El TSJPV recupera de forma provisional la prima de jubilación que anuló Diputación
TSJPV ·
El juez da la razón a 34 funcionarios y suspende de manera cautelar el decreto foral que eliminó el cobro del incentivo, a la espera de resolver si esta prestación es ilegal
Un total de 34 funcionarios de la Diputación de Gipuzkoa que recurrieron la supresión por el ente foral de la prima de jubilación anticipada han ... conseguido una primera pequeña victoria judicial. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha suspendido cautelarmente la eliminación de ese incentivo para fomentar las prejubilaciones y el rejuvenecimiento de las plantillas de las institucionales públicas, según el auto avanzado este miércoles en exclusiva por este periódico en su web. Una posibilidad que no parecía a priori sencilla. El juez estima que no se puede dejar de abonar esa prima a los 34 afectados antes de que se dictamine si es ilegal o no. Esgrime que en el año y medio que prevé que dure el procedimiento judicial muchos de los demandantes habrán cumplido la edad legal para cobrar esa prima, que oscila entre los 2.424 y los 40.000 euros en función de la anticipación de la prejubilación.
La medida afecta en principio exclusivamente a los 34 funcionarios que recurrieron la supresión a la justicia antes de finalizar el plazo, que acabó el 5 de octubre, y que podrían cobrar ahora la prima, a la espera de la sentencia final del alto tribunal vasco. Eso sí, para rescatar el incentivo deben presentar antes del 1 de febrero un aval bancario por el 50% de la prestación que les corresponda, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Una condición del juez para «paliar» un posible perjuicio a la Diputación en caso de que la sentencia confirmara la anulación de la prima.
La Diputación, al igual que el Ayuntamiento de San Sebastián y otros municipios como Bilbao o Vitoria, había anulado en julio las polémicas primas de prejubilación al acatar una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la prestación a un bombero del Ayuntamiento de Bilbao al considerarla «una retribución salarial ilegal» que modifica el régimen retributivo de los funcionarios y no se justifica. Estas primas estaban concebidas como un incentivo para la jubilación voluntaria, en aras al rejuvenecimiento de las plantillas de las instituciones, pero el ente foral guipuzcoano decidió anularlas al considerar que el fallo del Tribunal Supremo marcaba jurisprudencia.
«Perjuicio grave»
Al calor de las protestas de los funcionarios tras conocerse la noticia, un grupo de 34 personas decidió recurrir la anulación ante el TSJPV y pedir su suspensión cautelar. El juez estima esta última parte del recurso al considerar que «la supuesta ilegalidad no ha sido declarada judicialmente ni puede estimarse manifiesta en el incidente correspondiente a la solicitud cautelar de suspensión efectuada por los demandantes». Se agrega que el hecho de continuar abonando esta prima, mientras se decide si es legal o no, no tiene por qué suponer «perjuicio grave al interés público».
La decisión de la cautelar desvelada ayer se adoptó el pasado 13 de diciembre por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV, y en principio no tiene carácter general sino que afecta exclusivamente a los 34 demandantes. El resto, según precisan fuentes de Diputación, no podrían ahora percibir el dinero ya que no presentaron el recurso en plazo y solo recuperarían su derecho a la prima en caso de una futura sentencia favorable a mantener este incentivo.
De las 1.800 personas que componen la plantilla de la Diputación, un total de 459 funcionarios (un 25%) optarían a la prima de jubilación anticipada en los próximos cinco años al haber cumplido los 63 años mínimos establecidos. 87 de ellos han cumplido esa edad en 2022, 92 lo harán este año y 94 el próximo. En 2025 serían otros 92 y un total de 94 para 2026. Las primas de jubilación anticipada se regulan en la Ley de Función Pública de 1989. Su cuantía corresponde a un número de pagas en función de los trimestres que faltan hasta alcanzar la jubilación.
Paralelamente, los sindicatos ELA, CC OO y LAB también han presentado recursos contra la eliminación de este incentivo, aunque en su caso es una reclamación general que afectaría a toda la plantilla. ELA anunció precisamente este miércoles que el Juzgado de lo Social de Bilbao ha declarado nula la decisión de la Diputación de Bizkaia de quitar las primas de jubilación y de incapacidad permanente total a las trabajadoras del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS).
El ente foral acata el auto pero se muestra «sorprendido»
La Diputación Foral de Gipuzkoa se pronunció este miércoles por la tarde sobre el auto judicial y no ocultó que se muestra muy «sorprendida ante la decisión del TSJPV, aunque la respeta y acata». El ente foral se aferra a que el Tribunal Supremo estableció el criterio de que las primas de jubilación «no son medidas de apoyo adoptadas en el ámbito de la acción social, sino retribuciones distintas a las previstas por la legislación básica estatal para las personas funcionarias de las entidades locales». Por tanto, según el Tribunal Supremo, modifican el régimen retributivo del personal funcionario de las entidades locales, careciendo de cobertura legal y justificación.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
