Lanbide sigue sufragando la RGI de 20.000 vascos que cobrarían el ingreso mínimo

En el Estado es la Seguridad Social la encargada de tramitar esta prestación y en el caso de Euskadi quedó en manos de Lanbide, ya que el servicio vasco de empleo la gestionará tras el acuerdo alcanzado el pasado 27 de mayo entre el PNV y el Gobierno central para recibir esa competencia.

En base a esa encomienda, los actuales perceptores de la RGI vasca que tengan derecho al cobro del IMV no debían realizar ningún trámite para ello, ya que el propio Lanbide acometería de oficio la demanda. Por lo tanto, En Euskadi, las solicitudes se reducen a aquellas personas que no reciban la ayuda autonómica y que consideren que tienen derecho a la prestación estatal. En la práctica se limita a aquellos llegados a la comunidad autónoma vasca de otras zonas del Estado hace al menos un año pero que no lleven tres ejercicios empadronados, tiempo exigido para solicitar la renta vasca.

¿De cuántos beneficiarios estaríamos hablando en ambos casos? En el segundo, constan unas 9.000 solicitudes al INSS, mientras en que en el primero, fuentes del Servicio Vasco de Empleo indicaron ayer a este periódico que, a falta de conocer la cifra exacta de los perceptores de la renta de garantía que se verán favorecidos con la ayuda estatal, estiman con todas las cautelas que rondarán los 20.000, alrededor de una tercera parte de los beneficiarios actuales de la RGI -unos 54.000 ciudadanos vascos-.

¿Y cuál es la cuestión? Que Lanbide sigue abonando de momento a cuenta del erario vasco la RGI a esos 20.000 potenciales beneficiarios del IMV. ¿Por qué? Porque falta la encomienda de gestión, el instrumento jurídico que permitirá al Gobierno Vasco disponer de la competencia temporal a la espera de cerrar el pacto competencial al que se comprometieron el Gobierno de Pedro Sánchez y el PNV.

Según confirman desde Lanbide a este periódico, por parte vasca están realizados «todos los informes jurídicos de legalidad preceptivos», mientras que el convenio de colaboración entre Lanbide y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) quedó aprobado por el Consejo del Gobierno Vasco y se está a la espera de que suceda lo mismo por parte del Gobierno central. Así, Euskadi ha pedido a Madrid que «agilice» los trámites.

La última respuesta del Ministerio, confirmada ayer por DV, es que han iniciado la tramitación con los distintos departamentos y que cerrar la operación es «cuestión de días». Disponer de la encomienda de gestión permitirá también saber la cifra exacta de perceptores vascos de la RGI que se beneficiarán del IMV. Unos datos que se conseguirán después de que el INSS cruce los mismos con las Haciendas forales.

Aunque Euskadi cuenta con unas 60.000 personas en riesgo de pobreza y que no perciben ninguna prestación, según la última encuesta del Gobierno Vasco dada a conocer el año pasado, el Ejecutivo de Vitoria considera que son muy pocos los que tendrán acceso a la nueva ayuda en la medida en que la Renta de Garantía de Ingresos cubre la mayoría de las casuísticas que corresponden al IMV. El verdadero cambio para Euskadi será el económico, puesto que Lanbide se «ahorrará» una cuantía importante que ahora dedica a la RGI y que podrá destinar a políticas de empleo o programas sociales, entre otros.

Los posibles perceptores del IMV tienen tres meses de plazo para solicitar la ayuda, desde el pasado 15 de junio hasta el 15 de septiembre, aunque se abonará con carácter retroactivo al pasado 1 de junio. Los demandantes pueden solicitar la nueva prestación bien pidiendo cita previa en Lanbide o por vía telemática, en el propio Servicio Vasco de Empleo, o a través de la web del INSS, donde no se requiere la firma digital, lo que facilita los trámites. Alrededor de 9.000 vascos han realizado la solicitud para cobrar la ayuda, 919 a través de Lanbide y cerca de 8.000 en el INSS.

Esta ayuda estatal que nació con el objetivo de paliar situaciones de carencia absoluta de recursos, oscila entre los 461,5 euros para un adulto que viva solo y los 1.015 euros para hogares de cinco miembros. En el caso de la RGI, el importe mínimo varía desde los 693,73 euros para un adulto que viva solo hasta los 1.035,86 para la familia compuesta por un adulto y tres hijos.

De la decena de casuísticas vitales que ambas prestaciones contemplan según el número de solicitantes y los hijos a cargo, en todas salvo en una el importe que aporta la RGI es superior al IMV. Únicamente en las familias compuestas por dos adultos y tres hijos o más -es decir, en las familias numerosas- la aportación estatal es ligeramente superior.