El Gobierno plantea una subida del 10% hasta 2028 que afecta a 163.000 funcionarios vascos

El Ministerio de Función Pública accedió a sentarse con los sindicatos tras la amenaza de convocar una huelga general para diciembre.

Lo que se negocia en Madrid afecta a los empleados públicos que hay en Euskadi, ya que el Gobierno Vasco asegura que se trata de una normativa básica y que en consecuencia tiene que aplicarla. Una interpretación con la que no están de acuerdo los sindicatos nacionalistas, que entienden que las condiciones de los empleados públicos vascos deben decidirse en Euskadi, entre ellas, los salarios y las tasas de reposición.

Por lo tanto, los empleados públicos vascos tienen también pendiente la actualización de sus salarios este año, que estará supeditado al acuerdo que se llegue en Madrid entre el Gobierno y los sindicatos. Para el próximo año tiene contemplado en los presupuestos una subida del 2,5%, pero dependerá también en última instancia de ese pacto. En cualquier caso, los sindicatos vascos reclaman subidas que estén por encima del IPC para los próximos cuatro años para intentar recuperar parte del poder adquisitivo perdido desde 2010.

Los sindicatos de ámbito estatal también consideran la subida propuesta ayer «del todo inaceptable». «Supone un insulto a las empleadas y empleados públicos», criticó CC OO, que, en un duro comunicado, acusó al Ejecutivo de «olvidarse» de los funcionarios y abocarles a «no llegar a fin de mes». De igual manera, CSIF y UGT, también rechazaron en bloque esta oferta ya que –recalcaron– supondría un nuevo recorte de poder adquisitivo para más de tres millones de trabajadores.

Más específicamente, el Ejecutivo plantea repartir esta subida fija del 10% –no se ha hablado nada del variable que sí se incorporó en el anterior– durante este año y los tres siguientes, pero no de forma equitativa, sino que pretende un alza menor que no supere el 4% entre 2025 y 2026, precisamente cuando más inflación se espera que haya, y una subida mayor, del 6% restante, para 2027 y 2028; es decir, al contrario de la evolución prevista de los precios. El argumento en el que se escuda Función Pública es que no se puede sobrepasar el techo de gasto, pero esto implicará, casi con seguridad, una pérdida de capacidad de compra, puesto que la inflación solo este año ha llegado al 3,1% hasta octubre.

El fuerte rechazo que ha provocado esta oferta en los sindicato hizo que el Gobierno diera marcha atrás y retirara la propuesta, al tiempo que convocó una nueva reunión de forma urgente para hoy.

Es más, CSIF y CC OO enarbolaron de nuevo la amenaza de seguir adelante con la huelga general prevista para el mes de diciembre, mientras UGT, que también manifestó su desacuerdo con ese 10% de subida, mostró más cautela, se escudó en el «principio de buena fe» y emplazó a esperar a ver cómo discurre hoy la negociación.

Los tres sindicatos recalcaron su línea roja: el nuevo acuerdo plurianual debe recuperar poder adquisitivo o, al menos, garantizarlo. En este sentido, CSIF señaló que desde 2022 los sueldos de más de tres millones de funcionarios se han devaluado un 8%, una pérdida que se eleva casi al 20% desde 2010, cuando se produjo la bajada salarial.