Los inmigrantes ocupan nueve de cada diez empleos creados en Gipuzkoa

Y es que con datos de la Seguridad Social de cierre del año pasado, la cifra total de afiliados creció en ese ejercicio en 3.099 personas hasta situarse en los 330.685 cotizantes en Gipuzkoa, lo que supone un ligero avance del 1% respecto al año anterior. Sin embargo, el registro de afiliados extranjeros sigue creciendo a buen ritmo, un 11% interanual, lo que supone que sumaron 2.897 cotizantes más que el año anterior hasta los 28.982. El 93% del nuevo empleado creado, nueve de cada diez puestos, es de este colectivo. Esto supone que casi nueve de cada cien afiliados guipuzcoanos (8,76%) son de origen extranjero.

En el caso de Euskadi, el incremento de la afiliación extranjera el último año ha sido del 11,42% al sumar 8.532 y alcanzar los 83.223 cotizantes. Pero en este caso la cifra total de afiliados se incrementó en 14.055 hasta las 994.077, lo que supone que las personas de origen extranjero han copado seis de cada diez empleos netos creados. Así, en el País Vasco el peso total de los trabajadores inmigrantes sobre el total es algo menor que el de Gipuzkoa, ya que se queda en el 8,37%. En una sociedad cada vez más envejecida como la nuestra y con una pirámide demográfica endiablada, sin suficiente mano de obra autóctona para poder compensar las miles y miles de personas que se jubilarán en los próximos años, el recurso a la mano de obra extranjera se hace imprescindible.

De hecho, se multiplican los llamamientos a atraer esa mano de obra, como el realizado en octubre del año pasado por Confebask, que urgía «un plan para captar inmigrantes formados a una Euskadi que envejece sin remedio». De hecho, alertaba de «un invierno demográfico» al que se enfrenta un país que debe cubrir 400.000 bajas en los próximos treinta años. En aras a facilitar la contratación de mano de obra extranjera el Gobierno central aprobó un cambio legislativo el año pasado que permite regular la situación de los extranjeros en España siempre y cuando quieran formarse o estén ya formados en profesiones particularmente deficitarias como la hostelería, donde se calcula que solo en nuestro territorio faltan medio millar de profesionales.

Pero antes de que se aprobara ese cambio en la ley, la Agencia de Desarrollo Comarcal de Oarsoaldea (Oarsoaldea Garatzen) puso en marcha el año pasado un proyecto piloto impulsado por el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, denominado 'proyecto W', que busca favorecer la regularización de personas inmigrantes en situación prelaboral.

El proyecto comenzó en julio del año pasado y tiene una duración de un año, hasta el 30 de junio de este año. El objetivo del mismo es trabajar de forma intensiva a lo largo de doce meses la inserción socio-laboral efectiva de un total de 25 personas perceptoras de RGI que se encuentren en situación administrativa previa a la regularización de un permiso de trabajo; es decir, pendientes de tener un precontrato de trabajo de un año de duración para poder iniciar la tramitación de su permiso de trabajo inicial.

Según explica el director de Empleo del Gobierno Vasco, Francisco Pedraza, el proyecto se inscribe dentro de la iniciativa del Ejecutivo vasco de revitalizar zonas desfavorecidas. Uno de estos territorios es Oarsoaldea y el objetivo es extenderlo a otras zonas del resto de territorios. El proyecto trata de facilitar la inserción en el mercado de trabajo de inmigrantes que no tienen una situación laboral administrativa regularizada y romper así el círculo vicioso en el que se hallan.

Pedraza explica que «en Euskadi las políticas activas de empleo ofrecen a este colectivo servicios de empleo, formación, orientación y se les prepara para la incorporación laboral, pero mientras no son regularizados no se les puede contratar. Pasan años y no terminan de regularizarse e integrarse. Hay que romper ese círculo y eso es lo que buscamos con este programa piloto».

Para romper ese círculo vicioso, el 'proyecto W' añade a la formación prácticas con un acompañamiento para ayudarles a su regularización. «Incluye un proceso de formación en dos periodos de 500 horas y prácticas no laborales dentro de la empresa de entre 4 y seis meses. Al mismo tiempo se va acelerando el proceso de regularización, que se lleva a cabo en dos, tres o cuatro meses como mucho, de forma que cuando termina la formación el contrato ya se puede formalizar». «En definitiva, es una formación con prácticas tutorizadas», recalca.

El objetivo de este proyecto piloto es lograr que 25 personas sean contratadas y regularizadas en este primer año en Gipuzkoa, pero se pretende extender a Álava con otro programa piloto que pretende insertar laboralmente y regularizar a otras 25 personas. En el caso de Bizkaia se pondrán en marcha dos, para llegar a 50.

«Una vez puestas en marcha estas cuatro experiencias nos permitirá evaluar si se puede extrapolar a una convocatoria más estable», señala el director de Empleo. En este proyecto piloto de Oarsoaldea, en el que se han prospeccionado setenta empresas, participan además de las firmas implicadas, la propia Lanbide, los Servicios Sociales de base, la entidad especializada en trámites y gestiones de extranjería, además de otras entidades del Tercer Sector con experiencia en intervenir con el colectivo de personas inmigrantes.