicionamiento de Casado, que ha señalado que postergar los comicios «va a ser imprescindible», deja claro el sentir de los populares.

Por tanto, tras las declaraciones de Sánchez y la «modulación» de la postura del PSE, el PNV podría quedarse solo defendiendo la convocatoria. No parece posible que los jeltzales y por ende Urkullu mantengan esta postura sin respaldo alguno, máxime cuando el estado de alarma ha confinado a la población en casa. Enrocarse en el empeño de llevar a cabo una campaña y la posterior jornada electoral en estas condiciones de limitación máxima de movimientos forzaría demasiado las costuras de lo razonable y podría pasar factura a sus promotores.

Por tanto, es más que posible que, obligados por los acontecimientos, se llegue a un consenso en favor de retrasar los comicios. No obstante, además de este acuerdo político resulta esencial encontrar cómo blindar jurídicamente la suspensión, porque existe una laguna legal respecto a la insólita situación creada por el coronavirus.

La primera cuestión a dilucidar es sobre quién recae la responsabilidad de tomar la decisión del aplazamiento. El lehendakari dejó entrever el viernes que la respuesta a esta incógnita requeriría del consenso con las juntas electorales (la central y la de Euskadi), así como con otras instituciones que pudieran verse implicadas, por ejemplo, el Gobierno central. Tras las declaraciones de Sánchez resulta claro que esta incógnita ha quedado despejada.

Pero ahí no acabarían las dificultades. También habría que determinar si las elecciones se aplazan con una fecha alternativa o se suspenden 'sine die', lo que generaría otro problema: ¿Quién decidiría la fecha electoral –legalmente, el lehendakari ya no estaría facultado para ello– o en qué momento se consideraría que ya no existe riesgo para la salud?

Urkullu ha encargado a los servicios jurídicos del Gobierno Vasco un informe para que determine quién sería la autoridad competente para firmar el aplazamiento. El propio lehendakari ha apuntado en los últimos días a la Junta Electoral como la institución que podría tomar una decisión drástica de este tipo ante una crisis sanitaria sin precedentes, pero el presidente de la Junta Electoral del País Vasco, el magistrado Juan Luis Ibarra, descartó en una entrevista en este periódico que la suspensión sea una de sus competencias.

El coronavirus ha infectado el terreno político con virulencia porque más allá de cómo responder a una crisis sanitaria, aflora una pugna descarnada por los votos. Los reproches entre PNV y EH Bildu han sido de enorme crudeza. El pasado viernes el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, publicó un duro mensaje en las redes sociales en el que vino a llamar «caradura» al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por sus últimas apariciones para presionar al Gobierno de Urkullu. A juicio del líder del PNV, Otegi está tratando de «aprovecharse» de la crisis sanitaria para minar al Ejecutivo vasco.