«La expansión imparable de la desinformación nos ha llevado a una situación de emergencia; es urgente una alfabetización digital»
El periodista y jefe de prensa del Parlamento de Navarra ha elaborado junto a 27 expertos el 'Estudio de aproximación al fenómeno de la desinformación y su incidencia en la era digital'
Josetxo Martínez Itoiz, jefe de Prensa del Parlamento de Navarra, ha liderado un exhaustivo estudio de aproximación al fenómeno de la desinformación y la incidencia de la expansión de las 'fake news' en la era digital. El informe ha contado con la participación de un panel de 27 expertos de cuatro ámbitos clave de la comunicación (periodistas, juristas, académicos y políticos) para examinar la conveniencia de una reforma regulatoria o autorregulatoria orientada a neutralizar los riesgos de la desinformación sobre la sociedad, especialmente en el sistema democrático.
- La extensión de la desinformación y de los bulos parece creciente e imparable, ¿no estamos protegidos por la ley?
- Tenemos un marco normativo europeo activo y en vigor, lo que aún falta es voluntad y capacidad de aplicarlo.
- ¿Hace falta entonces una mayor regulación?
- Toda la normativa europea aboga por la autorregulación. Sin embargo, para que sea efectiva, y este es uno de los consensos en el nuestro estudio de los cuatro ámbitos que incluimos (jurídico, académico, periodístico y político) es que la solución o el inicio de la solución pasa por categorizar las plataformas digitales como medios de comunicación, como empresas editoras para acabar con la adulteración del espacio digital y poder así sancionar el incumplimiento grave del deber de informar. Es una apuesta por una autorregulación responsable, codificada y sujeta a sanciones, para equiparar a los medios tradicionales con los digitales. Actualmente, se trata de un ámbito absolutamente desregularizado donde las grandes plataformas vemos que no tienen mayores incentivos para cumplir con la ley. La impunidad es absoluta. Desinformar, soltar bulos, difamar, etc. no tiene ningún coste para estas grandes compañías. Se busca equiparar y acabar con esa adulteración del espacio digital.
- Supongo que una gran traba es que la mayoría de estas empresas son de origen no europeo, desde estadounidenses a chinas...
- Efectivamente, sufrimos el desfase que hay entre el concepto que tenemos aquí sobre los derechos y la libertad de expresión y el que tienen en Estados Unidos, donde se considera una cuestión pública y su concepto termina siendo muy simplista, equivalente a que cualquier persona o empresa tiene derecho a hacer lo que quiera. Además, las leyes de internet de los 90, impulsadas por el boom del libre comercio, propugnaban que el mercado se autorregularía y que no hacían falta más normas. Esto ha llevado a que los medios del ámbito digital sean muchísimo más poderosos que los medios de comunicación convencionales, pero el sentido de la responsabilidad que se le presupone al modelo de comunicación tradicional no existe en el ámbito digital.
- ¿Sufrimos todos por igual los problemas que genera la manipulación de la información y la proliferación de bulos?
- Los expertos de los cuatro ámbitos que participan en este estudio coinciden en que ataca a la sociedad en su conjunto. El problema hoy no es acceder a la información, sino saber filtrar la información. Se detecta una carencia importante, todos ven una necesidad de alfabetización mediática y digital para enseñar a la población a discernir y comprender, empezando por los estratos más jóvenes, por los estudiantes, para que aprendan a filtrar información y para fomentar su espíritu crítico. Los expertos observan una sociedad pasiva y reflexiva e incapacidad de discernir.
«Hay una necesidad urgente de alfabetizar en el ámbito digital, ayudar a los ciudadanos a discernir y a comprender»
- ¿En qué datos se apoyan para llegar a estas conclusiones?
- En varios informes. Según la Unión Europea, el 85% de europeos creía en 2024 que la desinformación es un problema importante para la democracia, y el 71% reconocen que se encuentran a menudo, prácticamente a diario, con desinformación. En el ámbito estadounidense, la Asociación Americana de Psicología en 2024 indicó que el 84% de los jóvenes no están seguros de poder distinguir hechos reales de ficticios en las redes sociales. Además, el 82% de alumnos de secundaria reconoce que no sabe distinguir una noticia online de un anuncio. Esto nos lleva a una situación de emergencia, de una necesidad urgente de alfabetización.
- ¿Han constatado que este sea un problema creciente? ¿Ha empeorado con la llegada de las herramientas de inteligencia artificial generativa?
