Europa amplía a 2026 el plazo para reclamar por el cártel de coches

En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a las marcas implicadas. Sin embargo, las empresas recurrieron la multa en los tribunales, lo que retrasó el proceso y generó dudas sobre cuándo empezaba realmente a contar el plazo para reclamar.

El fallo dado a conocer este jueves ofrece seguridad jurídica y da un margen adicional de tiempo para organizar las reclamaciones. Con ello, Europa busca garantizar que los afectados por el cártel de coches tengan una verdadera oportunidad de recuperar parte del dinero que nunca debieron pagar de más.

La clave de la sentencia europea está en que los consumidores no tenían información suficiente para reclamar hasta que no hubiera resoluciones judiciales firmes. Eso ocurrió en 2021, cuando se cerraron los principales recursos. Por esa razón, el TJUE entiende en el fallo conocido este jueves que el plazo de prescripción debe contarse a partir de entonces.

Con este criterio, el derecho a reclamar se extiende hasta el año 2026. Esto supone un alivio para los afectados, porque en España muchos tribunales habían interpretado que el plazo era más corto y ya estaba a punto de vencer. Ahora, con la sentencia europea, se elimina esa incertidumbre.

El caso llegó al TJUE a instancias del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza. La disputa surgió cuando un particular reclamó a Nissan en 2023 una indemnización por haber adquirido un vehículo cuyo precio se vio afectado por prácticas de intercambio de información sensible entre fabricantes, sancionadas por la CNMC.

La cuestión central era determinar si el plazo para reclamar comenzaba desde la fecha de anuncio de la sanción (septiembre de 2015) o desde la confirmación judicial de la misma en 2021. En su fallo, el TJUE subraya que corresponde al juez nacional establecer cuándo se puede considerar que la persona perjudicada tuvo conocimiento suficiente de los hechos, aunque los tribunales europeos pueden aportar orientación sobre esa determinación.

La sentencia enfatiza que apoyarse en una resolución todavía recurrida para fundamentar una reclamación supondría obstaculizar el derecho del afectado a solicitar reparación. Por ello, el TJUE concluye que la prescripción para reclamar indemnizaciones no puede comenzar antes de que la decisión sea firme, en este caso, con la ratificación del Tribunal Supremo en 2021.

Además, el fallo aclara que, para iniciar la acción por daños, no basta con que la resolución sea definitiva; también es necesario que la información clave derivada de dicha resolución se haya hecho pública de manera adecuada. En el caso concreto de Zaragoza, esto significa que el reclamante tuvo acceso a toda la información esencial para demandar a partir de la publicación de las sentencias del Supremo que confirmaron las multas impuestas por la CNMC.

El cártel de coches fue un acuerdo ilegal entre la mayoría de fabricantes que operaban en España entre 2006 y 2013. Durante ese tiempo, las marcas intercambiaron información confidencial que debía mantenerse en secreto, lo que redujo la competencia real en el mercado. En la práctica, los compradores de coches nuevos pagaron precios más altos de lo que habrían pagado en condiciones normales de competencia. Entre las marcas afectadas están, además de Nissan, Volkswagen, Seat, Audi, Skoda, Renault, Dacia, Volvo, Ford, Chrysler, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Hyundai, Mazda, BMV, Kia, Mitshubishi, Honda, Mercedes, Opel y Toyota.