«El sistema está mal diseñado, las multas por vulnerar la competencia son bajas»

– Dice usted que dirige un transatlántico «muy importante para la economía española». ¿Es más difícil mantener el rumbo y la independencia en esta marejada en la que vivimos?

– Es como el día de hoy (por ayer). Vivimos tiempos muy ventosos, muy racheados con mucha turbulencia. Y eso afecta a todos los sectores que supervisamos. La energía, las telecomunicaciones con el 5G, que se va a desplegar pero hay incremento del precio de las materias primas,... Los mercados están muy revueltos y estamos prestando mayor atención.

– ¿En tiempos de crisis hay peores comportamientos en lo que a Competencia se refiere? ¿Lo hacemos peor que otros países?

– Todo cambio es una oportunidad. Lo vimos en la pandemia, cuando pusimos en marcha el buzón Covid para que los ciudadanos nos hicieran llegar comportamientos ilícitos ligados a productos de primera necesidad. Recibimos 700 denuncias, sobre todo respecto a funerarias, servicios médicos o bancos. ¿Peor o mejor? El comportamiento colusivo está en el ADN de las personas. Adam Smith decía que cuando dos empresarios se reúnen probablemente van a hablar de algo que no deben.

– Reunión de pastores, oveja muerta pero en versión Smith...

– (Sonríe) Efectivamente. Lo que sucede en estos tiempos convulsos es que las condiciones de mercado, que están en shock, hacen más fácil que los precios se alineen al alza y se mantengan. El efecto pluma, que no acaba de bajar. Tenemos que estar mucho más vigilantes. En términos comparados en la UE creo que estamos mejor, pues un 75% de los cárteles que desmantelamos lo hacemos de oficio.

– ¿Es complicado detectarlos?

– Es muy difícil. Por eso se crean los programas de clemencia (Chicago, años 30), que remuneran al chivato incluso con la exención de la multa, aunque desde muestra óptica moral 'platónico-cristiana' nos revuelva un poco.

– ¿Y funciona la delación?

– Funciona. Pero tenemos encima de la mesa las demandas de daños de los afectados, que por fin han aprendido a reclamar daños de manera colectiva, como las de los cárteles de los coches y los camiones. Y eso implica que a la hora de delatar y autoinculparse pese quizás más el que además voy a tener que pagar daños y perjuicios, con lo que los incentivos disminuyen. Para eso tienes que ser creíble como autoridad que actúa de oficio. Por eso hemos reforzado la Unidad de Inteligencia Económica, que usa inteligencia artificial y que, por ejemplo, nos permite revisar toda la información del portal estatal de contratos públicos.

– Participa este sábado en un observatorio sobre contratación pública. ¿Los Next Generation pueden acabar convertidos en una montaña de burocracia que los haga papel mojado?

– La contratación pública es un tractor de la economía tremendo, más del 10% del PIB, y va a copar gran parte de los fondos Next Generation, que son una oportunidad histórica que no podemos perder. Todos tenemos que aprovecharlo y por lo que a mí respecta, que se aplique de la forma más eficiente posible. Que los adjudicatarios sean siempre los que más méritos tienen, y generar esa cultura de competencia a la hora de adjudicar y de hacer pliegos competitivos. Estamos realizando una importante labor de formación y hemos llegado ya a 3.000 funcionarios. Que no nos sorprendan en el futuro por algo que no hicimos bien en el pasado.

– ¿El ciudadano de a pie puede acudir a la CNMC?

– Sí. Pero, a diferencia de otras autoridades de Competencia, que también protegen al consumidor, nosotros no tenemos esa función, que la hacen comunidades autónomas o el ministerio de Consumo. Pero si observan indicios de colusión nos puede advertir. El típico caso de pedir tres presupuestos para arreglar el ascensor y que los tres sean casi idénticos. Eso puede servir de mucho.

– Entiendo que la energía es el ámbito que más trabajo les da hoy. ¿Está preparada la CNMC para atender semejante lío?

– Es muy complicado. Supervisar un mercado que ya tiene sus retos, como la transición energética o la descarbonización, y buscar un mercado único europeo es ya de por sí complejo. Esa es nuestra función propia. Y en momentos como éste nos caen funciones adicionales de naturaleza coyuntural, y ahí, déjeme que cite a Jean Tirole (Premio Nobel de Economía de este año) que recientemente se preguntaba si a través de la Competencia tenemos que integrar otros objetivos como el Medio Ambiente o sociales. Y decía: «Mucho cuidado con la afición que tienen los Gobiernos de encargar a las agencias independientes de supervisión miles de tareas que no son propias de su función». En escenarios de crisis arrimamos el hombro y si hace falta supervisamos los 20 céntimos y lo que sea, pero eso no puede impedirnos hacer bien nuestra función. Perdemos fuelle haciendo otras cosas. Por ejemplo, las liquidaciones energéticas, que son miles de millones, las hacemos transitoriamente nosotros pero le competen al Ministerio. Necesitamos más medios, que debieran ser inmediatos para esas otras cosas y no lo están siendo. A medio y largo, nuestros gobernantes han de saber que tenemos que centrarnos en nuestra tarea. No estamos para verificar si determinados impuestos se trasladan o no al consumidor.

– ¿Han detectado mucha 'trampa' en el mundo energético?

– En los veinte céntimos, que hacemos un seguimiento en tiempo real de más de 12.000 gasolineras, vemos que la rebaja se traslada al precio final. En el tope del gas, estamos todavía investigando cómo funciona; sé que se están haciendo requerimientos para que corrijan si no lo aplican correctamente.

– ¿Detectan muchas pegas para pasar del mercado libre del gas a la tarifa regulada, la TUR?