- Es creciente a nivel mundial. Es un problema muy grave, porque la desinformación termina erosionando los sistemas democráticos, su calidad. Existe consenso en que la cadena de responsabilidad debe llegar también al entorno digital, también en lo tocante al uso manipulador de la inteligencia artificial. Debe quedar claro cuándo se utiliza inteligencia artificial y en qué porcentaje.
- ¿Tienen alguna recomendación práctica para evitar caer en las redes de las 'fake news'?
- Habría que llevar estas enseñanzas primero a la educación primaria y secundaria y también, lógicamente, a las facultades de periodismo. Incluso profesores de periodismo reportan que se encuentran con alumnos que no realizan análisis críticos de las noticias, que se quedan en una superficialidad absoluta.
- ¿Y quién está detrás de estas oleadas de 'fake news'?
- La responsabilidad se reparte entre los medios de comunicación, fundamentalmente cuando se practica el periodismo militante; los responsables políticos por su tendencia a utilizar la verdad siempre subordinada a la ansiedad de poder y la legitimación de la mentira como arma política; la ciudadanía, pues se le acusa o se le tilda de pasiva e irreflexiva; y por supuesto también las grandes plataformas digitales, que son las que están interesadas en sembrar esa crisis democrática global, de la que se sirven los pseudomedios para intentar generar el caos social, los populismos.
- ¿De qué modo se benefician las compañías propietarias de las redes sociales?
- Las grandes plataformas tienen un doble beneficio: el económico que viene del comercio ilícito y falto de ética y de moral de datos personales, y por otro lado el impulso de los intereses políticos de sus propietarios. Se valen de algoritmos para orientar un poco las tendencias de lo que vemos en función de sus intereses, creando un clima de opinión favorable a sus intereses.
«La desinformación erosiona la calidad de los sistemas democráticos; hay muchos intereses detrás de los bulos»
- ¿Es la democracia, a base de erosionarla, la principal víctima?
- En efecto, al final hablamos de un problema global, lo que está en entredicho es las democracias, vivimos una erosión de la calidad de las democracias.
- ¿Y si no funciona la autorregulación?
- Hay voces en este estudio que plantean que si las grandes plataformas no se avienen a una autorregulación responsable, codificada y sujeta a sanciones quizá debería actuar directamente el Estado, porque, ¿hasta qué punto puede rehuir su obligación de regular asuntos de interés general que como la información atacan a los cimientos de la democracia? El objetivo es acabar con esa adulteración del espacio digital.
- ¿Qué papel debe cumplir el periodismo en este contexto?
- Estamos en una lucha contra el periodismo de simulación, contra el periodismo que no está basado en criterios informativos, sino políticos. También contra la utilización de la mentira como arma política, como arma de influencia en la esfera económica y en todo tipo de esferas de poder. Es un problema global hasta el punto que ya hemos vivido ejemplos de cómo las plataformas digitales ejercen un intervencionismo y adulteran procesos electorales. En ese sentido podemos hablar de erosión de los sistemas democráticos, de sus derechos y libertades. Los multimillonarios propietarios de estas plataformas han convertido esto en poder económico y en poder político.
- ¿Hasta qué punto daña todo esto al periodismo y a su labor de vigilancia del poder y garante del derecho de la información?
- La extensión de bulos y 'fake news' hace que el periodismo vaya perdiendo su función social y su credibilidad, se acentúa su crisis reputacional. Hay una falta de respaldo de algunas jefaturas informativas al trabajo valiente de los periodistas, lo que provoca un repliegue y una tendencia al periodismo declarativo, donde se pone y quita el micro sin criterio. El periodismo puede perder así su función de dar a la sociedad la oportunidad de informarle sobre asuntos de su interés para que se forme una opinión y pueda decidir.
- ¿Qué recomendaciones harían a los medios de comunicación tradicionales?
- A estos se les pide responsabilidad y ceñirse a lo que ha sido la praxis periodística tradicional de siempre. Esto implica responsabilidad a la hora de generar informaciones valiéndose de fuentes buenas, precisas, creíbles y luego comprobando el trabajo. Hay consenso en que el problema no se soluciona reformando las leyes fundamentales en las que se mueve el periodismo, el derecho de la ciudadanía a una información veraz y la libertad de expresión. No hay que tocar eso porque se teme que derive en un avance de la censura o una merma de la capacidad de los medios para controlar los poderes políticos y económicos. Sin embargo, sí se plantea modificar leyes desfasadas como el derecho de rectificación, que es una ley que data de 1984 y que sí se entiende desfasada porque estaba pensada únicamente para la prensa. También el derecho al honor, que hay quienes dicen que se utiliza en ocasiones para atacar a los periodistas, para amedrentarlos. La recomendación es responsabilidad en el trabajo individual del periodista y de los editores, para no amplificar ideas rocambolescas, mentiras, calumnias o difamaciones.
