El 98% de la red eléctrica de Gipuzkoa está saturada, lo que limita la capacidad de atraer inversiones

La cuestión es que la práctica totalidad de los nudos de la red de distribución eléctrica dependientes de Iberdrola –el operador dominante en Euskadi, responsable de la infraestructura de media y baja tensión– están ya ocupados, lo que impide conectar nueva demanda. En Bizkaia y Álava la red está colapsada al 100% y en Gipuzkoa apenas queda un 2% de capacidad libre -cuatro nudos disponibles-. Se trata de un cuello de botella aún más severo que el del conjunto de España, donde la sobreocupación también es grave y alcanza el 83,4%, y que ya afecta a 117 empresas y mantiene en barbecho 23 proyectos empresariales.

Esta alarmante saturación, trasladada esta mañana por las operadoras a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), se ha convertido en el principal argumento de las eléctricas para exigir un marco regulatorio estable que facilite las inversiones necesarias. Aelec, la patronal que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP, reclama así «un modelo retributivo coherente y estable que asegure la recupertación de las inversiones». Unas declaraciones que coinciden con el pulso abierto con el regulador por la fijación del porcentaje de retribución –una tasa que marca cuánto ganan las compañías por cada euro invertido en nuevas líneas y subestaciones–, actualmente en revisión para el periodo 2026-2031.

El problema radica en que la CNMC ha propuesto fijar este porcentaje en el 6,46%, un nivel que las eléctricas consideran insuficiente para rentabilizar sus inversiones. Reclaman elevarlo al 7,5%, en línea con otros países europeos. El propio Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ya advirtió en junio de que en España «faltan incentivos para invertir en redes» y señaló como referencia los marcos regulatorios de Estados Unidos y Reino Unido, donde el grupo concentra buena parte de sus planes de expansión.

El hecho de que las inversiones en la red eléctrica se recuperen a largo plazo a través de la factura ha derivado en un marco regulatorio muy estricto, que limita la capacidad de las compañías para ampliar la red con libertad. La normativa, aprobada en 2013, fijó un tope del 0,13% del PIB para el conjunto de las inversiones en redes de distribución. Una normativa contra la que el Gobierno Pradales también se ha levantado. El lehendakari advierte de que Euskadi no puede permitirse que un techo fijado hace más de una década, en plena austeridad, actúe hoy como un corsé para su desarrollo industrial. Reclama al Gobierno central que eleve ese límite y permita una 'discriminación positiva' en comunidades con fuerte peso productivo. Incluso ha propuesto un 'cupo energético' que habilite al Ejecutivo vasco a adelantar inversiones en redes y descontarlas después del sistema de financiación, con el fin de ganar tiempo y evitar que proyectos estratégicos queden bloqueados.

Los cálculos del Gobierno Vasco apuntan a que Euskadi necesita 6.000 megavatios adicionales de potencia –una operación que implica tanto a Iberdrola como a Red Eléctrica, responsables de suministros de gran escala– para dar oxígeno a un tejido industrial asfixiado por la ralentización europea y la guerra arancelaria de Donald Trump. La cifra supone un aumento del 50% respecto a la capacidad actual del sistema, cifrada en 12.000 MW, y refleja la magnitud del reto para una economía que depende de un suministro eléctrico estable, competitivo y descarbonizado.