– Hay problemas, pero en septiembre surgieron 27.000 peticiones de consumidores para ese cambio. Y desde entonces, cada semana son 8.000 más. A finales de septiembre había unos 1,58 millones de clientes en tarifa regulada. Si tienes dimensionado tu servicio al cliente para cientos de llamadas al mes, como mucho, imagínese... El cuello de botella existe, pero para descartar otras cosas hemos abierto un expediente informativo, que no es sancionador. Eso nos permite preguntar a las empresas qué está sucediendo. Aún hay plazo de respuesta.

– ¿Y qué les dicen?

– De todo. Sistemas informáticos desbordados, bloqueos de páginas web... Tenemos que verificar que al final se produzca esa transición y, por cierto, y esto ha de quedar claro, sin que le cobren al consumidor dentro de la TUR ningún servicio adicional. Si le venden un mantenimiento, que no tiene porqué aceptar, se ha de facturar aparte. Vamos a vigilar esto muy de cerca. Una cosa muy importante, y el consumidor lo ha de saber, es que la CNMC tiene un comparador de tarifas, también en el mercado de la electricidad, que le permite verificar su propio consumo. Hasta se puede ver cuánto te pueden aplicar por el mecanismo ibérico. En estos tiempos de incertidumbre regulatoria absoluta al menos sí se puede ver cómo está el mercado y si hay algo mejor.

– En los últimos meses han desaparecido muchas pequeñas comercializadoras eléctricas...

– Eso nos preocupa mucho y se lo hemos trasladado al Ministerio para que acelere las subastas de energía inframarginal. Hemos hecho todo lo posible para que no se asfixiaran financieramente con, por ejemplo, en lo relativo a las coberturas y garantías a las que están obligadas entre que compran y cobran la energía, que tienen plazos largos y los hemos acortado. La comercialización se está convirtiendo en una actividad de riesgo y no había quien les financiara.

– Independientemente de lo que haga Putin, ¿Hay que cambiar el mercado marginalista?

– Hoy no es la mejor estructura. Tenía sentido para fomentar la inversión en renovables, pero mientras no tengamos esa automomía vamos a depender del último megavatio generado, que cuando no hay viento, sol o agua lo da el gas. En la UE se están planteando muchas cosas, como la compra conjunta. En esta crisis energética, si lo hacemos bien, Europa puede salir reforzada con un mercado interior, aunque si no tenemos buenas interconexiones eso no puede funcionar.

– Va para largo, entonces...

– Ahí estamos.

– ¿Por qué las consultoras multadas por la CNMC por formar un cártel siguen contratando con las administraciones vascas?

– Porque la prohibición de contratar sigue suspendida al haber sido recurrida la resolución. Internamente estamos reflexionando sobre la posibilidad de determinar directamente el alcance y duración de la prohibición de contratar, que hoy concreta la Junta de Contratación. Se podría recurrir igual, pero con la ventaja de que se podría levantar si la empresa demuestra que ha tomado todas las medidas necesarias para que esa conducta no vuelva a darse.

– Da la sensación de que sus sanciones son reducidas para las conductas que reprueban o de que nunca terminan de hacerse efectivas...

– Estoy totalmente de acuerdo en que las multas son bajas. Nuestro sistema está mal diseñado y en ocasiones las multas pueden no ser suficientemente disuasorias. La ley fija que el máximo de sanción a una empresa es el 10% de la facturación del año anterior. Imagine un cártel que ha durado veinte años subiendo de media cada año un 10% los precios. Si no, ¿para qué haces un cártel? ¿Diez por ciento por veinte años y solo te puedo poner una multa del 10% de un año? Claramente insuficiente. Sale a cuenta. Hay que hacer una reflexión. Nosotros complementamos la sanción con la prohibición de contratar, que es disuasorio, y con las multas a los directivos, que es algo que Bruselas no tiene y nos envidia. Son de hasta 60.000 euros. Hemos pedido que en la revisión de nuestra ley, que está parada en el Congreso, se aumente hasta 400.000 euros. Hay quien se escandaliza ante una sanción de 40 millones, pero tienes que ver que has alterado las condiciones del mercado, cargando sobreprecios y perjudicando al consumidor. Es muy dañino para la economía. También es verdad que en España se recurre absolutamente todo y esto se alarga y se alarga. La percepción es que si pierdes en primera instancia la CNMC pierde todo, pero no es así. Ganamos muchos recursos. En otros países de la Unión hay sanción criminal, y la gente va a la cárcel.

– ¿Hay que replicarlo aquí?

– Yo solo hago una reflexión. La multa la acaba pagando el accionista o el consumidor en el peor de los casos. No me pronuncio sobre lo que es más adecuado.

– Pero lo saca a colación.

– Creo que hay conductas contra la competencia que entran en algunos de nuestros tipos penales. Tenemos que modificar nuestra legislación para adaptarla a la europea en lo relativo a la protección penal en los casos de clemencia.

– El BCE cree que el impuesto a la banca lo acabará pagando el cliente. ¿Puede afectar también a la libre competencia?

– Puede acabar afectando si los parámetros sobre los que se aplique no son comparables. Dependiendo de si las estructuras de costes de unos y otros no son similares.

– ¿Se pueden limitar los precios de los alimentos básicos?

– ¿Quién?

– El Gobierno.

– En la pandemia se limitó el precio de las mascarillas, y en aquel momento dijimos que ante un shock de oferta en un producto de primera necesidad se podía aceptar por un tiempo limitado, pero la literatura económica demuestra que cuando se interviene un precio se alinean los precios al alza y se mantienen.