Los 27 participantes en el estudio sobre incidencia de las 'fake news'
Los participantes en el 'Estudio de aproximación al fenómeno de la desinformación (fake news) y su incidencia en la era digital' son un panel de expertos provenientes de cuatro ámbitos vinculados al sector de la comunicación: el ámbito académico, el jurídico, el político y el periodístico.
En el ámbito académico participaron:
- Ramón Salaverría Aliaga, catedrático de Periodismo (FCOM Universidad de Navarra) y coordinador del Observatorio Ibérico de Medios Digitales (Iberifer).
- Roberto Rodríguez Andrés, doctor en Periodismo (Universidad de Navarra) e Historia (La Rioja).
- Jordi Rodríguez Virgili, doctor en Comunicación, profesor de Comunicación Política y vicedecano de la Facultad de Comunicación (Universidad de Navarra).
- Ricardo Feliú Martínez, doctor en Sociología (UPNA).
- Samuel Toledano Buendía, periodista, consultor y doctor en Ciencias de la Información (Universidad La Laguna).
Del ámbito jurídico:
- Rafael Rubio Núñez, doctor en Derecho Constitucional, profesor titular y director del Grupo de Investigación sobre tecnología y democracia (UCM).
- Alejandro Torres Gutiérrez, catedrático de Derecho Constitucional (UPNA).
- Carlos Hugo Preciado Doménech, magistrado de la jurisdicción social, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, y miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
- Inés Olaizola Nogales, catedrática de Derecho Penal de la UPNA y vocal del Consejo de Navarra.
- Eduardo Santos Itoiz, consejero de Justicia y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra (2019-23), diputado de Unidas Podemos (2016-19) y secretario del Consejo de Navarra (2025-).
- Beatriz Becerra Basterrechea, vicepresidenta y cofundadora de la plataforma 'España Mejor', doctora en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, eurodiputada (UPyD) y vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (2014-19).
Ámbito político:
Sergio Sayas López, diputado del PP (2019-), parlamentario foral (2007-19) y concejal de UPN (Berriozar, 2003-11).
Adriana Maldonado López, diputada del PSOE (2023-), eurodiputada (2019-23) y secretaria de Política Europea e Internacional del PSN.
Ana Oramas González Moro, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias (2023-, Coalición Canaria), diputada en Cortes Generales (2007-23) y exalcaldesa de San Cristóbal de la Laguna (1999-2008).
- Óscar Matute García de Jalón, diputado por Vizcaya (2016-), parlamentario vasco de Ezker Batua-Berdeak (2002-09) y EH Bildu (2012-16), y actual co-portavoz de EH Bildu en el Congreso.
- Ester Capella i Farré, portavoz de ERC en el Parlament de Catalunya (2021-), consejera del Territorio (2023-24) y de Justicia de la Generalitat (2018-21), y exdiputada en el Congreso (2015-18).
- Izaskun Bilbao Barandica, presidenta del Parlamento Vasco (2005-09, con escaño desde 1998, PNV) y eurodiputada (2009-24), y vicepresidenta del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales (2014-19).
- Gloria Elizo Serrano, vicepresidenta 1ª, 3ª y 4ª durante su etapa como diputada (2016-23) y miembro de la Ejecutiva nacional de Podemos (2017-20).
Ámbito periodístico:
- Rubén León Rubio, redactor de RTVE con más de 25 años de trayectoria y Premio Lili Álvarez de Periodismo 2022.
- Natalia Junquera Añón, redactora de 'El País' desde 2006, especialista en memoria histórica y coautora de 'Chapapote'.
- Carlos Hernández Echevarría, coordinador de políticas públicas y desarrollo institucional en maldita.es, fundación de fact-checking.
- Javier Lorente Doria, director regional de Contenidos de la SER en Navarra.
- Daniel Ramírez García-Mina, redactor jefe del diario digital 'El Español' y Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés.
- Eva González Martínez, jefa del departamento de Contenidos, Información y Medios Sociales del Congreso de los Diputados.
- Daniel Cerdán Elcid, Comisionado de Transparencia de Canarias (2015-24) y director general de RTVE-Canarias (2006-17).
- Carlos Sosa, director de 'Canarias Ahora' y de la edición local de 'elDiairio.es'.
- Eric Pestano Hernández, jefe de Informativos y Programas de la Cadena Ser en Las Palmas.
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