El Gobierno Vasco cierra la puerta a debatir un SMI propio en el Parlamento

El Gobierno Vasco se opondrá a su tramitación, según anunció ayer el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Una postura que da un paso más a lo anunciado la víspera por el Euskadi Buru Batzar de que se oponía a la ILP, una medida compartida también por su socio del Ejecutivo, el PSE.

La negativa del Gobierno Vasco se produce apenas unas semanas después de que hiciera lo mismo con la ILP presentada por los pensionistas vascos para que el Ejecutivo de Pradales complementara las pensiones más bajas hasta el Salario Mínimo. Una propuesta que también contaba con el apoyo de 100.000 firmas.

El Gobierno Vasco está obligado a emitir un criterio cuando se plantea una ILP. En este caso la propuesta de los sindicatos pretende que el Parlamento Vasco apruebe el compromiso de los partidos de presionar en el Congreso de los Diputados un cambio en el Estatuto de los Trabajadores y lograr así que Euskadi tenga competencias propias para fijar el salario mínimo, ahora exclusiva del Estado y que está fijado en 1.184 euros por catorce pagas.

El Ejecutivo vasco explica que su decisión se apoya en razones jurídicas, de oportunidad y políticas, y que se adopta desde una postura de respeto y reconocimiento al debate social que ha suscitado la propuesta.

El Gobierno Vasco subraya que la ILP va más allá de una mera modificación legal. «En realidad, plantea una delegación de competencias que excede el marco jurídico actual, dado que la fijación del SMI es una competencia exclusiva del Estado, según establece el artículo 149 de la Constitución Española y el Estatuto de los Trabajadores».

Por tanto, añade que cualquier cambio en este ámbito requeriría una reforma profunda de carácter orgánico o de ley marco, que afectaría al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas.

Defiende que «este tipo de reformas exige un debate, con amplios consensos políticos y sociales, y no puede canalizarse únicamente a través de una iniciativa legislativa popular». Del mismo modo, el Ejecutivo vasco considera que «una propuesta de esta naturaleza requiere un análisis técnico previo y exhaustivo, que valore las consecuencias económicas, jurídicas y sociales de establecer salarios mínimos diferenciados por territorio».

Por todo ello, aboga por canalizarlo a través de la negociación colectiva. Torres hizo un llamamiento ayer nuevamente a los agentes sociales a que se sienten a «dialogar, negociar y, si es posible, a que se acerquen al acuerdo».

Una vía, en cualquier caso, que también parece cerrada, ya que Confebask se ha negado en dos ocasiones a negociar un salario mínimo interprofesional en el Consejo de Relaciones Laborales a instancias de todos los sindicatos vascos. Hoy tiene otra cita en el organismo sociolaboral en un acto de conciliación promovido por las centrales nacionalistas, como paso previo, en caso de que se niegue a negociar, de presentar una demanda judicial. La patronal vasca acudirá a la cita, como ha confirmado a este periódico, pero sin desvelar nada más.

Confebask se abre a hacerlo en la Mesa de Diálogo Social, donde no están ni ELA ni LAB, pero condicionado a abordar otras cuestiones como el absentismo.

Ambas centrales se mostraron ayer muy críticas con el Gobierno Vasco. ELA acusó al ejecutivo de «renunciar al autogobierno y mostrar una deriva antidemocrática». Asimismo, aseguró que dicha decisión política coloca al PNV «en el mismo espacio centralista que PSE, PP, CC OO, UGT y Confebask». LAB va en la misma línea y apunta que Confebask y el Gobierno Vasco han rechazado la participación del ejecutivo en el acto de conciliación. Los dos sindicatos anuncian movilizaciones. Por su parte, CC OOinsta a Confebask a abrir ya la negociación de un salario mínimo de negociación colectiva en el marco de un acuerdo interprofesional. También defiende que la ILP sea debatida en el Parlamento Vasco, pese a no haberla promovido.