Urkullu defiende que las medidas fiscales adoptadas en Euskadi son las más ventajosas
Descarta una mayor bajada de impuestos, como reclama Iturgaiz,e insiste en que no se abordará una nueva reforma hasta que se estabilice la economía
El lehendakari, Iñigo Urkullu, volvió a defender ayer las medidas fiscales adoptadas por Euskadi en los últimos meses para mitigar el impacto de la elevada inflación sobre familias, autónomos y empresas, y señaló que es la comunidad autónoma en la que se ha producido un mayor «alivio fiscal».
Y lo hizo en el primer pleno de control del Parlamento de este curso en respuesta a una interpelación del líder del grupo PP+Cs, Carlos Iturgaiz, que le preguntó «cuándo pretende impulsar una rebaja de impuestos», como han hecho otras comunidades gobernadas por el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, como Madrid, Castilla y León o Galicia, y hasta la Comunidad Valenciana, gestionada por socialistas.
Urkullu puso en valor la hoja de ruta que se ha marcado Euskadi, sin entrar en la guerra fiscal que se está llevando a cabo en otras comunidades. Una batalla fiscal en la que este pasado jueves terció también el Gobierno central con un paquete de medidas en un intento de contrarrestar, sobre todo, la competencia a la baja en materia del Impuesto de Patrimonio, aunque lo complementó con otras relativas al IRPF y el Impuesto de Sociedades.
El lehendakari destaca que Euskadi es la comunidad en la que se ha producido un «mayor alivio fiscal»
El lehendakari defendió las medidas fiscales aprobadas por el Ejecutivo Vasco a finales de julio, entre las que destaca una deflactación del IRPF del 4%, que se suma a la que ya se estaba aplicando desde enero del 1,5%, con el objetivo de que los ciudadanos cuenten con más dinero en esta coyuntura. Con todo, la deflactación de los tramos tendrá una incidencia inmediata en una pequeña parte de los contribuyentes, como admiten desde la Hacienda guipuzcoana, pero llegará a todos cuando se realice la declaración el próximo año.
Entre las medidas aprobadas en julio también figura la minoración de la cuota de 200 euros a todas las declaraciones inferiores a 30.000 euros, con una reducción progresiva a las declaraciones entre 30.000 y 35.000, así como la exención de las ayudas públicas de 200 euros y la exoneración de los pagos fraccionados en el tercer y cuarto trimestre para los autónomos o para las empresas con volumen de operaciones inferior a 50 millones.
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Pero el lehendakari recordó que la semana pasada plantearon nuevas medidas, como una nueva deflactación que entrará en vigor el próximo 1 de enero. Al respecto, Iturgaiz quiso saber cuál sería la cuantía de esa deflactación, ya que defendió que hay que ayudar a las familias, autónomos y empresas a llegar a final de mes, al tiempo que acusó al lehendakari de «pasividad» en materia de rebajas fiscales. Urkullu le replicó que se consensuará y decidirá en el Consejo Vasco de Finanzas que tendrá lugar a mediados de octubre.
El lehendakari hizo gala del sistema fiscal «consensuado, progresivo y eficaz» que tiene Euskadi y que «ofrece buenos resultados», recalcó, rechazando las acusaciones de Iturgaiz de no exprimir el Concierto Económico. El presidente de los populares vascos le recriminó que este instrumento «está infrautilizado».
Urkullu señaló que en materia fiscal es recomendable mantener una senda de estabilidad y prudencia. «Nuestra mejor aportación sigue siendo garantizar la certidumbre». Eso sí, indicó que seguirán analizando la situación con atención y proponiendo medidas de alivio fiscal para las familias y las empresas, pero «siempre en un marco de estabilidad, progresividad, sostenibilidad y máximo consenso institucional y político». Y dejó claro que no se abordará una nueva reforma fiscal, que está pendiente, hasta que se estabilice la situación económica.
Montero se abre a que el nuevo impuesto a los ricos sea permanente
El impuesto a las grandes fortunas que prepara el Gobierno no es una medida de respuesta a la crisis. Al menos, no solo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió ayer que tras la decisión de aprobar esa figura subyace la intención de condicionar el debate sobre la armonización del Impuesto de Patrimonio en el marco del próximo sistema de financiación autonómica. De hecho, no cerró la puerta a que se mantenga en vigor más allá de los dos años anunciados. El gravamen dejará sin efecto las bonificaciones que, en el ejercicio de sus competencias, han aplicado sobre Patrimonio Madrid y Andalucía. Es una armonización 'de facto'. De modo que, llegado el momento de negociar, las autonomías se encontrarán con un mensaje claro del Gobierno: o recaudas tú o recaudo yo, pero impuesto habrá.
