Euskadi asumirá antes de fin de año el traspaso de las prestaciones de desempleo

Este acuerdo da un balón de oxígeno al Gobierno Vasco y al PNV, que apremiaba a Pedro Sánchez a avanzar en los traspasos para mantener su apoyo al Ejecutivo central y facilitar los presupuestos del año que viene. El pacto permitirá que antes de que finalice este ejercicio, cuando se materialice el pacto, sea Lanbide quien gestione los pagos de las prestaciones por desempleo y también las del subsidio. Una competencia que en estos momentos está en manos del SEPE (Servicio Estatal de Empleo).

El traspaso afecta a los medios materiales y personales que tiene el SEPE en Euskadi, lo que supone 30 oficinas (12 en Gipuzkoa, 15 en Bizkaia y 3 en Araba) en las que trabajan 534 personas. En total las personas beneficiarias por las prestaciones y el subsidio de desempleo ascienden a 51.000, según los datos de cierre de 2024.

En la prestación y subsidio de desempleo se traspasan a Euskadi las funciones que lleva a cabo el SEPE y también el Instituto Social de la Marina en cuanto a la gestión por prestación, lo que incluye la tramitación, el reconocimiento, pago, inspección, control y potestad sancionadora.

En concreto, la prestación por desempleo contributiva protege a quienes pierden su empleo de forma temporal o definitiva o ven reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo entre un 10% y un 70%. En 2024 fueron 31.000 las personas beneficiarias de estas prestaciones.

En lo que respecta al subsidio por desempleo, son 20.000 las personas perceptoras el pasado ejercicio en Euskadi. En este caso lo reciben aquellos que han agotado la prestación contributiva, no han cotizado lo suficiente para dicha prestación, los mayores de 52 años, las víctimas de violencia de género o sexual, emigrantes retornados y los beneficiarios de renta agraria.

El acuerdo deja claro que en ambos casos se respeta el modelo unitario y la caja única del Sistema de la Seguridad Social. Esta es una línea roja que no está dispuesto a traspasar el Gobierno central y aunque está entre las aspiraciones del Gobierno Vasco, por ahora es una cuestión que ha quedado aparcada entre las veintena de transferencias pendientes que pretende completar de aquí a final de año.

Y es el recelo de una posible ruptura de la caja única lo que ha ido ralentizando el traspaso de las competencias relacionadas con la Seguridad Social. Pero la presión ejercida por el Gobierno de Pradales en las últimas semanas –además tanto el PNV como EH Bildu se arrogan ser los artífices de este acuerdo– ha permitido que las reticencias que había en julio por parte del ministerio de Yolanda Díaz para el traspaso de las prestaciones contributivas de desempleo se hayan diluido y haya permitido finalmente este traspaso.

En cualquier caso, la transferencia acordada ayer no se pronuncia sobre la asunción de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Esta es una de las cuestiones pendientes sobre la que hay un compromiso entre ambos Gobiernos para llegar a un acuerdo, pero cuya materialización será muy complicada por ser la más delicada de los diferentes bloques de la transferencia de la Seguridad Social.

Comisión mixta

El acuerdo alcanzado ayer se materializará en una Comisión Mixta de Transferencias que se celebrará antes de que finalice el año. Todo apunta a que la fórmula supondrá que Lanbide abone las prestaciones y que luego el Gobierno Vasco repercuta ese dinero al Ejecutivo central.

Eso sí, la consejería de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, dirigida por María Ubarretxena, explica que habrá una solución transitoria en tanto no se proceda al convenio que ordene dicha gestión, que consiste en la transferencia por la Tesorería General de la Seguridad Social del importe abonado por dichas prestaciones por parte del órgano responsable de la CAV.

Tras el acuerdo alcanzado ayer entre Maria Ubarretxena y el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, la consejera se mostró exultante. Destacó la relevancia del mismo al señalar que «supone un hito. Cerramos el círculo y desde Euskadi nos haremos cargo no sólo de las políticas activas, que asumió en 2011, sino también de las políticas pasivas de empleo correspondientes del bloque de la Seguridad Social en los términos que recogía el Estatuto de Gernika en 1979».

Añadió que «además del paso que hemos dado hoy, podemos decir que empezamos a ver la luz al final del túnel después de 46 años de incumplimiento del Estatuto». Ubarretxena reiteró que el Gobierno Vasco remitirá a principios de octubre al Ejecutivo central una propuesta detallada para completar el calendario de compromisos.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, destacó que se trata de un acuerdo de «gran valor político. Ampliamos nuestro autogobierno con una herramienta más al servicio del bienestar de los vascos». En la misma línea se pronunció la portavoz del grupo jeltzale en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, quien indicó que supone «un gran paso».