La temporalidad en el sector público vasco se dispara al 34%, máximos en casi una década

La temporalidad en el sector público vasco es un problema crónico desde hace tiempo, con tasas que superan en diez puntos la media nacional y que colocan a Euskadi como la peor comunidad en este aspecto, sólo por detrás de Extremadura. Pero es que además, en el último año el porcentaje de trabajadores sin contrato estable se ha disparado al 33,4% (34,6% en el último trimestre), el más elevado desde 2008, según datos de la EPA. Es verdad que después de años de ajustes por la crisis ahora se abren esperanzas, puesto que en el presente ejercicio el País Vasco asistirá a la mayor convocatoria de oposiciones de toda su historia, con casi 6.000 plazas en juego, la mayoría en Osakidetza. Sin embargo, los sindicatos consideran esta oferta insuficiente y el objetivo pactado a nivel nacional de bajar la eventualidad al 8%, absolutamente inalcanzable.

Para entender las razones del repunte de la temporalidad en los últimos años en Euskadi es necesario analizar la evolución del empleo público durante la crisis. De acuerdo a la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de asalariados en el ámbito público no paró de crecer hasta 2012, cuando se alcanzó la suma de 146.100. Entonces se produjo el punto de inflexión. El motivo lo apunta Igor Eizagirre, responsable de la Federación de Servicios Públicos de ELA: «El cuchillo se metió desde 2011, pero el efecto se notó a partir del siguiente año. Las medidas consistieron básicamente en impedir las sustituciones, imposibilitar las OPEs e imponer tasas de reposición hasta de cero (no cubrir ni si quiera las jubilaciones)».

Este ajuste impactó de forma diferente en el colectivo de trabajadores indefinidos que en el de los eventuales. El personal con contrato estable sólo empezó a caer en 2012, debido a los límites para la reposición de los jubilados. Apenas se ha recuperado desde el pico de 107.100 que alcanzó en el citado ejercicio, tras aumentar sin descanso. En 2017 la cifra se situó en 91.900.

¿Qué ocurrió con los eventuales e interinos? Ellos notaron la crisis desde el principio y en ellos se cebó la destrucción de empleo. El recorte se empezó a evidenciar en 2009 y no paró hasta 2014, cuando el número de asalariados descendió a un mínimo de 35.600. Entonces, claro, la tasa de temporalidad se redujo hasta el 26%, pero no por una mayor estabilidad sino porque se habían eliminado muchos puestos de trabajo precarios. Nada menos que 12.000.

A partir de 2015, con la recuperación económica, se vuelve a abrir el grifo de las contrataciones y otra vez se recurre a las bolsas de trabajo para atender los servicios públicos. El trabajo temporal crece sin parar desde ese ejercicio hasta llegar a 46.100 asalariados en 2017, lo que representa el 33% del empleo público. «Es que todas las jubilaciones se han cubierto con personal temporal», señalan fuentes del Gobierno vasco, que responsabilizan a Madrid de ello, por las duras tasas de reposición impuestas.

El caso es que la temporalidad en el sector público vasco ha dibujado una 'V' en la crisis y ha retornado hasta el punto de partida, que es una tasa de inestabilidad altísima, la más elevada de toda España, sólo por detrás del 36% de Extremadura. ¿Cómo se explica tanta temporalidad en una de las comunidades de mayor renta? Hay opiniones diversas al respecto. Unos aluden a la política de ahorro de costes que lleva a medidas como contratar a profesores de septiembre a agosto y enviarles al paro en verano. Otros a los numerosos logros sociales –permisos, excedencias...– conquistados en épocas de bonanza, que dejan numerosos huecos a cubrir por los trabajadores temporales.

Ahora al menos se presenta una etapa de esperanza y oportunidades. El Gobierno central comenzó a abrir la mano en 2016, año electoral, que además estuvo marcado por las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE contra el abuso de la temporalidad en España y también contra la ausencia de indemnización para los interinos. En marzo de 2017 el Ejecutivo de Rajoy y los principales sindicatos estatales (CC OO, UGT y CSIF) acordaron poner coto a la alta interinidad y reducirla del 25% al 8% con la mayor oferta pública de empleo de la democracia. Este mismo mes han profundizado en este pacto con la ampliación de las tasas de reposición hasta el 108% en las comunidades que cumplan con la regla de déficit y deuda.

En este marco, el Gobierno vasco ha sacado ya 4.583 plazas a oposición, una cifra que se elevará a 13.500 en toda la legislatura. Pese a coincidir en que el objetivo de bajar al 8% en Euskadi es imposible, los sindicatos hacen una lectura diferente de la situación. «El acuerdo brinda la posibilidad de generar empleo público neto. Pero para eso hay que sentarse a negociar en Euskadi. En Osakidetza ya se han dado pasos y es posible que se logre bajar la temporalidad a mínimos», apunta Arantza Agote, de UGT-Euskadi. Coincide con ella Maite Garabieta, su homóloga en CC OO. «Hay que aprovechar la holgura que concede Madrid para avanzar aquí», afirma.

En el otro extremo, ELA considera que el acuerdo estatal se queda muy corto. «Hay que eliminar las tasas de reposición. Es mucho lo que hay que recuperar puesto que se ha destruido empleo, no se han repuesto las jubilaciones y la tasa de interinidad supera el 33%», apunta Eizagirre. En lo que sí que hay consenso es que el reto al que se enfrenta Euskadi es enorme.