El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes

«Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola», avanzó el presidente del Gobierno durante su intervención en una reunión del grupo parlamentario socialista, sin dar más detalles de la medida.

La letra pequeña del plan será así clave para medir el impacto de esta ayuda que, según detalló más tarde el Ministerio de Vivienda, se incluirá en el nuevo Plan Estatal de Vivienda que se desarrollará entre 2026 y 2029. En principio, solo los inquilinos en viviendas de protección oficial podrán acceder a esos 30.000 euros, que se descontarán del futuro precio de la compraventa. «Es decir, el precio abonado por las rentas del alquiler supone el pago por adelantado de la futura compraventa; y la ayuda estará destinada al pago del alquiler, lo que permitirá a la persona joven ahorrar para adquirir la vivienda en propiedad», apunta el departamento dirigido por Isabel Rodríguez.

La idea es que, al tratarse de una vivienda protegida permanentemente, el precio estará tasado y no lo puede fijar libremente el vendedor. Eso quiere decir que si en el futuro se quiere vender esa vivienda, lo tendrá que hacer a un precio tasado y a una persona que cumpla los mismos requisitos que el anterior. «De este modo, blindamos las viviendas pagadas con recursos estatales frente a la especulación», añade el ministerio.

Poco más se sabe de la propuesta en la que trabaja el Ejecutivo, pero fuentes consultadas anticipan que habrá numerosas limitaciones en la medida y que afectará a un porcentaje bajo de la población, pues la ayuda se destinaría a las casas protegidas destinadas al alquiler que, pese al reciente repunte en su construcción, sigue siendo insuficiente para afrontar el déficit estructural que arrastra el país en esta tipología.

Según datos del Ministerio de Vivienda, en 2024 se terminaron en España 14.371 casas de protección, muy por encima de las 8.847 de 2023. Pero este parqué destinado a los precios asequibles apenas supera aún el 3% del total, frente al 9% que ronda en la Unión Europea.

«Para que el alquiler con opción a compra sea una alternativa válida, se tiene dar seguridad a ambas partes, vendedores e inquilinos/futuros compradores, con contratos bien estructurados que contemplen los plazos para ejecutar la opción a compra, además de fijar un precio de compra cerrado, garantizar que se restará todo lo aportado durante los años de alquiler y que no se devolverán dichas cantidades si finalmente no se realiza la transacción«, añade Ferrán Font, director de estudios de Pisos.com.

«Será interesante saber cómo se va a articular este incentivo -si se repartirá mensualmente para hacer frente al alquiler o si se dará de una vez a la hora de formalizar la compra- y cuáles serán sus repercusiones fiscales para los beneficiarios», añade.

En todo caso, la ayuda anunciada supone recuperar un incentivo que dejó de estar presente en los planes estatales de vivienda desde 2013. Antes, sí se contemplaban subvenciones públicas para promover la vivienda de protección oficial en ese régimen de alquiler con opción a compra que básicamente implica que un inquilino pueda descontarse las rentas palabras del precio de venta, si se ejercía ese derecho.

Algunas comunidades autónomas también han presentado estos años medidas como incentivos fiscales para esta fórmula. La comunidad de Madrid, sin ir más lejos, tiene previsto resucitar la fórmula para la vivienda protegida, después de eliminarla hace ocho meses ante un giro del mercado que provocó, entre otras cosas, que en algunas zonas los precios de las viviendas libres fuese inferior al de las protegidas.

A la espera de conocer los detalles de la nueva ayuda anunciada por Sánchez, Moncloa también tiene previsto acelerar otras medidas ya anunciadas en materia de vivienda.

La más inmediata, los seguros contra el impago del alquiler de los jóvenes, y el plan de triplicar el presupuesto que se transfiere a las comunidades autónomas en política de vivienda.

En todo caso, el seguro de impago también tiene algunas limitaciones, como que solo podrán acceder los caseros que ciñan sus precios al índice de referencia de precios del Ministerio de Vivienda. Del mismo modo, quien quiera acceder a esta protección del Estado frente a posibles impagos, debe depositar la fianza legal obligatoria del alquiler. «Las rentas a las que se da cobertura es a aquellas cuyo importe mensual no supere el 50% de los ingresos netos de la unidad familiar que figura en el contrato», añaden desde Moncloa.

Otra de las propuestas para el nuevo Plan Estatal de Vivienda es la de nuevas ayudas de hasta 10.800 euros para comprar casas en zonas rurales, limitada a municipios de menos de 10.000 habitantes y que no superen el 20% del coste de compra. Este tipo de incentivos no son desconocidos en estas regiones, pues hay algunas que aplican medidas similares con el fin de atraer población a estos lugares. «El problema es que la demanda se concentra donde está el empleo, y este no abunda en el medio rural, más allá de iniciativas a pequeña escala. Para eso habría que revisar los costes de los autónomos, que son muy elevados», indican los expertos.